La falta de independencia del poder judicial es uno de los principales problemas en la lucha contra la corrupción en Latinoamérica, donde todos los países, salvo tres, obtienen una puntuación inferior a 50 sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) presentado por Transparencia Internacional (TI).

Los países latinoamericanos que sus ciudadanos perciben como más limpios son Uruguay, Chile y Costa Rica, con 73, 66 y 55 puntos, respectivamente, los únicos tres por encima de los 50 puntos, según este índice.

A la cola como los más corruptos se sitúan Venezuela, con 13 puntos y Nicaragua (17) -con un contexto de impunidad generalizada y ausencia total de la independencia del poder judicial- y Honduras y Guatemala (23). 

En una franja media, aunque de todas formas por debajo del aprobado, se sitúan Cuba (42), Colombia (40), Argentina (37), Brasil (36), República Dominicana y Panamá (35), Ecuador (34), Perú (33), El Salvador y México (31), Bolivia (29) y Paraguay (28).

El informe de TI subraya que la ausencia de independencia judicial debilita el Estado de derecho, promueve la corrupción y fomenta la impunidad de los corruptos y criminales. 

En este sentido, abordar este problema resulta imprescindible para combatir la corrupción de manera eficaz y garantizar el buen funcionamiento del sistema de pesos y contrapesos, en una región -la de las Américas, que incluye 32 países- cuyo promedio se mantiene en 43, agrega la ONG con sede en Berlín.

En lo que respecta a Venezuela y Nicaragua, los países que al igual que en años anteriores peor puntuación obtienen, “estamos hablando de dictaduras”, donde no existe ningún tipo de división de poder, reina la opacidad y las fronteras entre lo legal y lo ilegal “son extremadamente difusas”, dijo Luciana Torchiaro, consejera regional para las Américas de TI.

En el caso de Venezuela, agregó, el poder judicial está completamente cooptado al servicio de las élites gobernantes y del crimen organizado, por lo que en ese país no hay “ninguna posibilidad de sancionar la corrupción”. 

Además de Venezuela, a Torchiaro también le preocupa el caso de Guatemala, al ser de los países que más declinaron desde 2012 -diez puntos-, principalmente debido a la construcción de una élite económica y política en el país con tres gobiernos consecutivos aliados con prácticas corruptas. 

Lee más: México se estanca en el sitio 126 de 180 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2023

Latinoamérica ve frenada su lucha contra la corrupción por falta de independencia judicial

En Guatemala el denominado “Pacto de los corruptos” ha cooptado a través de diferentes estrategias las instituciones del Estado, fundamentalmente al poder judicial para poder permanecer en el poder y así garantizar su impunidad, señaló.

Al mismo tiempo depositó su esperanza en el nuevo presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, que asumió el poder con “una bandera anticorrupción muy importante”.

En Brasil también se contempla una “tendencia regresiva” en la lucha contra la corrupción en los últimos años, en lo que tanto el antiguo presidente, Jair Bolsonaro, como el actual, Luiz Inácio Lula da Silva, destinaron a personas de su confianza puestos clave como la Fiscalía General.

Chile, a pesar de mantener una posición destacada en el IPC por la fortaleza de sus instituciones democráticas y altos niveles de transparencia, también es considerado por TI como uno de los países “a observar”, al haber caído significativamente su puntuación desde 2014.

Esto se debe a diversos casos de corrupción que salpicaron figuras de casi todos los principales partidos políticos y muchas de las instituciones más relevantes del Estado.

No obstante, Torchiaro se mostró convencida de que el país está posicionado para recuperar el liderazgo en la región al contar con instituciones mucho más fuertes que el resto de países y un sistema de pesos y contrapesos que funciona mejor, además de una nueva estrategia nacional de anticorrupción.

República Dominicana es el único país latinoamericano que por varios factores mejora en el Índice de Percepción de 2023, aunque principalmente por el fortalecimiento de su poder judicial a través de nombramientos independientes, destacó. 

TI subraya que la región de las Américas “necesita con urgencia un poder judicial más sólido e independiente para garantizar la justicia, actuar ante la impunidad y enfrentar el crecimiento de las redes de corrupción”.

Torchiaro destacó también la responsabilidad de los ciudadanos, que deben exigir la rendición de cuentas y subrayó la oportunidad en este “superciclo electoral” entre los comicios que se celebraron en 2023 y los que habrá este año en la región, para ejercer el voto “con conciencia” y no concedérselo más a los corruptos.

Con información de EFE.

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