La Ley de Disciplina Financiera para Estados y Municipios, promulgada ayer por el presidente Enrique Peña Nieto, tiene como objetivo mayor transparencia en las finanzas de los gobiernos subnacionales, controlar el endeudamiento a corto y largo plazo e incluir mejores prácticas en la gestión financiera.

Pero esta legislación también abre la puerta a fin de que haya más competencia para que los estados contraten empréstitos a una tasa más baja y, por ende, los bancos e instituciones financieras tengan más incentivos para ampliar su cartera de crédito.

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El Artículo 35 de la nueva ley dice que “en ningún momento, el saldo de la Deuda Estatal Garantizada podrá exceder el 3.5% del Producto Interno Bruto nominal nacional”.

Esta legislación permitirá que los gobiernos subnacionales contraten deuda con una garantía del gobierno federal, lo que bajará la tasa de interés. Los gobiernos con deudas más altas podrían recurrir a esta garantía, pero tendrán que sujetarse a una supervisión más estricta de la Secretaría de Hacienda.

“Consideramos que los (gobiernos) que no puedan contratar más deuda, o aquellos que tengan costos del servicio de la deuda mucho mayores al promedio estarán más dispuestos a contratar la garantía federal”, indica la calificadora Moody’s en un análisis de principios de abril.

Esta ley no sólo aplicará a los gobiernos subnacionales, sino también a sus organismos, para los que también habrá acceso al crédito.

“Podríamos estar pensando en analizar a los organismos de agua de un estado, que algunos están muy ordenados y su información para darles crédito es muy clara. No todos están en esa situación, pero la ley va a hacer que los números sean más claros y verlos como sujetos de crédito sin tener la garantía del estado o del municipio”, dice Carlos Rojo, director general de Grupo Financiero Interacciones.

 

Semáforo de endeudamiento

La ley de disciplina financiera para estados tienes tres componentes principales. El primero es un sistema de alertas de endeudamiento de las entidades, que tendrá que estar conformado a más tardar en abril de 2017.

En verde estarán los estados con un nivel de endeudamiento sostenible, en amarillo estarán los estados en observación, y los gobierno que enciendan los focos rojos estarán clasificados en un nivel elevado, por lo que no podrán contratar financiamiento a menos que tengan un convenio con la Federación.

Los estados que podrían estar en observación o en elevado, según Moody’s, son.

Chihuahua
Coahuila
Michoacán
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Quintana Roo
Sonora
Veracruz
Zacatecas

Estas entidades tienen niveles de deuda superiores al 100% de sus ingresos de libre disposición, de acuerdo con la calificadora.

La deuda de los estados y municipios al cierre de 2015 ascendía a 539,269 millones de pesos (mdp), 5% más que en 2014, según registros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El segundo componente es que los gobiernos subnacionales podrán contratar una garantía del federal que otorgará la Secretaría de Hacienda, lo que puede bajar el pago de intereses.

El tercer componente es un registro público de deuda, que deberá tener detalle de las obligaciones financiera de corto y largo plazo, arrendamientos financieros, factorajes, garantías y asociaciones público-privadas.

 

Más información y crédito

Esta información daría un perfil crediticio más detallado sobre las entidades y mejoraría su acceso al mercado.

“Creemos que esta ley, al darnos más transparencia a los bancos, nos ayudará a ver mejor el riesgo y, por ende, ofrecer tasas más competitivas o más acordes al tipo de riesgo que estamos tomando”, dice Carlos Rojo, CEO de Interacciones.

Interacciones cuenta con una cartera de crédito de 87,350 millones de pesos al primer trimestre de 2016, de la cual el 60% corresponde a gobierno.

Su cartera de crédito a gobierno creció 7.3% en el primer trimestre. Interacciones está en el segundo lugar de participación de crédito a estados y municipios, con un 18%, sólo por detrás de BBVA Bancomer.

A febrero de este año, la banca múltiple contaba con una cartera de crédito de 336,100 millones de pesos, 5.4% más que en el mismo mes del año anterior, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Carlos Rojo, de Interacciones, dice que el objetivo del grupo financiero es incrementar la cartera de crédito a gobierno entre 17 y 20% este año.

Además de las entidades subnacionales, sus organismo serán sujetos de crédito con la nueva ley.

“Esta ley no es sólo para estados y municipios, sino para sus organismos públicos descentralizados. Por ejemplo, tiene reglas de aplicación para las universidades y sus presupuestos”, dijo el pasado lunes Marcela Andrade, jefa de la unidad de coordinación con entidades federativas de Hacienda.

Los entes estatales y municipales, como los organismos de agua, también podrán ser sujetos de crédito, comenta Carlos Rojo.

 

Los riesgos

El éxito de esta legislación dependerá de que sea bien aplicada. “La implementación de las medidas podrían verse afectadas por retrasos o prórrogas en las fechas de cumplimiento, como lo fue en el caso de la Ley de Contabilidad Gubernamental”, advierte Moody’s en un análisis.

Desde que era discutida en el Congreso, organismos ciudadanos advertían riesgos en la ley, pues se otorgaría la garantía del gobierno federal para la refinanciación de deudas estatales que de origen pudieron ser inconstitucionales al no haber sido aprobadas por los Congresos locales y no representar las mejores condiciones para el estado.

La legislación secundaria “debería evitar la eventualidad de que tales compromisos sean refinanciados, sin auditarlos y sin haber revisado su constitucionalidad. De lo contrario se estaría beneficiando sólo a los acreedores de los proyectos de inversión, quienes tendrán ahora la certeza de que la Federación eventualmente sea quien les pague”, dijeron el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), México Evalúa y el Centro de Análisis e Investigación Fundar, en un documento emitido el pasado 8 de marzo.

Los organismos también alertaron sobre la ausencia de un catálogo de sanciones para las entidades o funcionarios que no cumplan con la ley.

“El total cumplimiento de la legislación se prevé para el año 2022 y esta fecha podría posponerse. El impacto también dependerá del cumplimiento de la ley respaldado por la aplicación de sanciones creíbles”, coincidió Moody’s.

 

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