El beneficio social también es grande, pues como ilustró la facilidad con que se llevaron a cabo las reformas constitucionales a lo largo de 2013, el país puede cambiar con celeridad. El problema es que existe otro lado de la moneda.

 

 

En la actualidad ya no se habla de las “reglas no escritas”, pero siguen tan vigentes como siempre. Las reglas no están escritas porque se refieren a las preferencias del individuo que ocupa la presidencia. Es su palabra la que cuenta y que, por razones obvias, no se puede codificar en ley o, cuando eso ocurre, puede cambiarse a voluntad. Desde la perspectiva del presidente, el beneficio de corto plazo de administrar en función de reglas “no escritas” es evidente: genera lealtad, permite premiar y castigar y, sobre todo, confiere vastos poderes para que avancen proyectos de su preferencia.

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El beneficio social también es grande, pues, como ilustró la facilidad con que se llevaron a cabo las reformas constitucionales a lo largo de 2013, el país puede cambiar con celeridad. El problema es que existe otro lado de la moneda.

En el siglo XX el problema del poder se resolvió mediante la imposición de dos reglas “no escritas” pero evidentes: por un lado, el presidente es jefe indisputable e indisputado de todos; por el otro, se vale competir por la sucesión mientras no se viole la primera regla. Era un mecanismo sencillo y eficaz que, sin embargo, no surgió de la nada. Su éxito fue producto del establecimiento de la regla y de la capacidad de hacerla cumplir. Esto último no fue automático: se logró cuando Cárdenas exilió a Elías Calles y sometió al general Cedillo. Una vez demostrada la capacidad de hacer cumplir las reglas, el sistema cobró vigencia y funcionó hasta que el PRI dejó de ser representativo de la sociedad mexicana y los no representados comenzaron a disputar la legitimidad de aquel sistema.

Las reglas “no escritas” de la vida política mexicana eran tajantes. El sistema político priista del siglo XX operó bajo el principio de que se trataba de reglas implícitas y, más importante, que todo el andamiaje legal del país —desde la Constitución hasta la última ley reglamentaria— no era más que una mera formalidad que se podía violar a voluntad.

Evidentemente, es imposible construir y fortalecer la legitimidad de un sistema, incluyendo la aceptación de las reglas de la sucesión, cuando la institucionalidad de un sistema político se sustenta en no más que reglas “no escritas” y un sistema legal que resulta una mera formalidad para los actores involucrados. Este problema se agudiza en el contexto de las expectativas que generan reformas como la energética, que para ser exitosas requieren un esquema legal que sea confiable para los potenciales inversionistas. Un sistema político de facto sustentado en reglas “no escritas” difícilmente cumplirá este requisito.

Tal vez el peor daño que sufrió el país como consecuencia de la era de las reglas “no escritas” es que nadie puede creer en las leyes escritas en la actualidad. En lugar de ver a una ley como una norma de carácter obligatorio, el mexicano la ve como una guía, cuando no como una aspiración. Nadie se siente obligado a cumplir con la ley, máxime cuando observa que muchos otros no lo hacen y que, en la peor de las circunstancias, siempre se puede “negociar” la aplicación de la ley, contradicción absoluta con la existencia de un régimen de legalidad.

Las reglas “no escritas” permitían afianzar la concentración del poder y servían como medio de control y disciplina tanto de la población como de los políticos. Dada su naturaleza de “no escritas”, las reglas resultaban ser desconocidas por la mayoría de los habitantes del país. Los ciudadanos, pero especialmente los políticos, tenían que inferirlas. Como todo sistema normativo, el de las reglas “no escritas” tenía sus limitaciones. Un sistema de esa naturaleza funciona mientras las reglas no se abusan (es decir, no cambian con frecuencia y de manera caprichosa) y cuando logran resultados consistentes y satisfactorios para la población en general.

El tema crucial es que el mexicano nunca ha vivido bajo un esquema de reglas conocidas y predecibles que incluyan recursos de protección al ciudadano, es decir, derechos y obligaciones, ambos como parte de una concepción integral de la relación gobierno- ciudadano. Explicar porqué fue así es relativamente fácil. Lo complejo es imaginar formas en que se pueda romper el círculo vicioso que el sistema político de antaño nos ha legado. Esto es particularmente importante a la luz de la contradicción inherente al respeto a las formas pero no al fondo de las leyes, sobre todo porque la narrativa priista sigue siendo un componente central de la perspectiva ideológica que comparte una gran parte de la población.

 

 

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