Las Asociaciones Público Privadas (APPs) constituyen más que una alternativa, una necesidad apremiante para lograr construir la infraestructura que demanda el país y que no puede ser cubierta en su totalidad por la administración pública por una sencilla razón: no hay recursos suficientes.

Se ha presentado el Programa de Inversiones en Infraestructura de Transporte y Comunicaciones (2013-2018) que contempla una inversión total de 4 billones de pesos para el sector durante el presente sexenio. Es decir, que -para lograr alcanzar la meta- el ritmo de inversión deberá ser de alrededor de 800,000 mdp anuales, aproximadamente un 20% del ejercicio presupuestario anual de la federación.

Sin duda alguna, el plan es ambicioso. Razón por la cual el impulso a la inversión privada, a través de esquemas atractivos como las Asociaciones Público Privadas (APPs), es fundamental. Este tipo de asociaciones constituyen más que una alternativa, una necesidad apremiante para lograr construir la infraestructura que demanda el país y que no puede ser cubierta en su totalidad por la administración pública por una sencilla razón: no hay recursos suficientes.

 

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APPs: el objetivo es la competitividad

Las Asociaciones Público Privadas promueven la colaboración entre gobierno y la iniciativa privada, para realizar proyectos de construcción y mantenimiento de infraestructura pública. En otras palabras, implica el trabajo conjunto entre el sector público y privado para solucionar las necesidades de infraestructura del país.

El objetivo de una APP es que los desarrolladores presten servicios utilizando la infraestructura que generen, con la idea de: satisfacer necesidades colectivas; generar obras públicas para prestar servicios al sector público o la población en general; hacer más eficaz el manejo y asignación de los recursos públicos; y reducir la presión presupuestaria para el gobierno en el corto plazo. En pocas palabras, la finalidad es generar utilidad para las empresas reduciendo costos y maximizando el uso eficiente de los recursos del estado, correlacionando positivamente el gasto público y la inversión privada con la competitividad.

 

La iP y las APPs: lo que falta

Todo esto suena muy bien pero, a pesar de los beneficios mencionados y del entusiasmo con que fue recibida la aprobación de la Ley de APPs –diciembre de 2011-, hasta el momento el esquema no ha logrado detonar a toda su capacidad la inversión privada como se esperaba.

La realidad es que, desde su entrada en vigor y posterior reglamentación –noviembre de 2012-, la Ley de APPs no ha tenido efectos sustanciales en el aumento de la inversión en infraestructura en el país. Y no porque haya sido una mala idea incentivar la inversión privada bajo un esquema de este tipo, sino que: los proyectos que ha promovido el gobierno aún son pocos; otros se encuentran inconclusos o quedaron en el tintero; existe incertidumbre jurídica a pesar del reglamento; y las empresas que pueden acceder a proyectos de esta magnitud son sólo aquellas que cuentan con un capital suficiente para invertir o que están en condiciones de obtener una fuente de financiamiento sustentable.

Lo importante es que, aun considerando el escenario de la aprobación de una reforma hacendaria -que ampliara los recurso presupuestales- y una energética -que aumentará la inversión privada y extranjera-, es un hecho que la inversión en infraestructura no puede cimentarse exclusivamente en el gasto de gobierno. La participación de la iniciativa privada es clave. Las APPs tienen un reto pendiente: incrementar la inversión privada en infraestructura para alcanzar las metas que, en esa materia, se ha trazado la actual administración federal.

 

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