La ampliación que hizo el Congreso de Nuevo León del concepto de legítima defensa conlleva más riesgos para la ciudadanía que beneficios. La reforma al artículo 17 del Código Penal estatal establece que el principio en cuestión favorecerá al que causare cualquier daño, lesión o prive de la vida a algún sujeto que haya ingresado a un hogar o establecimiento y el intruso ejerza violencia sobre otras personas o sobre las cosas el el sitio. De igual forma, aplica si la defensa se da en el momento mismo de que el presunto criminal se está metiendo o “realizando actos idóneos encaminados a lograr entrar”. El cambio legal fue aprobada el pasado lunes con el argumento de otorgar certeza jurídica a los vecinos preocupados por la inseguridad. Lee los detalles de esta aprobación en: Congreso de Nuevo León amplía concepto de legítima defensa No obstante, matar a alguien en legítima defensa conlleva muchos más supuestos y en última instancia, es un juez el que determinará si un ciudadano actuó con tal intención o no, advierte Enrique Vázquez Acevedo, maestro en Ciencias Penales y profesor de Derecho del Tecnológico de Monterrey. En entrevista para Forbes México, el académico indicó que la legítima defensa es una condición excluyente de responsabilidad de un delito, pero no borra el delito, por lo que una investigación criminalística, con pruebas científicas, se deberá efectuar. Entre los elementos a analizar está que si se usa un arma, ésta se encuentre debidamente acreditada. El Ministerio Público será el primer filtro en el que se tratará se dilucidar si una persona agredió a otra para defenderse, para lo cual tendrá 48 horas. En caso de que determine que no o no alcance a llegar a una conclusión, el ciudadano agresor será presentado ante un juez, el cual emitirá un auto de vinculación; el homicidio es un delito el cual no permite la libertad bajo caución, por lo que la persona deberá permanecer en prisión. “Un proceso penal es verdaderamente es algo en lo que no te imaginas el estrés al que se somete un ciudadano, se juegan su libertad”, advirtió. Para Vázquez Acevedo, la reforma al código penal neoleonés no va en el sentido correcto para abatir la inseguridad, pues ésta sólo se combatirá con prevención y educación. Asimismo, plantea que sería útil que se haga una promoción de la reforma en la que se digan todas las posibles consecuencias y se llame a la responsabilidad. “Lancemos un programa en el que al ciudadano le digamos las implicaciones que tiene, ‘tienes beneficios, sí pero también vas a tener ciertas obligaciones’, esto es ‘te vas a someter a proceso, vas a tener que llevarlo, vas a tener que ir ante un juez, vas a tener que estar sometido a juicio’, todo esto”, mencionó el especialista.

 

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