Una lección que deja Ayotzinapa es que el puesto clave para la infiltración del narco es el de director de Seguridad Pública municipal. Un puesto que la sociedad debe vigilar como si su vida dependiera de ello, porque así es.

 

 

En este momento el país es sacudido por la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes en Ayotzinapa. Se siente frívolo discutir otros temas. No sabemos cuál será el fin de esta trama, pero da razón para vigilar con mayor atención otras áreas del país con dinámicas de poder similares. Finalmente, este tipo de infiltración masiva de policías municipales no sólo se da en Guerrero. El 14 de agosto de 2011, el diario El Universal reportó la aprehensión de 24 policías en el boscoso municipio de Jilotzingo, Estado de México, por ser parte de la delincuencia organizada. Este municipio está ubicado al lado de Naucalpan. Los hechos revelaban que la policia de ese lugar había sido masivamente infiltrada por el narco, y eso no estaba sucediendo en Guerrero, sino a una hora en transporte público desde el Palacio Nacional.

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Y si uno esucha lo que dicen los habitantes de los municipios del Estado de México, a orillas de la ciudad de México, Jilotzingo no es el único municipio con una policía infiltrada por el narco. Por ejemplo he escuchado a habitantes de Ciudad Nezahualcóyotl quejarse amargamente sobre sus policias. De hecho, en 2012 también El Universal hizo una nota que resaltaba la infiltración exactamente de los cuerpos de seguridad de ese municipio. Pero más allá de los supuestos vínculos de personas y lugares concretos con el narco vale la pena entender los procesos atrás de esta infiltración y la diferencia clave entre el Estado de México y el Distrito Federal en ellos.

En el caso de Ayotzinapa se ve el papel crucial de la relacíon entre la presidencia municipal y la infiltración del narco en la policía.

Un policía alguna vez me contó: “Si quieres ver por qué bando está jugando alguien, no investigues a esta persona; más bien investiga sus nombramientos. En este sistema una persona tiene que poner una cara bonita hacia la sociedad, y sus subordinados tienen que hacer el trabajo sucio y, por ende, tendrán antecedentes sucios.”

Un ejemplo de alto nivel de esta dinámica es la reputación personal relativemente limpia que tenía Felipe Calderón antes de llegar a la Presidencia y la pésima fama de su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

La parte central del revuelo que causó el caso Ayotzinapa es exactamente el hecho de que el director de Seguridad Pública de Ayotzinapa supuestamente fue quien entregó a los jóvenes al narco. Y él fue nombrado en esa posición, como establece la ley, por José Luis Abarca, alcalde del municipio. Por razones claras, si uno quiere infiltrar a una corporación policiaca municipal como delincuencia organizada, la movida clave es controlar el puesto de director de Seguridad Pública. Y esto significa condicionar al alcalde en este nombramiento. Una forma de condicionarlo es por medio de su elección.

Esta problemática involucra la política del Mando Único que se ha estado negociando con los municipios. Sin embargo, cuando el Ayuntamiento de Ecatepec firmó en el Acuerdo del Mando Único 2013, el derecho de nombrar al director de Seguridad Pública, lo retuvo el Cabildo.

Cada tres años hay elecciones municipales en México y, por ende, en muchos municipios cada tres años la delincuencia organizada tiene una oportunidad de imponer a su candidato a director de Seguridad Pública municipal. No sólo en la Sierra Madre, también en el Valle de México. Entonces la pregunta es ¿cuánto cuesta una presidencia muncipal y qué posibilidades tiene el narco para incidir en ello con dinero?

En este momento, el tope para una campaña municipal equivale a 55% del salario mínimo de la cantidad de habitantes registrados en el padrón del municipio según el artículo 160 de Código Electoral del Estado de México. Usando los datos del Instituto Electoral del Estado de México, esto nos da los siguientes topes de campaña para presidente municipal de los cinco municipios mexiquenses más grandes a orillas de la megalópolis:

  • Ecatepec $46,100,742.00
  • Ciudad Nezahualcóyotl $32,863,548.00
  • Naucalpan $25,339,968.00
  • Tlalnepantla $20,882,023.00
  • Chimalhuacán $15,529,344.00

Sabiendo más o menos cuánto cuesta una campaña municipal, dejo a la imaginación del lector si el narco puede intervenir o no en las elecciones locales con estos montos. ¿Cuánto costaría controlar una parte importante de la seguridad pública en un municipio con ubicación estratégica sobre las carreteras de entrada al Distrito Federal como Ecatepec, Ciudad Nezahualcóyotl o Tlalnepantla para la delincuencia organizada? ¿Valdría le pena la inversión? Y ¿realmente quiere la sociedad mexicana arriesgarse dejando esta oportunidad electoral para controlar la seguridad pública abierta al crimen organizado cada tres años?

Una diferencia importante en el manejo de las delegaciones del Distrito Federal y los municipios del Estado de México es que las delegaciones no tienen policías delegacionales y, por ende, no tienen un director de Seguridad Pública. Por lo mismo es difícil que el crimen organizado infiltre a los policías por esta vía electoral en la capital del país; el delegado, finalmente, no controla los nombramientos policiacos. Otro candado importante que tiene el Distrito Federal es que el gobierno federal tiene que aprobar el nombramiento de su secretario de Seguridad Pública. Entonces, aunque fuera posible para un cártel intervenir en las elecciones para alcalde del Distrito Federal, esto no le garantiza control sobre el nombramiento del secretario de Seguridad Pública.

La lógica atrás de la política del Mando Único es similar. Sin embargo, cuánto queda de esta lógica al momento de negociar su implementación.

Hay muchos rastros de la presencia del crimen organizado en las fuerzas policiacas del Valle de México. Los habitantes lo saben y lo viven. Y es claro que el puesto clave para la infiltración es el director de Seguridad Pública municipal. Éste es el puesto que la sociedad debe vigilar como si su vida dependiera de ello, porque así es.

En este momento el país está horrorizado y en duelo por la muerte de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. No sólo por la tragedia en sí, sino porque vigilar y contestar al narco-alcalde realmente no les tocaba. A ellos les tocaba tomar clases, leer libros y platicar sobre chicas, no enfrentarse a un gobierno municipal infiltrado por el narco. Estaban haciendo este trabajo peligroso porque la gente encargada y pagada para hacer esta tarea no lo hacía. Y en este sentido más amplio, todos somos culpables del suceso. La pregunta es ¿qué hacer al respeto?, ¿tratarlo como si fuera un problema moral y cultural o cambiar un sistema de administración pública que da este tipos de oportunidades al crimen organizado?

Establecer la justicia en México como eje rector de la vida pública implica recorrer un largo camino. Poner candados sobre el nombramiento de los directores de Seguridad Pública municipales por los presidentes municipales parece una de las medidas más apremiantes, si se trata de evitar la infiltración de las fuerzas policiacas locales, no sólo en Guerrero, no sólo en los municipios conurbados a la capital del país, sino en todo México.

Si no, sólo es cuestión de tiempo que ocurran más tragedias perpetradas por narcos con charolas, no lejos, sino cerca.

 

 

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