Por Sofía Menchú

El último fin de semana de agosto, la temperatura política en Guatemala subió varios grados: el presidente Jimmy Morales declaró persona non grata al comisionado contra la corrupción Iván Velásquez y ordenó su expulsión del país, (antes, el mandatario había pedido a Naciones Unidas, sin éxito, la remoción del cargo a Velásquez). La orden de Morales quedó suspendida horas después por la Corte de Constitucionalidad y, durante el fin de semana, cientos de guatemaltecos salieron a las calles a protestar contra su gobierno y a respaldar a Velásquez. La comunidad internacional manifestó su desacuerdo con Morales y el gobierno de Estados Unidos amagó con retirar la ayuda monetaria a Guatemala. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, Morales no se había retractado de su decisión, pero tampoco había expulsado al comisionado. Según abogados constitucionalistas, si el mandatario desobedece la resolución de la Corte, caerá en desacato y se ganaría un antejuicio.

La molestia de Morales responde a la acusación que la Comisión contra la Corrupción y la fiscalía hicieron contra su hijo y hermano, por fraude al Estado, por un negocio hecho en 2013.

El caso ilustra fielmente el concepto de justicia en México y Centroamérica: la influencia de los más altos cargos políticos en los sistemas judiciales para crearse un blindaje, casi infranqueable, contra investigaciones por corrupción.

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Pese a todo, hay algunos precedentes de enjuiciamiento por corrupción. En los últimos 10 años, ocho ex presidentes centroamericanos han sido investigados. Tres de ellos fueron condenados, pero, tiempo después, las sentencias quedaron anuladas porque las pruebas, así se argumentó, no eran contundentes. Jueces, fiscales y magistrados han sido encarcelados, acusados de tráfico de influencias, o bien, de recibir sobornos.

No es casual que magistrados y fiscales de los máximos órganos judiciales sean electos por la Asamblea Legislativa o por el presidente. Este sistema empodera a los funcionarios electores, que tienden a cobrar con favores este apoyo.

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En Guatemala, el diputado Gudy Rivera, del entonces partido oficial, coaccionó, en 2014, a la magistrada Claudia Escobar para obtener un fallo a favor de la entonces vicepresidenta del país, Roxana Baldetti. La abogada lo denunció e hizo pública una grabación y el legislador terminó condenado a 13 años de prisión por tráfico de influencias y cohecho activo.

Cerca de ahí, en El Salvador, el ex fiscal general, Luis Martínez, aceptó haber recibido entre 10,000 y 20,000 dólares del ex presidente Mauricio Funes y del actual mandatario, Salvador Sánchez Cerén.

Los ejemplos de corrupción abundan. Tienen en común la falta de independencia que debería existir entre el Organismo Judicial y el Ejecutivo. Los seis países de la región, con excepción de Costa Rica, tienen bajas puntuaciones en el Índice de Independencia Judicial, un indicador del “Reporte Global de Competitividad del Foro Económico Mundial” de 2016.

Derechos exclusivos

En Centroamérica los altos funcionarios como presidentes, vicepresidentes, diputados, alcaldes, magistrados y jueces gozan del derecho de antejuicio. Esto significa que no pueden ser capturados ni investigados mientras ocupan el cargo. La única forma de someterlos a proceso judicial es que el legislativo les retire la inmunidad o esperar a que dejen el cargo.

Las herramientas legales para investigar, capturar y juzgar a un funcionario existen, pero rara vez se aplican. Guatemala es el único país que, hasta ahora, logró hacer renunciar a su presidente. Otto Pérez Molina, un militar que había ofrecido gobernar con mano dura, y Roxana Baldetti, su vicepresidenta, renunciaron y después fueron encarcelados por corrupción.

Eso fue posible gracias a reformas legales, como la creación de la Ley contra la Corrupción, el método especial de escuchas telefónicas y la Ley de Extinción de Dominio, más las evidencias de los lujos y propiedades de los acusados y, por último, la llegada, en 2013, del colombiano Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), adscrita a Naciones Unidas.

Guatemala hizo que renunciara su presidente, Otto Pérez, para, luego, encarcelarlo como sospechoso de corrupción. Foto: Saul Martínez/Bloomberg vía Getty Images

La Ley contra la Corrupción cambió el panorama para los funcionarios (varios de los que aprobaron la ley ahora están presos). “Había delitos que eran conmutables y la pena podía pagarse con una multa; pero, con la reforma, todos los delitos cometidos en contra de la administración pública son inconmutables y tienen que cumplir la pena. Es drástico para los funcionarios porque nunca se imaginaron terminar en una prisión”, señala Juan Carlos de Paz, abogado guatemalteco.

Los delitos tipificados en dicha ley son tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, cohecho activo trasnacional (cuando el funcionario recibe soborno de una empresa o gobierno extranjero), peculado por sustracción (sustraer fondos del Estado), testaferrato (tener empresas y colocarlas a nombre de terceros para obtener contratos estatales) y fraude, entre otros. Las sentencias varían según el delito, pero van de cinco a 10 años.

Los pasos para investigar o encarcelar a un funcionario público que incurra en delitos, según De Paz, son: inicio de una investigación por flagrancia o por denuncia presentada por cualquier persona.

Pero se debe tomar en cuenta el derecho de antejuicio: Suponiendo que el funcionario ya se retiró del cargo y es detenido, comienza el proceso judicial, que consta de etapa preparatoria [investigación], etapa intermedia [declaraciones y revisión de pruebas] y el inicio del juicio, explica De Paz. “Y, en cada uno de los tiempos, los acusados tienen el derecho de interponer los recursos que consideren para defenderse, como: una excusa justificada, reposición, recusación y amparo”.

Todo esto toma tiempo. “Sólo en la etapa preparatoria, el proceso puede demorar hasta cinco años”, indica De Paz.

En los últimos dos años, Guatemala ha desafiado a políticos, poderosos empresarios y banqueros que ahora están presos. Durante este tiempo, el organismo adscrito a la ONU (Cicig) ha capturado a más de 200 personas y tiene registros de al menos 100 más que están prófugos.

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Persecución en el istmo

El resto de los países de la región también tiene archivos con escándalos de corrupción y de persecución contra sus funcionarios. El Salvador registró tres casos contra

ex mandatarios, apoyados en la Ley de Acceso a la Información Pública y en la creación de la Sala de lo Constitucional en la Corte Suprema de Justicia, que le dio independencia a la Corte, según comenta Jaime López, investigador en la Fundación Nacional para el Desarrollo.

“Aquí no hemos tenido una coyuntura particular, y considero que las cosas han cambiado a partir de la emisión de la Ley de Acceso”, cuenta López. “Acá, la justicia es muy similar a la mayoría de países, porque los presidentes y altos funcionarios no pueden ser tocados, pues la justicia está lejos de ser independiente”.

En Honduras, Nicaragua, Panamá y Costa Rica el panorama es similar. Nicaragua destaca: posee la peor calificación de la región en independencia judicial, con el puesto 136, de 138 países evaluados, según el “Reporte Global de Competitividad” del Foro Económico Mundial de 2016. Costa Rica tiene el 31; Guatemala, 97; El Salvador, 99; Honduras, 114, y Panamá, 118.

Según el estudio, Nicaragua muestra un retroceso en la calidad de sus instituciones de justicia.

Costa rica, un caso aparte

La Constitución de Panamá es de corte autocrático y mantiene una absoluta falta de independencia entre los poderes, señala el experto de Derecho Constitucional, Miguel Antonio Bernal. “Reina un gran predominio de la corrupción en todos los aspectos, con una creciente impunidad […] Hay que reformar la Constitución”, reclama.

Costa Rica es caso aparte gracias a que no hay injerencia directa en las entidades de justicia. “Es una combinación de muchas cosas: integridad de las personas seleccionadas para funcionarios, altos salarios para jueces y magistrados (entre 15,000 y 20,000 dólares) y herramientas legales, como un Código Penal riguroso con los delitos cometidos por funcionarios públicos”, dice Bernan Luis Salazar, exjuez costarricense.

Al igual que Otto Pérez, la guatemalteca Roxana Baldetti, su vicepresidenta, fue encarcelada. Foto: Saul Martínez/Bloomberg vía Getty Images.

Otra fortaleza costarricense es el carácter vitalicio de las magistraturas, lo cual reduce la injerencia política. En el resto de la región, las personas que ocupan esos cargos son electos cada tres o cuatro años y son escogidos por el presidente o los diputados. “Sin independencia judicial, toda lucha contra la impunidad es un discurso”, escribió en su cuenta de Twitter el comisionado de Cicig.

En los casos de corrupción, no todos los jueces y magistrados actúan de la misma manera. Hay operadores de justicia comprometidos con el cambio (como se dio en Guatemala), aunque no se puede obviar que “hay fuerzas oscuras” tratando de que todo regrese a la normalidad que había antes de 2015, señala Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia en Guatemala.

El año pasado, el hermano y el hijo menor del actual presidente de Guatemala, Jimmy Morales, fueron acusados de fraude por simular contratos con el Estado (cuando Morales aún no era mandatario) y, en los próximos meses, tendrán que probar su inocencia en un juicio.

En tanto, Pérez Molina, Baldetti y los demás detenidos por todos los casos de corrupción que develó Cicig, permanecen aún en prisión y a la espera de saber si serán o no sometidos a juicio.

El país que ha logrado romper récord en la lucha contra la impunidad en Centroamérica, ahora tiene que demostrar si las pruebas del Ministerio Público y Cicig son determinantes para condenar a los cientos de acusados de casos de corrupción que aprehendieron en los últimos dos años.

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