Por asombroso que parezca, hasta hace muy poco la SEP desconocía cuántos profesores y administrativos trabajan en el sector educativo público.

 

Por Ana Paula Flores

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La organización México Eva­lúa sostiene que en México existen “serios problemas en la administración de la nómina do­cente-administrativa de educación básica”. Esto lo afirma con base en los resultados del Censo educativo, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a finales de 2013.

El Censo, que tuvo un costo de 740 millones de pesos (mdp), reve­la, que 39,222 personas “laboran” en centros de trabajo donde nadie los conoce y que 30,965 plazas las mantiene personal comisionado o con licencia.

Por su parte, el reporte Panora­ma de la educación 2014: Indicado­res OCDE describe: “Más del 92% del presupuesto total en educación primaria, secundaria y media superior en México se destina a remuneración del personal, y alre­dedor del 83% es exclusivamente para los salarios de los maestros”. El documento también revela que el promedio de gasto en la nómina docente de los países miembro del organismo internacional es 20% menor que el que realiza México, alcanzando el 63% de su presupues­to en educación.

En contraste, el gasto por estudiante en la enseñanza básica es bajo a comparación del prome­dio de la OCDE; mientras que en México sólo se invierte 15% del PIB per cápita en los niños de nivel primaria y 17% en los de secun­daria, los estados miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos gastan una media de 23 y 26% de su PIB per cápita, respectivamente.

Para obtener una educación de calidad, como lo plantea la reforma educativa, es necesario que se haga una profunda redistribución de los recursos y se observen con lupa los resultados que arrojó el oneroso Censo realizado por el Inegi.

 

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