El uso que le ha dado el city manager Arne aus den Ruthen Haag y las autoridades de la Delegación Miguel Hidalgo a la plataforma Periscope ha desatado debates y opiniones a favor y en contra. Hay quienes no dejan de ver como héroe al funcionario por exhibir a ciudadanos que infringen la ley, pero también hay quienes recalcan que se trata de un caso de violación de derechos humanos. (Yo me incluyo en este último grupo.)

En la ciudadanía hay mucha empatía por lo que hace el city manager, porque de alguna manera representa un contrapeso a la impunidad que reina en el país; sin embargo, eso no significa que sus acciones sean legales. Voces como la CNDH y la CDHDF se han pronunciado en contra de la utilización de la plataforma de esa manera, ya que el hecho de que un funcionario exhiba a un ciudadano que comete una falta administrativa es, en sí, una falta administrativa.

Un servidor público debe circunscribir sus acciones al marco legal que le atañe y realizar las acciones y atribuciones que la ley dice que le competen. Para el caso del city manager, cuyo nombre del puesto es director general de Administración Delegacional, sus atribuciones y funciones son descritas en los artículos 125 y 172 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. Y en ninguno habla de la posibilidad de exhibir a ciudadanos que cometan faltas administrativas.

La situación es difícil, pero clara: un servidor público sólo debe hacer lo que le está permitido; un ciudadano puede hacer todo lo que no está prohibido.

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Ante tal situación, la ALDF está redactando un protocolo para regular el uso de Periscope y otras redes sociales por parte de funcionarios, en conjunto con el InfoDF, la Copred y la CDHDF. Sin embargo, no hay avances ni se sabe exáctamente cuáles son los temas a regular. No obstante, se ha mencionado que uno de los puntos más importantes será que las autoridades tengan prohibido transmitir en vivo.

Uno de los temores ciudadanos (bien fundados, por cierto) es que se puede llegar a crear leyes como la llamada ley Fayad, fuera de toda proporción y contexto. Por otra parte, en redes sociales tales iniciativas de legislar han recibido comentarios negativos, pues se piensa que las leyes que se preparan podrían afectar a los ciudadanos en sus derechos individuales y se estaría cerca de coartar la libertad de expresión.

 

¿Qué debería considerar ese protocolo?

Garantizar el derecho a la libertad de expresión de todos los mexicanos y, por supuesto, el uso de las plataformas de comunicación digital.

Sin embargo, debe distinguir claramente entre un ciudadano y un servidor público. Hay un principio de horizontalidad en las redes sociales, de comunicación entre iguales, que se rompe cuando un funcionario exhibe a un ciudadano, puesto que no hay igualdad de condiciones. Un funcionario puede tener un poder coercitivo sobre la persona exhibida, y en ese sentido puede violentar sus derechos básicos.

Deben considerarse las leyes sobre protección de datos personales, como las leyes ARCO (actualización, rectificación, corrección, oposición); también considerar derechos humanos y de libertad de expresión.

Además, se debe pensar en leyes secundarias. No pueden existir leyes o protocolos que traten de regular acciones sin que se nombren entidades y normatitivades que las regulen. Quiénes velarán por esos derechos, qué entidades recibirán las quejas, qué derechos y sanciones tendrán los funcionarios y los ciudadanos.

Sea cual fuere el protocolo que se está creando, lo más importante es que debe garantizar la seguridad de los ciudadanos y no permitir que funcionarios atenten contra la privacidad de las personas en pos de una supuesta búsqueda de la justicia, ya que el city manager está construyendo una marca personal con el uso de las TIC a costa de un cargo público, buscando no el bien común, sino, quizá, persiguiendo fines políticos.

 

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