La transparencia a medias de los secretarios de Estado

Aunque la mayoría de los integrantes del gabinete de Andrés Manuel López Obrador acataron la instrucción de hacer pública sus declaraciones de bienes patrimoniales, al menos siete de los 17 secretarios de estado omitieron información relevante como el valor de sus inmuebles, muebles, sus percepciones netas mensuales totales y el monto de sus inversiones. La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que todos los servidores públicos están obligados a presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses. En caso de no hacerlo las autoridades están facultadas para iniciar investigaciones por presunta responsabilidad por la comisión de faltas administrativas y de ocurrir una omisión total, sin causa justificada, se puede inhabilitar al servidor público de tres mesas hasta un año. Sin embargo, esta misma Ley no obliga a los funcionarios a hacer pública su declaración de situación patrimonial y de intereses. Este fue el caso de Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación; Jorge Alcocer, secretario de Salud; Esteban Moctezuma, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP); y Josefa González Blanco, que encabeza la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). El resto de los integrantes del gabinete federal sí hicieron público la situación de sus bienes federales a través del portal Declaranet, pero en algunos casos sin declarar ingresos por actividad industrial, comercial, financiera y otros, el valor de sus bienes inmuebles y muebles; así como de las inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores que poseen. Es el caso de Marcelo Ebrard Casaubon, Secretario de Relaciones Exteriores; quien sólo reporta que percibe 107,473 pesos y una casa donación de su madre. Rocío Nahle, secretaria de Energía, tampoco hace público sus ingresos netos por actividades industrial, comercial, financiera, el valor de sus bienes inmuebles, muebles, vehículos e inversiones y su declaración únicamente menciona que sus ingresos ascienden a 106,960 pesos, además de señalar que uenta con dos casas y un vehículo marca Nissan, tipo X-trail. Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes, que declara tener ingresos netos por 166,577 pesos, no proporciona datos de sus bienes inmuebles, únicamente de dos vehículos, uno marca Toyota, tipo Camry modelo 2003 con un valor de 90,384 pesos y un Acura, tipo Honda MDX, modelo 2012 con un valor de 365,000 pesos. ç Destaca el caso de Víctor Villalobos Arámbula, Secretario de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural, quien previamente trabajó en esta dependencia como subsecretario y coordinador general de asuntos internacionales. El funcionario apunta no estar de acuerdo con revelar el valor de los bienes inmuebles, muebles vehículos, pero reporta poder nueve bienes inmuebles: cinco casas, un departamento, dos terrenos y un local. Otro caso particular es el de Irma Erendira Sandoval, secretaria de la Función Pública, quien tiene percepciones netas por 106,000 pesos mensuales, declara tener seis inmuebles, tres departamentos y tres casas, de los cuales únicamente declara el valor de una de las casas que asciende a 1,752 pesos. Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano que tiene ingresos mensuales netos por 108,500 pesos; y Miguel Torruco Marques, secretario de Turismo, quien declara tener ingresos netos mensuales por 152,477 pesos; tampoco detallan sus ingresos netos por actividad industrial, comercial, financiera y otros; así como el valor de bienes inmuebles, muebles, inversiones y adeudos. La presentación de estas declaraciones será más estricta a partir de mayo de este año con la integración de nuevos formatos que establecen campos que tendrán que ser públicos de manera obligatoria, esto como parte a las reformas que se integraron al Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, advierte Alexandra Zapata Directora de Innovación Cívica del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). “Con los nuevos formatos ya los funcionarios no deciden si quieren que su información sea pública o no, automáticamente se hace pública. En este momento estamos en un limbo con los formatos viejos que permite a los funcionarios decidir si hacerla pública o no, pero a partir del 30 de abril esto cambia y la buena noticia es que los formatos son mucho más exhaustivos y ambiciosos”, detalla. Pese a las inconsistencia, la especialista refiere que la presentación de forma pública de los formatos de declaración de bienes patrimoniales de la mayoría de los integrantes del gabinete representa un avance, toda vez que en el caso de los funcionarios de la pasada administración y el mismo presidente Enrique Peña Nieto, decidieron no hacer pública esta información.