El corte de caja ha empezado, en el marco de una fallida estrategia de seguridad sanitaria, miles de empresas afectadas y un nuevo mapa de influencia política que a todas luces tiene al gobierno del presidente López Obrador desgastado, rebasado y desesperado. Es imposible ignorar los más de 15 mil nuevos contagios de COVID, los casi 90 mil homicidios dolosos cometidos en el país en los últimos tres años, las más de 130 mil niñas y niños en orfandad que ha dejado la pandemia y a los millones de estudiantes que han visto trastocado su paso por el sistema educativo.
Mientras la anhelada redistribución de los pesos políticos en el Congreso toma forma, vemos de manera reiterada la evocación de las Consultas como un mecanismo mesiánico de rendición de cuentas, que obedece más a un interés populista y demagógico que a un mecanismo legal y Constitucional para aplicar lo ya contenido en la Ley.
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Para las tribunas de espectadores que desde las redes sociales seguimos el curso de un sexenio por demás complejo y polémico, no puede haber mejor momento. Hoy, las redes de participación ciudadana se fortalecen a pesar de los intentos de la administración pública por fortalecer el espiral interminable de información.
Pareciera que esta nueva dinámica de participación social democratiza la información y trae justicia a quienes no habían sido escuchados, a quienes no habían reaccionado y a quienes nada habían cuestionado. O quizás si, pero no habían tenido el espacio. Tal es el caso de las familias de los enfermos de cáncer, o de todos los enfermos de México, quienes, sumergidos en el peor desabasto de medicamentos en nuestra historia, recurren a estrategias propias de supervivencia.
Así es como el tema de la consulta para enjuiciar a los expresidentes mexicanos, intenta envolvernos en un ligero aire democrático que llega con la resaca de la última jornada electoral.
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Pareciera que hacer consultas está de moda, aquí; donde la democracia se anuncia como quien te regala algo que ya era tuyo. Sin embargo, en otros países los escenarios políticos parecen hablar más del fin de la democracia que de la consolidación de la misma.
Y es que pareciera que no hemos caído en la cuenta de que mientras en el resto del mundo la agenda se llena de prioridades con causas humanitarias, a México le sigue inmovilizando el debate eterno del “qué” pero no del “cómo”.
En nuestro país las consultas son un tema clientelar, demagógico, son todo menos mecanismos que lleven a la acción de gobierno que genera política pública, que desarrolla programas y que genere verdadera participación ciudadana.
Sorprende la forma ilusoria en la que el gobierno mexicano somete a consulta aquello que debería ser castigado más allá de los pactos políticos y de los acuerdos transexenales. Tarde o temprano López Obrador será expresidente, sin pensión ni fuero, según sus propias reglas y tendrá que ser enjuiciado por los errores y omisiones cometidos en estos amargos años de la historia nacional.
En un país tan diverso y en constante polarización como lo es México, la consulta es más un capricho que una necesidad y es bastante claro que además de ser un gasto innecesario, es un acto absurdo que genera expectativas que no podrá cumplir en quienes aún defienden el difuminado sueño de la 4T.
Noam Chomsky, filósofo y crítico social estadounidense, ha puesto sobre la mesa el fin de la democracia por dos fenómenos observables en EU pero hoy en día replicados en varios países del mundo. La democracia y el nivel de participación son proporcionales al porcentaje de contribución, es decir, vota el 1% de la población porque es el que incide en las campañas a través de sus contribuciones, la base de la pirámide no vota, no opina y no se manifiesta porque nadie los representa.
Mucho tenemos que aprender de las lecciones de Chomsky, de los países progresistas y avanzados, pero sobre todo de los vientos de cambio y transformación verdadera que trae la situación de los ciudadanos de a pie y no de los círculos en el poder que buscan incrustarse validados a través del populismo, los distractores, los vicios del sistema y la falta de un Estado de derecho, de gobernabilidad y de mecanismos de gobernanza.
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