El gobierno sorprendió con una reforma energética más profunda que la esperada, pero no ha podido cosechar sus beneficios debido a un débil Estado de derecho y una extendida corrupción. Persiste un cuestionamiento: ¿es exitoso un gobierno que no combate la pobreza y la desigualdad social?

 

Por Paola Palma

Durante déca­das, la econo­mía mexicana ha estado estancada. La problemática ha sido el nulo crecimiento de la productividad: un factor deter­minante del crecimiento económi­co. Actualmente, la productividad en México es 70% inferior a la de Estados Unidos y se encuentra 60% por debajo del nivel promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó­micos (OCDE).

PUBLICIDAD

En la primera mitad de este sexenio, los esfuerzos políticos se volcaron a aprobar reformas para destrabar la productividad de la economía y abatir obstáculos que impiden la operación eficiente de los mercados y restrin­gen la competencia y la inversión.

 

El riesgo: fatiga del entusiasmo reformador

Este riesgo para la segunda mitad del sexenio podría originarse si la implementación de las reformas no materializa las expectativas de cre­cimiento, no aumenta la produc­tividad, la inversión y el ingreso “prometidos”. Además de que la caída del petróleo es otro factor que se suma a esta situación.

El impacto de las reformas sobre la productividad de toda la eco­nomía tomará tiempo. Los efectos más visibles y de corto plazo serán los de la reforma energética. Sin embargo, la OCDE señala que si las reformas se implementan a plenitud, el PIB per cápita aumentaría un punto porcentual de forma anual durante los próximos 10 años. De no materializarse los resultados prometidos, ¿vendría el agotamiento del entusiasmo? En el pasado reciente, México ya vivió una pérdida de confianza en los procesos reformadores.

Las ambiciosas reformas estruc­turales de los años 90 concretaron la apertura económica y la integración comercial del país, privatizaron empresas estatales ineficientes, posi­bilitaron la recepción de inversión externa y eliminaron los controles de precios que daña­ban a la economía.

Estos cambios permitieron poten­ciar la capacidad exportadora del país y lo insertaron en los mercados globales como un destino preferente de la inversión externa. Sin embargo, también gene­raron la concentración de beneficios económicos en pocas manos y propicia­ron una economía dual, con sectores altamente desarrollados y productivos, que conviven con otros muy poco modernizados.

La modernización homogénea e incluyente de todos los sectores económi­cos no se alcanzó. En otros casos, fallas de implementación del proceso privatizador provocaron la concentración de beneficios en empresas privadas en detrimento de los consumidores.

La crisis económica de 1994 generó una fatiga sobre el proceso reformador. Un importante sector de la opinión pública asociaba a las reformas con la debacle económica. El rechazo social fue aprovechado por partidos políticos con corrientes ideológicas antireformas para retra­sar por años cambios económicos ulteriores que podrían haber favore­cido el avance de la economía.

Hoy en día, nuestra economía cuenta con bases macro más sólidas que en los años 90, y la ventaja electoral del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las pasadas elecciones permitirá al gobierno profundizar en los cambios alcan­zados. Sin embargo, si los efectos económicos de las actuales reformas resultan modestos y no se alcanza una redistribución de la riqueza menos desigual, persiste el riesgo de un rechazo social y político.

grafico_1_reformas

Cumplir para ser creíble

Cualquier proceso reformador profundo es seguido de cerca por la comunidad internacional (organismos, inversionistas, gobiernos). México ha sido centro de atención internacional durante los últi­mos años, en los que ha generado elevadas expectativas por el actual proceso de reformas y también por los contrastes derivados de episo­dios de violencia y criminalidad.

El gobierno mexicano actualizó el marco normativo conforme a los más altos estándares internacio­nales, y ahora tiene la obligación de hacerlo cumplir bajo cualquier circunstancia. El no hacerlo conlleva un alto costo, al comprometer seria­mente su credibilidad ante la socie­dad mexicana y el mundo entero.

La evaluación magisterial es un ejemplo de decisiones políticamente difíciles pero necesarias, que pueden convertirse en letra muerta si el go­bierno cede ante presiones políticas e incumple las reglas del juego esta­blecidas por el gobierno mismo.

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, la meta México con educación de calidad, contempla al Sistema Nacional de Evaluación como un pilar impor­tante para mejorar la educación. Sin embargo, las presiones de grupos sindicales con fuertes motivaciones políticas amenazan el cumplimiento de esta meta. Al momento, la información recabada en el primer ejercicio de evaluación del personal docente es analizada. Será en los próximos meses cuando sabremos si ésta funge realmente como filtro para promover la formación, selec­ción y actualización de los maestros.

Sin embargo, la evaluación es ape­nas el comienzo en el largo camino hacia una mejor educación en el país. El desafortunado precedente que provocó la suspensión provisional de la evaluación, previo a la elección de junio pasado, plantea interrogantes sobre la capacidad del gobierno fede­ral y algunos gobiernos locales para llevar a cabo acciones concretas que afecten al poder magisterial.

Asimismo, existe el riesgo de la aplicación de medidas superficiales por parte de la autoridad educativa, en aras de reducir el descontento sindical. Ello no sólo impediría mejorar la educación de millones de niños mexicanos, también crearía un problema de credibilidad para la actual administración.

 

Falta un marco legal e institucional sólido

Nuestro país cuenta con mercados abiertos, condiciones favorables de competencia, incentivos a la inver­sión; sin embargo, no cuenta con un marco legal e institucional confiable y eficiente. La disminución de la co­rrupción y un mejor cumplimiento de la ley son fundamentales para concretar los cambios que permi­tan modernizar nuestra economía. El Banco de México señala en su último reporte sobre las economías regionales que es condición para que los beneficios de las reformas se ma­terialicen que la regulación asociada a los sectores reformados conduzca a su eficiente funcionamiento y que su operación sea acorde con los están­dares internacionales.

Para que las nuevas leyes se traduzcan en mayor productividad, competitividad y crecimiento, y sus beneficios no se concentren únicamente en los sectores refor­mados, es fundamental reforzar el marco legal e institucional. Ninguna reforma económica puede sostenerse sin un Estado de Dere­cho eficiente y funcional.

Para ello, los gobiernos de los tres niveles y cualquier otra ins­tancia pública deben apegarse a la legalidad, dado que son pieza clave para que los cambios se concreten. La implementación de las reformas debe blindarse contra actividades de corrupción o falta de transparencia. De no hacerlo, los costos económi­cos y de credibilidad son enormes.

La prevalencia de escándalos y prácticas de corrupción en todos los niveles del sector público tiene otro costo asociado: la “creencia” social de que en nuestro país cualquiera puede violentar la ley.

El recién creado Sistema Nacional Anticorrupción es la figura totémica de este sexenio para combatir a la corrupción y dotar de trans­parencia a la acción pública. Hasta ahora, su función se ha limitado a promesas institu­cionales, con la aprobación unánime por parte de la clase política, y acciones por concretar poco certeras para abatir un flagelo social que, a diferencia de lo que indica el mensaje oficial, no es un fenómeno cul­tural; es resultado de un marco institucional y de un sistema político costoso y disfuncional.

 

Los pendientes: informalidad, empleo e innovación

En el primer trimestre de este año laboraban en la informali­dad 28.7 millones mexicanos y 2.2 millones más se encontra­ban sin empleo, según el Inegi. Tanto la informalidad como el desempleo son obstáculos impor­tantes para detonar la productividad y la actividad económica.

La simplificación regulatoria y los incentivos promovidos por el gobierno para que las empresas y los trabajadores se incorporen al sector formal no han logrado avances. La resistencia de trabajadores y empresas a operar de manera formal refleja la persistencia de factores adversos como los impuestos, altos costos no salariales y la corrupción.

De acuerdo con la OCDE, la magnitud de la corrupción en el sector público de las entidades federativas está relacionada di­rectamente con el tamaño del sector informal, que a su vez tiene un efecto muy negativo en la productividad.

La meta sexenal de alcanzar un “México Próspero”, a través de una mayor pro­ductividad, más inversión y mejores empleos, aún está lejos. Actualmente, la fuerza laboral mexicana carece de las habili­dades que el sector productivo requiere para ser competitivo e innovador. Sin mejorar la edu­cación y las habilidades con que cuenta la población, la meta de un país más próspero seguirá siendo inalcanzable.

grafico_2_reformas

Mejorar el gasto público

México precisa de realizar un debate serio en torno al gasto público y reconocer que en nuestro país se gasta mucho y se gasta mal. Las razones van más allá del mero diseño del presupuesto y, se relacionan con componentes po­líticos que utilizan el gasto público como botín para sostener ideolo­gías partidistas.

Mejorar la eficacia de los recur­sos públicos, implica ir más allá del enfoque de una mayor cobertura de los servicios públicos (más escuelas, más libros de texto repartidos, más clínicas, más maestros) y que brinda poca atención a la calidad de estos.

(¿las nuevas escuelas están equipa­das y son seguras?, ¿los libros gratui­tos están actualizados?, ¿las clínicas cuentan con infraestructura moder­na y personal médico?, ¿los nuevos maestros están capacitados?).

Contar con vínculos efectivos entre el ejercicio de los recursos y acciones integrales para atender problemas sociales es otro pen­diente. Hasta ahora, gran parte de los programas sociales brindan soluciones fragmentadas.

Un ejemplo claro es la criminali­dad. Contar con más policías, elevar el gasto en sistemas de vigilancia y seguridad, aumentar las penas por la comisión de delitos son algunas de las estrategias más comunes para reducir la criminalidad. Los resulta­dos derivados de ellas, al menos en nuestro país, son cuestionables.

James Heckman, Nobel de Economía, considera que mejorar la efectividad del presupuesto público en cualquier área implica prevenir los problemas antes de que ocurran.

Destinar recursos para reducir la deserción escolar de jóvenes entre 13 y 15 años, en ambientes sociales dónde son vulnerables al crimen, es una inversión que genera beneficios sociales mayores a cualquier inter­vención pública posterior. Prevenir la formación de delincuentes es una estrategia costo-efectiva respecto del gasto público y con beneficios sociales elevados.

Hasta el momento, en México las acciones de combate al crimen parecen tener una sola dirección y las consecuencias de este enfoque, provocan día a día pérdidas so­ciales y económicas enormes para todos los mexicanos.

 

Deuda social histórica

¿En qué proporción benefician las reformas a los pobres? Esta pregunta es central si se considera que la reducción de las enormes desigualdades sociales es o debe ser también uno de los objetivos principales de las reformas. No puede soslayarse el hecho de que la mitad de los mexica­nos vive en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Para abordar la elevada desigualdad de ingreso y de oportunidades, se requiere un nuevo enfoque de desarrollo, financiado y promovido por un crecimiento económico incluyente.

Actualmente, la diferencia de ingreso entre el 10% de la población más pobre y el 10% más rico es de 30.5 veces, lo que nos convierte en el país con mayor desigual de la OCDE. No sorprende que el bienestar y la movilidad social en México sean muy bajos.

Como menciona Amartya Sean, también premio Nobel de Economía, la pobreza con­lleva una pérdida intolerable de talento al impedir que las personas realicen su potencial individual. La pérdida de talento mexicano es enorme, debido a que las políticas públicas de educación, salud y apoyo a los sectores sociales vulnerables no han logrado revertir la pobreza y desigualdad que aquejan al país.

Para lograr el “México incluyente” del que habla el PND, deben democratizarse las oportunidades de desarrollo entre toda la población. La educación media y superior son la mejor herramienta de un país para reducir las bre­chas de ingreso y la desigual­dad. En México, los beneficios de estos niveles de estudio se quedan en la población de ma­yores ingresos, al ser quienes concentran los subsidios de la educación superior gratuita.

Mientras una gran parte del gasto social siga concen­trado en programas, subsidios y apoyos regresivos que no ayuden a mejorar la situación de la población más pobre, la desigualdad seguirá siendo el referente de la sociedad mexi­cana. Y la democracia incluyente y participativa de la que tanto se habla en el discurso oficial continuará siendo una utopía.

 

Siguientes artículos

inflación
Lo bueno y lo malo de la devaluación
Por

La devaluación es un hecho. Ahora los retos son lidiar con el alza de tasas de la Fed, los recortes al gasto público, el...