Es un error de nuestra legislación tratar por igual tanto a las grandes empresas como a las Pymes, cuando su realidad es totalmente distinta.

 

 

Por Érick Pulliam

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El pasado 13 de junio se publicaron en el Diario Oficial de la Federación diversas reformas al Código de Comercio, a la Ley General de Sociedades Mercantiles, a la Ley de Fondos de Inversión, a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a la Ley Federal de Derechos y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, las cuales son conocidas como la “miscelánea mercantil”.

Sin duda, las referidas reformas son benéficas para los empresarios mexicanos, pues, entre otros aspectos, fomentan la utilización de las garantías mobiliarias para obtener financiamiento a través del Registro Único de Garantías Mobiliarias y se crea también un registro electrónico, a cargo de la Secretaría de Economía, en el que se harán todas las publicaciones que ordenan las leyes mercantiles.

La parte más importante de las reformas es la flexibilización de las disposiciones legales en materia de sociedades, que incorporan para las sociedades anónimas diversas disposiciones que ya tienen las sociedades anónimas promotoras de inversión, en la Ley del Mercado de Valores. Las nuevas disposiciones van a permitir a los accionistas pactar, desde la celebración del contrato social, lo siguiente:

  • Reglas para restringir la transmisión de acciones.
  • Establecer causales de exclusión o separación de socios.
  • Establecer reglas para el ejercicio del voto.
  • Crear mecanismos de solución de controversias entre los accionistas.
  • Ampliar o restringir el derecho de suscripción preferente a que se refiere el artículo 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
  • La prevalencia de la libertad contractual respecto de las reglas permisivas contenidas en la ley.

Estas reformas son buenas noticias para los empresarios mexicanos; sin embargo, habría que preguntarnos si las mismas van a ser de utilidad para todos o si para los pequeños y medianos empresarios (Pymes) serán intrascendentes. Al respecto considero que sigue siendo un error de nuestra legislación el tratar por igual a todas las sociedades en México, pretendiendo aplicar las mismas disposiciones tanto a las grandes empresas como a las Pymes, cuando su realidad es totalmente distinta.

En México hay 4.015 millones de unidades empresariales, de las cuales 99.8% son Pymes que generan el 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y 72% del empleo formal en el país¹. Me parece que nuestros legisladores deben tomar esto en cuenta para crear un marco legislativo adecuado para ellas, en el que se simplifiquen las disposiciones legales que les son aplicables, tanto en su funcionamiento diario como en el tratamiento fiscal que debe dárseles, pues con la regulación actual muchas Pymes no sobreviven más de 24 meses².

Una verdadera ayuda para las Pymes sería que nuestros legisladores retomaran la iniciativa que reforma la Ley General de Sociedades Mercantiles, por la que se crean las sociedades unipersonales, la cual, aunque aprobada por el Congreso de la Unión, fue vetada hace casi dos años, por el anterior titular del Poder Ejecutivo federal. Dicha iniciativa simplifica la constitución y el funcionamiento de las referidas sociedades en beneficio de los pequeños emprendedores.

 

¹Tomado de ProMéxico.

²Tomado de Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM.

 

Érick Pulliam es notario miembro del Colegio Nacional del Notariado Mexicano.

 

 

Contacto:

Correo: [email protected]

Twitter: @notariadomex

 

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

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