Pese a que el acero chino inunda al mercado mexicano y pone en riesgo 40,000 empleos, existen empresas que no podrían absorber los costos del metal producido en el país. 

 

La entrada de acero chino mucho más barato podría provocar despidos masivos en la industria siderúrgica mexicana, pero, al mismo tiempo, hay muchas empresas en el país que sufrirían un fuerte golpe si se cierra la frontera al metal asiático.

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La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), la Asociación Mexicana de Gas Natural (AMGN) y la Asociación Mexicana de Proveedores de la Industria Maderera y Mueblera (AMPIMM) han advertido sobre el aumento en costos que enfrentarían por la salida del acero chino del país, y la consecuente falta de competitividad internacional, mientras que las empresas integrantes de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero) amenazan con  más despidos y menos inversión en el país.

La Canacero advirtió que los despidos por la competencia acerera del exterior podrían afectar hasta a 7,000 trabajadores, mientras que la compañía Altos Hornos de México (AHMSA) anunció  un recorte gradual de 4,500 plazas si las autoridades mexicanas no detienen el avance del acero barato. En conjunto, se estima que pueden perderse cerca de 40,000 empleos en el norte del país por la llegada de acero chino.

Por ahora, la Secretaría de Economía (SE) ha incrementado en 400% el número de investigaciones iniciadas en la importación de acero, respecto a la administración anterior, y mantiene la vigencia de 31 cuotas antidumping en el sector, de las cuales 15 son para productos de China.

Grupo Cerrajes, integrante de la AMPIMM, cuenta a Forbes México la otra historia en la disputa por el acero chino: el de las empresas que sí quieren las importaciones del dragón asiático.

 

La otra cara

El 3 de abril del año pasado, otra investigación se sumó a lista del dragón chino en el mercado del acero. La empresa Fundición Inyectada del Centro (Fincsa) solicitó una investigación administrativa por prácticas desleales de comercio internacional, en su modalidad de discriminación de precios, sobre las importaciones de jaladeras de acero y zamac provenientes del país asiático.

La dependencia a cargo de Ildefonso Guajardo determinó establecer una cuota compensatoria preliminar para las jaladeras de acero provenientes de China, al demostrarse que la introducción de las piezas en el país ocasionó una discriminación de precios de 33.37 dólares por kilogramo durante 2013.

Ahí inició la lucha de Grupo Cerrajes por mostrar la otra cara de la moneda en las afectaciones que sufren los importadores mexicanos de productos de acero.

Las jaladeras son un producto de acero que se utiliza en muebles, clósets, cocinas integrales y estanterías, un artículo también conocido en el mercado nacional como “agarraderas”, “manijas” y “mangos” para muebles.

“Ellos (Fincsa) metieron su demanda de antidumping porque, dicen, con la importación a muchos de los inversionistas nacionales se les está dando en la torre (pero) nosotros estamos importando de China por los precios bajos, la variedad de modelos y la calidad”, asegura Juan Herrera Aguilar, de Grupo Cerrajes.

Las piezas de acero tenían un costo de 20 pesos antes de la medida de la autoridad mexicana, pero ahora, en algunos de los casos, llega hasta los 60 pesos, un costo que amas de casa consideran muy alto.  “Si un mueble lleva ocho agarraderas, representa un coso de casi  500 pesos”, explica el directivo de Cerrajes.

Grupo Cerrajes  tiene más de 2,400 clientes, de los cuales la mayor parte son pequeños productores. Éstos son parte de los damnificados por la cuota compensatoria en este caso.

El establecimiento de una cuota fija que limite la entrada del acero hace que el mercado nacional se vuelva dependiente de una industria que, aseguran los empresarios en contra de las medidas, no tiene cualidades para ofertar en el mercado. “Existen distribuidores de jaladeras de acero que reducirían su mercado de distribución en un 60%. Eso quiere decir que su gente, la mayor parte, tendría que ser despedida”, asegura Juan Herrera Aguilar, contralor de la empresa Grupo Cerrajes, compañía que se dedica a la distribución de insumos a los industriales del mueble.

En el país existe una cantidad indeterminada de distribuidores de productos de acero en los que trabajan de forma directa más de 120 personas en promedio por cada empresa, plantilla laboral que tendría que ser reducida en la misma proporción que su mercado de distribución, sin contabilizar los empleos indirectos que se dejarían de generar por esta actividad.

Para Herrera Aguilar, las decisiones por las que ha optado el gobierno mexicano no son una respuesta a un problema que se genera en una economía de libre mercado.

“Aquí la única desventaja es que quizá la infraestructura de los empresarios mexicanos no es la exacta o conveniente para ser competitivos con los mercados internacionales”, señala Herrera, quien agrega que el problema ha sido también por parte del gobierno, ya que no ha impulsado las inversiones o apoyos económicos en la competencia de las empresas mexicanas.

El caso de Grupo Cerrajes tan sólo es un botón de muestra de otras industrias, como la automotriz y la de la construcción de gasoductos. La AMIA ha alertado del peligro que representa la imposición de barreras para la entrada de acero laminado en la manufactura de automotores, por su alto costo.

En la última década, las importaciones indirectas de acero se concentraron en el sector automotriz, con 33.51% del total.

Las decisiones que tomen la industria siderúrgica y el gobierno serán decisivas para aprovechar el ‘boom’ automotriz que toma forma en el país. En los últimos meses, Toyota, BMW, Kia Motors y otras automotrices han anunciado inversiones en sus plantas que detonarán el consumo de acero, un negocio que despierta el interés de los empresarios mexicanos.

Por su parte, la AMGN advirtió recientemente que las cuotas provisionales a las importaciones de tuberías provenientes de Estados Unidos, India y España traerán afectaciones para el desarrollo de la red de gasoductos del gobierno federal.

La última palabra

La encrucijada en la que se encuentra la autoridad no tiene una salida sencilla frente a la situación expuesta por los industriales mexicanos que no quieren el acero chino. México ocupa el primer lugar como receptor de las importaciones de acero provenientes de la nación asiática en Latinoamérica.

Durante 2014, el país consumió un total de 22,486 toneladas de acero laminado, lo que lo convierte en el segundo consumidor de aleación de hierro y carbono, tan sólo después de Brasil, cuyo consumo fue de 24,638 toneladas de acero. En la República Mexicana sólo se produjeron 19,008 toneladas de acero durante el año pasado.

El país recibió 209,000 toneladas de acero laminado chino en enero pasado, un incremento de 325% en comparación con las cifra del mismo mes de 2014, de 49,000 toneladas. Ésa es la importancia de este material ferroso y el poder de la economía asiática.

En la actualidad, 48% de la producción mundial de acero crudo proviene del gigante asiático, una cantidad de 790 millones de toneladas de este acero.

“Estamos en desventaja en cuatro de los cinco factores de la competitividad, es decir, precio de los energéticos, costo fiscal, costo financiero e infraestructura limitada. Sólo tenemos a favor una mano de obra de alta calidad”, asegura la Canacero en el reporte Perfil de la Industria Siderúrgica en México 2004-2013.

La respuesta de la dependencia a cargo de Ildefonso Guajardo ha sido endurecer las medidas administrativas para evitar la entrada masiva del mineral foráneo.

Ampliar la cobertura de revisión del Aviso Automático de Importación, con la suma de 21 nuevas fracciones arancelarias, así como endurecer la revisión de este tipo de aviso en los productos con precios significativamente bajos, forman parte de 10 compromisos y medidas establecidas por la SE el pasado 8 de julio.

Por ahora, la batalla que sostienen las empresas a favor del acero chino parece resultar compleja, ya que, dicen, la Ley de Comercio Exterior está a favor de los fabricantes del insumo local, aunque no niegan que agotarán todas las instancias legales para continuar con su negocio.

“La ley de Comercio Exterior habla casi todo a favor de los productores”, dice Eduardo Castro, abogado de Grupo Cerrajes.

“Vamos a esperar a que la autoridad sea consciente del daño que posiblemente pudiera causar a las importadoras como generadores de empleo, pero en determinado momento nosotros tenemos el derecho de seguir con medios de impugnación hasta las últimas consecuencias”, explica el abogado.

La empresa argumenta que tanto la producción como la importación de acero no son un delito, ya que ambas actividades son lícitas ante la ley, por lo que esperan que la balanza de la justicia en la mano de la SE esté equilibrada.

“A ninguna persona podrá impedírsele que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos”, dice el artículo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el referente jurídico que Herrera no duda en sacar a la luz en defensa de su negocio.

Al igual que las empresas que defienden la producción nacional, Juan Herrera hace un llamado a proteger los empleos que genera el dragón chino en el país: “Esperemos que las autoridades sean un poco conscientes y no nos orillen a tomar otro cauce en el negocio.”

Aunque aún no se sabe el final de esta historia, lo único cierto es que alguno de los dos bandos en la disputa por el acero chino saldrá perdiendo. El gobierno tendrá que decidir por la opción menos costosa de las dos caras de la moneda.

 

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