El gobierno sorprendió con una reforma energética más profunda que la esperada, pero no ha podido cosechar sus beneficios debido a un débil Estado de derecho y una extendida corrupción. Persiste un cuestionamiento: ¿es exitoso un gobierno que no combate la pobreza y la desigualdad social?
Por Paola Palma
Durante décadas, la economía mexicana ha estado estancada. La problemática ha sido el nulo crecimiento de la productividad: un factor determinante del crecimiento económico. Actualmente, la productividad en México es 70% inferior a la de Estados Unidos y se encuentra 60% por debajo del nivel promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En la primera mitad de este sexenio, los esfuerzos políticos se volcaron a
aprobar reformas para destrabar la productividad de la economía y abatir obstáculos que impiden la operación eficiente de los mercados y restringen la competencia y la inversión.
El riesgo: fatiga del entusiasmo reformador
Este riesgo para la segunda mitad del sexenio podría originarse si la implementación de las reformas no materializa las expectativas de crecimiento, no aumenta la productividad, la inversión y el ingreso “prometidos”. Además de que la caída del petróleo es otro factor que se suma a esta situación.
El impacto de las reformas sobre la productividad de toda la economía tomará tiempo. Los efectos más visibles y de corto plazo serán los de la reforma energética. Sin embargo, la OCDE señala que si las reformas se implementan a plenitud, el PIB per cápita aumentaría un punto porcentual de forma anual durante los próximos 10 años. De no materializarse los resultados prometidos, ¿vendría el agotamiento del entusiasmo? En el pasado reciente, México ya vivió una pérdida de confianza en los procesos reformadores.
Las ambiciosas reformas estructurales de los años 90 concretaron la apertura económica y la integración comercial del país, privatizaron empresas estatales ineficientes, posibilitaron la recepción de inversión externa y eliminaron los controles de precios que dañaban a la economía.
Estos cambios permitieron potenciar la capacidad exportadora del país y lo insertaron en los mercados globales como un destino preferente de la inversión externa. Sin embargo, también generaron la concentración de beneficios económicos en pocas manos y propiciaron una economía dual, con sectores altamente desarrollados y productivos, que conviven con otros muy poco modernizados.
La modernización homogénea e incluyente de todos los sectores económicos no se alcanzó. En otros casos, fallas de implementación del proceso privatizador provocaron la concentración de beneficios en empresas privadas en detrimento de los consumidores.
La crisis económica de 1994 generó una fatiga sobre el proceso reformador. Un importante sector de la opinión pública asociaba a las reformas con la debacle económica. El rechazo social fue aprovechado por partidos políticos con corrientes ideológicas antireformas para retrasar por años cambios económicos ulteriores que podrían haber favorecido el avance de la economía.
Hoy en día, nuestra
economía cuenta con bases macro más sólidas que en los años 90, y la ventaja electoral del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las pasadas elecciones permitirá al gobierno profundizar en los cambios alcanzados. Sin embargo, si los efectos económicos de las actuales reformas resultan modestos y no se alcanza una redistribución de la riqueza menos desigual, persiste el riesgo de un rechazo social y político.
Cumplir para ser creíble
Cualquier proceso reformador profundo es seguido de cerca por la comunidad internacional (organismos, inversionistas, gobiernos). México ha sido centro de atención internacional durante los últimos años, en los que ha generado elevadas expectativas por el actual proceso de reformas y también por los contrastes derivados de episodios de violencia y criminalidad.
El gobierno mexicano actualizó el marco normativo conforme a los más altos estándares internacionales, y ahora tiene la obligación de hacerlo cumplir bajo cualquier circunstancia. El no hacerlo conlleva un alto costo, al comprometer seriamente su credibilidad ante la sociedad mexicana y el mundo entero.
La evaluación magisterial es un ejemplo de
decisiones políticamente difíciles pero necesarias, que pueden convertirse en letra muerta si el gobierno cede ante presiones políticas e incumple las reglas del juego establecidas por el gobierno mismo.
Dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, la meta
México con educación de calidad, contempla al Sistema Nacional de Evaluación como un pilar importante para mejorar la educación. Sin embargo, las presiones de grupos sindicales con fuertes motivaciones políticas amenazan el cumplimiento de esta meta. Al momento, la información recabada en el primer ejercicio de evaluación del personal docente es analizada. Será en los próximos meses cuando sabremos si ésta funge realmente como filtro para promover la formación, selección y actualización de los maestros.
Sin embargo, la evaluación es apenas el comienzo en el largo camino hacia una mejor educación en el país. El desafortunado precedente que provocó la suspensión provisional de la evaluación, previo a la elección de junio pasado, plantea interrogantes sobre la capacidad del gobierno federal y algunos gobiernos locales para llevar a cabo acciones concretas que afecten al poder magisterial.
Asimismo, existe el riesgo de la aplicación de medidas superficiales por parte de la autoridad educativa, en aras de reducir el descontento sindical. Ello no sólo impediría mejorar la educación de millones de niños mexicanos, también crearía un problema de credibilidad para la actual administración.
Falta un marco legal e institucional sólido
Nuestro país cuenta con mercados abiertos, condiciones favorables de competencia, incentivos a la inversión; sin embargo, no cuenta con un marco legal e institucional confiable y eficiente. La disminución de la corrupción y un mejor cumplimiento de la ley son fundamentales para concretar los cambios que permitan modernizar nuestra economía. El Banco de México señala en su último reporte sobre las economías regionales que es condición para que los beneficios de las reformas se materialicen que la regulación asociada a los sectores reformados conduzca a su eficiente funcionamiento y que su operación sea acorde con los estándares internacionales.
Para que las nuevas leyes se traduzcan en mayor productividad, competitividad y crecimiento, y sus beneficios no se concentren únicamente en los sectores reformados, es fundamental reforzar el marco legal e institucional. Ninguna reforma económica puede sostenerse sin un Estado de Derecho eficiente y funcional.
Para ello, los gobiernos de los tres niveles y cualquier otra instancia pública deben apegarse a la legalidad, dado que son pieza clave para que los cambios se concreten. La implementación de las reformas debe blindarse contra actividades de corrupción o falta de transparencia. De no hacerlo, los costos económicos y de credibilidad son enormes.
La prevalencia de escándalos y
prácticas de corrupción en todos los niveles del sector público tiene otro costo asociado: la “creencia” social de que en nuestro país cualquiera puede violentar la ley.
El recién creado Sistema Nacional Anticorrupción es la figura totémica de este sexenio para combatir a la corrupción y dotar de transparencia a la acción pública. Hasta ahora, su función se ha limitado a promesas institucionales, con la aprobación unánime por parte de la clase política, y acciones por concretar poco certeras para abatir un flagelo social que, a diferencia de lo que indica el mensaje oficial, no es un fenómeno cultural; es resultado de un marco institucional y de un sistema político costoso y disfuncional.
Los pendientes: informalidad, empleo e innovación
En el primer trimestre de este año laboraban en la informalidad 28.7 millones mexicanos y 2.2 millones más se encontraban sin empleo, según el Inegi. Tanto la informalidad como el desempleo son obstáculos importantes para detonar la productividad y la actividad económica.
La simplificación regulatoria y los incentivos promovidos por el gobierno para que las empresas y los trabajadores se incorporen al sector formal no han logrado avances. La resistencia de trabajadores y empresas a operar de manera formal refleja la persistencia de factores adversos como los impuestos, altos costos no salariales y la corrupción.
De acuerdo con la OCDE, la magnitud de la corrupción en el sector público de las entidades federativas está relacionada directamente con el tamaño del sector informal, que a su vez tiene un efecto muy negativo en la productividad.
La meta sexenal de alcanzar un “México Próspero”, a través de una mayor productividad, más inversión y mejores empleos, aún está lejos. Actualmente, la fuerza laboral mexicana carece de las habilidades que el sector productivo requiere para ser competitivo e innovador. Sin mejorar la educación y las habilidades con que cuenta la población, la meta de un país más próspero seguirá siendo inalcanzable.
Mejorar el gasto público
México precisa de realizar un debate serio en torno al gasto público y reconocer que en nuestro país se gasta mucho y se gasta mal. Las razones van más allá del mero diseño del presupuesto y, se relacionan con componentes políticos que utilizan el gasto público como botín para sostener ideologías partidistas.
Mejorar la eficacia de los recursos públicos, implica ir más allá del enfoque de una mayor cobertura de los servicios públicos (más escuelas, más libros de texto repartidos, más clínicas, más maestros) y que brinda poca atención a la calidad de estos.
(¿las nuevas escuelas están equipadas y son seguras?, ¿los libros gratuitos están actualizados?, ¿las clínicas cuentan con infraestructura moderna y personal médico?, ¿los nuevos maestros están capacitados?).
Contar con vínculos efectivos entre el ejercicio de los recursos y acciones integrales para atender problemas sociales es otro pendiente. Hasta ahora, gran parte de los programas sociales brindan soluciones fragmentadas.
Un ejemplo claro es la criminalidad. Contar con más policías, elevar el gasto en sistemas de vigilancia y seguridad, aumentar las penas por la comisión de delitos son algunas de las estrategias más comunes para reducir la criminalidad. Los resultados derivados de ellas, al menos en nuestro país, son cuestionables.
James Heckman, Nobel de Economía, considera que mejorar la efectividad del presupuesto público en cualquier área implica prevenir los problemas antes de que ocurran.
Destinar recursos para reducir la deserción escolar de jóvenes entre 13 y 15 años, en ambientes sociales dónde son vulnerables al crimen, es una inversión que genera beneficios sociales mayores a cualquier intervención pública posterior. Prevenir la formación de delincuentes es una estrategia costo-efectiva respecto del gasto público y con beneficios sociales elevados.
Hasta el momento, en México las acciones de combate al crimen parecen tener una sola dirección y las consecuencias de este enfoque, provocan día a día pérdidas sociales y económicas enormes para todos los mexicanos.
Deuda social histórica
¿En qué proporción benefician las reformas a los pobres? Esta pregunta es central si se considera que la reducción de las enormes desigualdades sociales es o debe ser también uno de los objetivos principales de las reformas. No puede soslayarse el hecho de que la mitad de los mexicanos vive en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Para abordar la elevada desigualdad de ingreso y de oportunidades, se requiere un nuevo enfoque de desarrollo, financiado y promovido por un crecimiento económico incluyente.
Actualmente, la diferencia de ingreso entre el 10% de la población más pobre y el 10% más rico es de 30.5 veces, lo que nos convierte en el país con mayor desigual de la OCDE. No sorprende que el bienestar y la movilidad social en México sean muy bajos.
Como menciona Amartya Sean, también premio Nobel de Economía, la pobreza conlleva una pérdida intolerable de talento al impedir que las personas realicen su potencial individual. La pérdida de talento mexicano es enorme, debido a que las políticas públicas de educación, salud y apoyo a los sectores sociales vulnerables no han logrado revertir la pobreza y desigualdad que aquejan al país.
Para lograr el “México incluyente” del que habla el PND, deben democratizarse las oportunidades de desarrollo entre toda la población. La educación media y superior son la mejor herramienta de un país para reducir las brechas de ingreso y la desigualdad. En México, los beneficios de estos niveles de estudio se quedan en la población de mayores ingresos, al ser quienes concentran los subsidios de la educación superior gratuita.
Mientras una gran parte del gasto social siga concentrado en programas, subsidios y apoyos regresivos que no ayuden a mejorar la situación de la población más pobre, la desigualdad seguirá siendo el referente de la sociedad mexicana. Y la democracia incluyente y participativa de la que tanto se habla en el discurso oficial continuará siendo una utopía.
