Si un terremoto como ése ocurriera en la actualidad, más de 2 millones de personas estarían en peligro. Y las pérdidas económicas alcanzarían 15,000 millones de dólares, de los cuales 12,400 millones no estarían asegurados, aproximadamente 1% del PIB de México.

 

Por Nidia Martínez Avellaneda

El jueves 19 de septiembre de 1985, la Ciudad de México amanecía como cualquier otro día. La gente se apresuraba para llegar a tiempo al trabajo o la escuela; incluso, algunas personas aún dormían cuando la tierra empezó a temblar. En los primeros instantes, la gran mayoría continuó con sus actividades, sin prestar mucha atención a lo que ocurría a su alrededor. Una fracción de segundo más tarde, la tierra empezó a sacudirse tan violentamente que por mucho que la gente se esforzara, era prácticamente imposible moverse para buscar refugio. El desconocimiento sobre qué hacer en caso de sismos, aunado a la falta de preparación, dejó a muchos expuestos a lesiones y a la muerte.

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La causa del temblor fue un terremoto. Si bien la Ciudad de México fue sacudida fuertemente por el evento de magnitud 8.1, el epicentro sucedió a 350 kilómetros de distancia, frente a la costa del Pacífico en Michoacán. A pesar de la distancia entre la Ciudad de México y el epicentro, este terremoto se considera actualmente la catástrofe natural más significativa y fatal de la historia mexicana moderna. Los daños se potenciaron debido a una singular confluencia de circunstancias: un movimiento sísmico extremadamente fuerte y una réplica fuerte al día siguiente, la propagación de ondas largas en una zona construida sobre el lecho antiguo de un lago, y negligencia en cuanto a la protección sísmica de las construcciones. Se estima que el terremoto causó alrededor de 10,000 muertos, unos 40,000 heridos y dejó a más de 350,000 personas sin hogar. Más de 400 edificios se derrumbaron y otros 3,100 sufrieron daños graves. Las pérdidas económicas se estimaron en 4,100 millones de dólares (cambio de 1985), de los cuales un alarmante 88% no estaba asegurado.

En los últimos 30 años, la población del país y de la Ciudad de México ha aumentado en 60% y 30%, respectivamente. El país ha experimentado un rápido crecimiento económico y se ha convertido en una de las naciones más avanzadas en cerrar la brecha entre los daños asegurados y los daños económicos totales, conocido en inglés como el protection gap.

Si un terremoto de similares características se repitiera en la actualidad, más de 2 millones de personas estarían en peligro. Adicionalmente, estimamos que las pérdidas económicas alcanzarían 15,000 millones de dólares, de los cuales 12,400 millones no estarían asegurados, aproximadamente el 1% del PIB de México. Actualmente la penetración de seguro en el ámbito privado es mayor que en 1985, pero la brecha entre los bienes económicos y los asegurados alcanza todavía un preocupante 80%.

 

Mejor preparación

Durante un viaje a México en junio de este año presencié la remembranza que hizo una persona que sobrevivió el terremoto del 85 luego de estar atrapada 36 horas debajo de los escombros de su edificio derrumbado. «no sabíamos qué hacer» y «no teníamos respeto a los terremotos», fueron algunas frases que me marcaron fuertemente. No puedo dejar de preguntarme: ¿al día de hoy, está la ciudad preparada?

El gobierno mexicano ha adoptado medidas para aumentar el grado de preparación. Actualmente se llevan a cabo con frecuencia simulaciones de terremotos dirigidas por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), y se han establecido programas como el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, AC (Cires). También se han hecho esfuerzos para aumentar la protección de estructuras urbanas mediante el establecimiento de códigos de construcción avanzados.

Sin embargo, las palabras deben transformarse en hechos. Por ejemplo, si bien es cierto que existe un código de construcción vigente adecuado, no siempre es comprendido y aplicado correctamente. Los profesionales que poseen el conocimiento y la capacitación para interpretar y aplicar el código, son certificados e inscritos en un registro de especialistas. Sólo las grandes construcciones comerciales y críticas (p.e. hospitales) requieren un director de obra que esté registrado. Esto no se aplica necesariamente en construcciones simples (p.e. estructuras de piso blando o de columna corta), situación que deriva en problemas de estructura significativos. Además, este tipo de construcciones simples representan 40% de los edificios de la Ciudad de México. Cabe mencionar que el aumento de la mampostería confinada, que es popular y económica, seguramente ha mejorado la vulnerabilidad general de los edificios residenciales en el país.

 

Cerrar la brecha

En un esfuerzo por cerrar la brecha financiera que sigue a un desastre natural, el gobierno federal mexicano ha implementado una estrategia holística de financiamiento del riesgo de desastres, aprovechando los recursos y experiencia de las instituciones gubernamentales, el sector privado y las agencias de desarrollo.

En 1996 se creó el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), cuyo mandato es proporcionar suficientes recursos a las entidades federales y estatales que permitan una recuperación sin comprometer fondos ya presupuestados. El Fonden se dirigió al sector privado para adquirir soluciones de transferencia de riesgos innovadoras que permitieran aumentar el financiamiento durante los años de pérdidas extremas.

La primera solución de transferencia de riesgos es una póliza de indemnización tradicional que cubre activos federales y estatales, tales como obras de infraestructura e instalaciones de salud. La segunda es un bono de catástrofe natural denominado MultiCat, que ofrece protección contra terremotos y huracanes. El bono, que vencerá a fines de 2015, usa un índice paramétrico (magnitud del momento en el caso de terremotos y presión central si se trata de un huracán) para determinar si es necesario realizar un pago.

 

Manejo de exposiciones

Numerosos estudios han demostrado que las comunidades con un mercado de seguros maduro y robusto se recuperan más rápidamente después de un desastre natural. Un seguro evita la frustrante y costosa experiencia de «tener que empezar de cero», beneficiando, así, no sólo el bienestar financiero de los individuos, sino también la salud física y emocional de la comunidad. Por lo tanto, la estrategia de protección económica que ha puesto en marcha el gobierno a nivel federal, debe ser llevada y aplicada también a nivel individual.

La industria aseguradora mexicana también se encuentra activa. Bajo el liderazgo de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), en 2013 se desarrolló un Plan de Atención de Desastres Naturales, que se puso en práctica en septiembre de 2014 con el huracán Odile. El objetivo de la iniciativa es centralizar el plan de acción posterior al evento; por ejemplo, definiendo puntos de encuentro claves y accesibles para los miembros del sector (p.e. liquidadores), o desarrollando planes de contingencia para acelerar la respuesta del sector asegurador, y de esa forma proporcionar a los afectados un alivio financiero más rápidamente. También incluye el diseño de productos que estén al alcance de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

Las mipymes constituyen un sector crítico para la economía mexicana. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), este tipo de empresas generan alrededor de 64% del empleo en el país. Sin embargo, la penetración del seguro privado en este sector es un escaso 4%; en otras palabras, 96% de las mipymes no cuentan con cobertura de seguros para catástrofes naturales. Un evento grave, como el discutido en este artículo, tiene el potencial de devastar financieramente a un gran número de empresarios mipymes. La pesada carga económica de reabastecer los locales, realizar reparaciones y reconstruir el negocio, junto con los costos de lucro cesante o desempleo recaería directamente sobre ellos. Puede resultar extremadamente difícil, largo y doloroso recuperarse de algo así.

Igual de alarmante es la baja penetración del seguro en los hogares residenciales. Según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y AMIS, apenas un 5% de los hogares mexicanos no ligados a una hipoteca están asegurados. Este comportamiento del mercado se atribuye frecuentemente a una «falta de información, falta de cultura financiera y falta de cultura del seguro». Dicho de otra forma, mucha gente se aferra de la creencia: «a mí no me va a pasar».

 

Observaciones finales

México es un país sísmicamente activo y terremotos devastadores ocurrirán inevitablemente en el futuro. El país ha realizado grandes esfuerzos para incrementar la seguridad de la población, si un terremoto comparable al de 1985 fuera a repetirse. A pesar de todo el progreso, hay mucho por hacer todavía para mitigar el impacto financiero y físico de un terremoto de gran magnitud en México.

El sector asegurador está comprometido en crear la resiliencia necesaria y existen oportunidades para crecer mucho aún. El gobierno mexicano también muestra compromiso. Al final del día, es nuestra responsabilidad como individuos invertir en nuestra propia resiliencia financiera y protegernos contra futuras adversidades asociadas a una catástrofe natural, evitando así que se convierta en un desastre.

Siendo la que escribe también latinoamericana, me conmuevo al pensar el dolor que el terremoto causó al pueblo mexicano, un pueblo caracterizado por su gran solidaridad. Siento respeto y orgullo por las precauciones e iniciativas que el país ha tomado para concienciar y proteger a su gente, y, asimismo, inquietud por lo que todavía queda por hacer.


Nidia Martínez Avellaneda, de nacionalidad argentina, es Doctora en Oceanografía Física, especializada en modelado numérico. Colaboró para un proyecto financiado por NASA en la Universidad de San Diego, California, y desde hace dos años es especialista en catástrofes naturales en América Latina y desarrolla herramientas de subscripción desde la oficina de Swiss Re, Nueva York.

 

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

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