José Medina Mora Icaza, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), afirmó que las ideologías no han sido la solución para resolver problemas estructurales que impiden destrabar el potencial de México.
“Las ideologías no han sido la solución (de los problemas estructurales), por lo que creemos que se debe pasar del dogma a la acción”, afirmó el líder del sindicato patronal.
El diagnóstico de la situación de México es claro y se atestigua todos los días en las calles o en los noticiarios, ya que persisten problemas estructurales que impiden destrabar el potencial de México, como la falta de acceso a la justicia, la violencia, la pobreza, la desigualdad y el rezago”, afirmó.
Recordó que la Coparmex lleva más de dos años realizando diálogos y encuentros a nivel nacional, también ejercicios de inteligencia colectiva donde han participado decenas de organizaciones de la sociedad civil y expertos de la academia para identificar esos puntos en común, así como las soluciones a grandes problemas.
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Coparmex recordó que en marzo presentó a los candidatos presidenciales Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez el “Acuerdo por un México con Desarrollo Inclusivo”, un llamado a la sociedad y a todos los actores públicos para que se adopte una visión compartida de largo plazo que permita responder a los retos cruciales y crear oportunidades que impulsen todo el potencial de la sociedad y del país.
“Confiamos en que pronto lo haremos a la candidata Claudia Sheinbaum en cuanto su agenda lo permita”, dijo José Medina Mora.
“Con los tres candidatos pretendemos que el acuerdo sea firmado para que con independencia de si resultan ganadores, sus partidos y coaliciones abracen estas iniciativas, que están libres de ideologías, y las hagan realidad en todas las regiones del país y en el Legislativo para que se conviertan en políticas públicas”, puntualizó.
Las propuestas de la Coparmex
En lo que llama “Sistema político democrático y de derecho sólido”, la organización afirma que la democracia está en riesgo de debilitarse:
“Lo hemos visto con los intentos por minar la autonomía, operatividad y eficacia de instituciones como el INE y el Tribunal Electoral (TEPJF); o con las iniciativas para eliminar a ciertos Órganos Constitucionales Autónomos. Representa un retroceso en la consolidación democrática del país”.
Afirma que se debe asegurar la continuidad y fortalecimiento de instituciones clave frente a cambios políticos o de gobierno, así como consolidar una política de evaluación del desempeño institucional en todas las áreas del gobierno, garantizar la publicación completa y oportuna de información pública como responsabilidad constitucional, así como la rendición de cuentas.
“Además, los procesos de toma de decisiones en el Legislativo deben seguir principios de democracia participativa y representativa”, señala.
Sostiene que la inseguridad junto con la falta de justicia, la corrupción, la opacidad e impunidad y una estrategia complaciente con el crimen organizado afectan gravemente a los ciudadanos.
“Se requiere una estrategia integral como política de Estado que aborde la administración e impartición de justicia y respete la autonomía del Poder Judicial; estrategia que promueva la prevención del delito, la cultura de la no impunidad y la denuncia segura, el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia desde el ámbito municipal y estatal, además de utilizar la inteligencia policial para identificar patrones delictivos y establecer medidas de protección eficaces para las víctimas de la violencia”, indica.
Respecto al medio ambiente, refiere que el deterioro ambiental afecta la calidad de vida y la economía e incluso cobra vidas.
Sostiene que las políticas medioambientales actuales han sido ineficaces, afectando especialmente a las poblaciones vulnerables y futuras generaciones, y que la explotación excesiva de recursos, la falta de conocimiento en gestión ambiental y la ausencia de una política de Estado coherente agravan el deterioro.
“Se requiere un consenso urgente para definir políticas de Estado en la materia; incluyendo la gobernanza ambiental para cumplir y hacer cumplir las leyes, incentivos para incorporar prácticas sostenibles y el cumplimiento de normas ambientales; una política hídrica integral, mejor gestión de residuos y mayor participación ciudadana en la conservación de los recursos naturales desde el nivel municipal. Se necesita una política energética que asegure la transición a energías limpias accesibles para todos y con perspectiva regional”, expresa.
Indica que la falta de acceso universal a servicios de salud de calidad y un sistema fragmentado han dejado a casi la mitad de la población sin cobertura, lo que se agrava por el desabasto de medicamentos.
“La eliminación del Seguro Popular fue un retroceso, el INSABI no funcionó y la efectividad de la transición al IMSS-Bienestar es incierta. Las familias dependen de forma creciente de servicios médicos privados que les implica gastar cada vez más en su salud”, apunta.
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Propone garantizar servicios integrales en las instituciones del sistema público, mediante la creación de un sistema homogéneo y universal que no dependa de la situación laboral.
“Se debe adaptar el sistema al cambio demográfico y asegurar el abasto de medicamentos. Se debe duplicar la inversión pública para el sector salud y recuperar el liderazgo del Consejo de Salubridad General. Es crucial dar prioridad a la Atención Primaria en Salud, con un enfoque en la prevención, detección temprana y tratamiento oportuno de enfermedades crónicas prevalentes. La colaboración con el sector privado es clave bajo una regulación adecuada”, expone.
Dice que la política educativa requiere asegurar el acceso universal a una educación de calidad, y que desarticulación del Sistema Educativo Nacional, la falta de un sistema de gobernanza educativa, la inadecuada capacitación y evaluación docente, y el incremento en el abandono escolar y rezagos educativos, son problemas significativos.
“A pesar de un aumento en la cobertura educativa, se observa una pobreza en los aprendizajes, especialmente en áreas críticas como las matemáticas. Se requiere menos ideología y más pedagogía”, señala.
“Es urgente rediseñar y ejecutar una Reforma Educativa Integral, con un consenso nacional y un aumento en el presupuesto educativo, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas. Es fundamental renovar los sistemas de evaluación educativa, desarrollar un nuevo modelo de certificación e implementar programas de acompañamiento docente que ofrezcan capacitación alineada con estándares internacionales. Además, es crucial incluir educación en valores para la vida y el trabajo. En el caso de la Educación Media Superior, garantizar su universalidad para mejorar la formación tecnológica y las oportunidades de acceso laboral de mayor calidad”, destaca.
Asevera que la informalidad perpetúa desigualdades, divide a la población entre trabajadores formales e informales, con mayor formalidad en el norte y mayor informalidad en el sur.
“Esta condición limita el acceso a derechos como la salud y educación, afecta especialmente a micro y pequeñas empresas que enfrentan dificultades como el limitado acceso al sistema financiero y la falta de capacitación. Los altos costos y la complejidad del marco legal inhiben la formalización, mientras que un sistema tributario complicado, condiciones laborales rígidas y la corrupción obstaculizan la transición hacia la formalidad. Impacta negativamente la movilidad social, la productividad y la contribución al PIB, impidiendo la generación de más recursos para la inversión pública”, refiere.
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Propone un plan de simplificación administrativa y la implementación de un registro único de identidad que sea seguro.
“Se deben establecer incentivos a la formalización incluyendo políticas laborales flexibles y un Sistema de Cuidados. Fijar una tasa baja de Impuesto sobre la Renta para ingresos menores a 1 millón de pesos anuales; además impulsar la economía digital para fomentar la transaccionalidad electrónica, fomentar la inclusión financiera y disminuir el uso de efectivo”, añade.
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