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Al Gobierno Federal le preocupa la escalada en el consumo de drogas y otras sustancias adictivas, sobre todo entre los más jóvenes. Actualmente, se desarrolla una estrategia para enfrentar las adicciones, pero debe vencer algunos retos en el camino, como lograr que aumente su presupuesto.

El gobierno estimó (con datos de la Secretaría de Salud, Inegi y Conapo) que en México hay 2.2 millones de consumidores de sustancias adictivas; de ellos, 230,000 son menores de edad. La estrategia para abordar el tema de adicciones buscará trabajar no sólo con el consumo de drogas y estupefacientes, sino también con alcohol y tabaco, pues, de los 15 millones de fumadores que hay en el país, 700,000 son menores (de 12 a 17 años).

“Entre los años 2002 y 2017, el consumo de drogas ilegales entre menores aumentó 300%, y la edad de inicio disminuyó a 10 años”, explica, en entrevista, Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia de la República.

En ese mismo periodo, el consumo de drogas ilegales entre mujeres, según estas mismas fuentes, aumentó 128.5%. ¿Qué tendrá de diferente esta nueva Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones respecto a la anterior? Para Jesús Ramírez, la clave será el modo de abordar las adicciones, que tendrá un punto de vista cultural y de salud.

“Se trata de un cambio de la política y del abordaje del tema de adicciones, sobre todo, en el tema del mercado de drogas. La política de drogas en el país estaba subordinada a una lógica prohibicionista y de guerra, donde se había privilegiado el uso de la violencia y la captura de los capos como elemento central, dejando de lado toda la tensión social. Fue una estrategia fallida en materia de seguridad pública y paz social”.

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Jesús Ramírez, vocero de la Presidencia, señala que la legalizar la mariguana complicaría el combate a las adicciones

El proyecto se sostiene en tres pilares: educación, salud y comunicación. Uno de sus objetivos de corto plazo es combatir la estigmatización y la criminalización de los consumidores.

“La política de guerra contra el narcotráfico tiene como punto nodal la criminalización de los consumidores; las leyes protegen a los consumidores, pero, en los hechos, éstos se convirtieron en objeto de la política represiva. Los consumidores no son delincuentes, no cometen delito. El consumo no es ilegal, eso es importante. [Por eso, debemos] acabar con el estigma y la criminalización.”

Educación y comunicación

En uno de los mensajes lanzados en cadena nacional, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) promueve una red de clubes para construir la paz, los cuales pueden ser identificados por una sombrilla verde. Ahí, los jóvenes pueden encontrar información, acciones culturales, educativas y deportivas contra las adicciones. Jesús Ramírez explica que una buena parte de la estrategia consiste en atender las adicciones a través de programas sociales.

“Los programas sociales son la base para generar condiciones de bienestar y evitar que el agente económico donde los jóvenes encuentren un ingreso sea el narcotráfico. Por ejemplo, a través del Instituto Mexicano de la Juventud, se desplegarán 3,000 brigadistas, en jornadas continuas, que promoverán cultura y actividades deportivas en municipios prioritarios”.

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En el pilar que concierne a comunicación y educación, hay otras secretarías involucradas, como la SEP, además de que se establecen convenios con universidades para difundir información.

“La Secretaría del Trabajo se suma, con Jóvenes Construyendo el Futuro; la Secretaría del Bienestar, con las becas Benito Juárez. Es un esfuerzo transversal para escuchar a los jóvenes. El método a seguir es la sensibilización: escuchar a los jóvenes y que encuentren un espacio para expresarse”, dice Ramírez.

Presupuesto prioritario

Los recursos para echar a andar la estrategia se calculan en 2,500 millones de pesos (mdp) canalizados en total a través de las entidades que participen.

“Es lo que hoy se tiene contemplado, pero es prioritario crear las condiciones para que exista atención en la prevención, tratamiento y rehabilitación, por lo que no descartaríamos [que pudiera haber] más recursos en el futuro”.

Para el vocero de Presidencia, es imperativo que la campaña pueda tocar al menos al 15% de los jóvenes que hoy están vinculados con las adicciones.

“Tenemos una mesa intersecretarial que está trabajando muy duro para que el primer año podamos ver resultados. Estamos en un diálogo dinámico con otros organismos, como el CCE, la Coparmex o los clubes Rotarios. Necesitamos, además del músculo del gobierno, que la sociedad se involucre”, comenta el vocero.

El reto es grande, pues, por un lado, el Gobierno Federal apuesta por programas que, desde la cultura, la salud y la educación, abonen a favor de un clima más pacífico, pero, al mismo tiempo, actual- mente se percibe un deterioro en materia de seguridad pública.

De acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), hay un foco rojo encendido en, al menos, nueve entidades del país: Quintana Roo, Ciudad de México, Colima, Chihuahua, Morelos, Zacatecas, Estado de México, Puebla e Hidalgo.

“La promesa de recuperar la paz y disminuir la violencia desde el inicio de la administración sólo quedó en el discurso, pues la incidencia delictiva continúa en ascenso”, declaró Francisco Rivas, director del ONC.

El think tank México Evalúa realizó un análisis del presupuesto aprobado para 2020, en el que lanza una señal de alarma acerca de que los esfuerzos presupuestarios podrían quedar cortos para mantener un entorno de seguridad pública adecuado.

Explica que el Presupuesto 2020 recorta los recursos destinados a fortalecer a las policías locales, a pesar de que éstas atienden el 86% de los delitos que afectan a los ciudadanos, como robos y homicidios.

“Con los recursos actuales no se garantiza que los policías locales puedan cumplir con las atribuciones planteadas en el MNPJC [Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica], por ejemplo, mediar conflictos entre ciudadanos, recibir denuncias y generar capacidades de inteligencia policial para investigar y prevenir delitos”, advierte el organismo.

Enfoque de salud pública y salud mental

Para el gobierno, será importante atender el tratamiento de adicciones desde un enfoque (principalmente) de salud pública.

“El consumo va creciendo y tiene que ver con un tema que generalmente no se toca en una estrategia tradicional: La salud mental y emocional de la sociedad son elementos que se están poniendo en el centro, a diferencia de la política anterior, que puso la seguridad pública y el código penal. La idea es centrar la discusión en un tema de salud, de atención y de prevención”, dice Jesús Ramírez.

Como parte de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, la operación de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama) tendrá un papel clave. Juan Manuel Quijada Gaytán, director general de los Servicios de Atención Psiquiátrica de la Secretaría de Salud, explica que el modelo de salud mental debe pasar de una “visión asilar” que estigmatiza los padecimientos, a una visión de salud mental comunitaria.

“El 80% del consumo de sustancias está asociado a un trastorno mental del sistema nervioso central”, precisa el especialista. La parte más importante de esta estrategia tiene que ver con que la salud mental se convierta en una de las prioridades de salud pública.

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“Las enfermedades mentales afectan a muchísimas personas, porque las alejan de [recibir un] tratamiento, no sólo para su trastorno, sino de cualquier tipo. Tener una enfermedad mental es un factor de riesgo para la esperanza de vida. Incluso, puede acortar la existencia unos 20 o 30 años”, explica Lorena Rodríguez Bores Ramírez, secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud Mental.

Un foco de alerta, expone la especialista, es que las previsiones apuntan a que la depresión será la primera causa de discapacidad en la próxima década, y la demencia será una de las enfermedades más prevalentes en la comunidad.

“Esto hace que la salud mental sea una prioridad de salud pública, pues se asocia con las principales enfermedades y padecimientos, como las adicciones”, afirma.

Para activar una estrategia que permita que la salud mental comunitaria sea una realidad, el gobierno deberá involucrar a las personas que brindan atención en los primeros niveles de los servicios de salud: enfermeras, médicos generales y trabajadoras sociales, por mencionar algunas.

“Las encuestas nos han dado información sobre los factores de riesgo y factores protectores asociados al consumo de sustancias.Estos factores son edad, sexo, pobreza, educación, acceso a alimentación, y violencia. En cuanto a factores protectores, la estrategia pretende cambiar el paradigma de lo que se promovía en términos de atención al usuario, atender las causas, tratar de disminuir riesgos para retrasar el inicio del consumo de sustancias, reducirlo o tratar a quienes tienen ya un problema de consumo”.

Entre los padecimientos mentales, la depresión y la ansiedad son los más asociados con el consumo de sustancias. También, en menor medida, el Trastorno por Déficit de Atención (TDA), que aumenta la incidencia de consumo en edades tempranas.

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Foto: GeoStock / Getty Images

“El reto es montar un primero y un segundo nivel de atención, pues, en la actualidad, toda la atención relacionada con la salud mental se concentra en un nivel de especialidades. Un diagnóstico de depresión puede demorar hasta 14 años”, dice Quijada Gaytán.

La estrategia de acciones de salud pública implica entender la salud mental como el bienestar biopsicosocial que permite a los individuos enfrentar el estrés y contribuir a la sociedad. Para ello, se deberá reordenar la operación de las 336 unidades de Conadic, que hoy son llamados Capa (Centros de Atención Primaria a las Adicciónes) y 48 Cisame, que son Centros Integrales de Atención a la Salud Mental.

“Éstos no pertencen a la Federación, sino a los gobiernos estatales; serían los que, en el mediano plazo reoganizaríamos para montar un primer nivel de atención, pero, en realidad, a mediano y largo plazo la salud mental deberá estar integrada al sistema de salud en general”.

Además, para lograr que cada clínica del sistema de salud tenga una unidad de atención, el personal médico de primer contacto (enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos, médicos generales) puede recibir capacitación por parte de la Conasama para la detección y diagnóstico de trastornos mentales, fundamentados en protocolos internacionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Esto permitiría que, por ejemplo, alguien que acude a su clínica familiar a tratar una infección de garganta, pueda ser identificado y diagnosticado con depresión y reciba un tratamiento adecuado, recetado por un médico general, sin derivarlo a un tercer nivel de atención.

“Hay dos maneras generales de dar tratamiento: el farmacológico y el psicoterapéutico. Lo ideal es combinarlos. Los fármacos pueden quitar síntomas, pero el tratamiento psicoterapéutico busca cambios en el estilo de vida para evitar factores de riesgo. Como parte del estigma se cree que los fármacos para ansiedad y depresión son muy fuertes; en realidad, son medicamentos muy nobles que los médicos generales podrán recetar sin mayor problema; de hecho, la mayoría ya se venden sin receta, dado que son bastante seguros en sus prescripciones”.

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El trabajo conjunto con la SEP permitiría que los egresados de las carreras de Medicina y Psicología tuvieran la capacidad de atender padecimientos como depresión, ansiedad y consumo de sustancias, e identificar otros más graves, como esquizofrenia o trastorno bipolar.

“La apuesta consiste en capacitar; que los egresados de las carreras del equipo multidisciplinario sean capaces de identificar y tratar trastornos débiles a moderados para estar integrados al sistema de salud en general”.

Actualmente, sólo 3% de los egresados de las carreras asociadas al sector salud están capacitados para detectar y diagnosticar trastornos mentales. Una de las metas es elevar esa proporción a 15%.

“En la Conasama, ya existe un equipo que está a cargo de la capacitación. Utilizaremos un instrumento, recomendado por la OMS, que permite identificar TDA, psicosis, epilepsia, ansiedad, depresión, adicciones, demencias y también a víctimas de violencia. Es una guía validada internacionalmente y permite capacitar a no especialistas”.

La meta para los próximos tres o cuatro años es contar con 8,000 profesionales capacitados a través de una red de facilitadores que incluye, asimismo, a personal del Injuve.

Cuestionados sobre cuánto tiempo hace falta para contar con un sistema de salud capacitado para atender y ayudar a combatir adicciones, Lorena Rodríguez y Juan Manuel Quijada coinciden en que la clave será disponer de recursos.

“El plazo depende mucho de los recursos y de tener la apertura en los distintos niveles de atención a la salud en los estados. Hay entidades donde los sistemas están muy bien cimentados y será muy fácil penetrar; y hay estados donde las instituciones son raquíticas o nulas: ahí será más difícil”, añade Quijada.

 

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