Casi 11 millones de personas en México no tienen acceso al agua potable. El problema crece y amenaza con desbordarse.  ¿Puede una ley ayudar a solucionar el problema de abasto y distribución? ¿Qué ventajas y desventajas tiene la legislación que está atorada en el Congreso? ¿En qué falló?

 

La distribución y falta de agua es un problema grave. En el mundo existen más de 1,100 millones de personas que carecen de acceso al agua potable, equivalentes a 18% de la población. Además hay otros 2,400 millones que no cuentan con drenaje doméstico adecuado, indican datos de la Organización de las Naciones Unidas.

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En México, el panorama es preocupante: 10.6 millones de personas no cuentan con agua potable y entre 30 y 50% del líquido para abastecimiento público se pierde en fugas. Esto genera un fuerte desabasto en todo el país, principalmente en las ciudades.

“El problema del agua es verdaderamente crítico. Un diagnóstico realizado en la administración pasada (sexenio de Felipe Calderón) mostró la pérdida de acuíferos, problemas de abastecimiento muy serios en las ciudades y comunidades, contaminación acelerada de los cuerpos de agua superficiales y subterráneos, pérdida de bosques, áreas verdes, recarga de acuíferos o cuencas que se deberían respetar, pero no se hace”, comenta en entrevista con Forbes México, José Luis Luege Tamargo, ex funcionario de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y ex director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Desde 2012, México incluye en su Constitución el derecho humano al agua, pero el problema de desabasto y la falta del vital elemento sigue ahí.

Existen varios factores que afectan la distribución y el abasto de agua, dice en entrevista Anaid Velasco Ramírez, coordinadora del Área de Investigación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda): “En México la distribución del agua dulce es polarizada: en el norte hay poca agua, pero tienen mayor acceso, y en el sur hay mucha agua pero tienen poco acceso. También se han incrementado los conflictos sociales por agua y se ha dificultado una buena gestión del recurso.”

Si se mira a futuro, el cambio climático complicará aún más el escenario. En los próximos 30 años, la irrigación de las cosechas implicará un proceso logístico complejo, e incluso el agua para beber podría provenir de un proceso de reciclaje, advierte Ian Goldin, ex presidente del Banco Mundial.

 

Lo bueno: hay preocupación 

Senadores del PRD y el PAN presentaron en febrero pasado la Ley General de Aguas, que busca remplazar la Ley Nacional de Aguas; sin embargo, el proyecto ha estado rodeado de controversia, pues según organizaciones civiles, algunos políticos y varios sectores de la sociedad, el proyecto serviría para privatizar el agua.

Un documento de la Cámara de Diputados establece que la Ley es reglamentaria de los artículos 4o, párrafo sexto y 27, párrafos quinto y sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tiene por objeto establecer la participación de la Federación, los estados, el Distrito Federal, los municipios y la ciudadanía para garantizar el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, así como regular las aguas nacionales.

Ésta es la disposición general en el artículo primero de la nueva Ley General de Aguas, que agrega en su redacción la participación de la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios en la regulación del agua, detalles que la anterior Ley Nacional de Aguas no contempla, al menos en su  primer artículo.

“Se requiere convertir la ley nacional en ley general, porque de esta forma se hace una ley obligatoria para los estados y municipios. Es una ley de carácter general que ‘todos’ deben cumplir, como la Ley General de Salud. El esquema es el correcto”, asegura Luege Tamargo.

Pero las mismas interrogantes provocaron en marzo la postergación (indefinida) del proceso legislativo. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados suspendió por unanimidad de sus ocho partidos integrantes, “el tiempo que sea necesario”, la discusión en el pleno del dictamen de la Ley General de Aguas.

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Lo (no tan) malo

Aprobar este tipo de reformas siempre implica desacuerdos; por ello, dice José Luis Luege Tamargo, la solución podría estar en generar un proyecto donde haya más participación ciudadana en la elaboración y donde se rescaten algunos elementos de la propuesta original.

Éstos son los tres puntos que más se han cuestionado sobre la Ley atorada en el Congreso, pero el ex director de Conagua los ve positivos, aunque con reservas:

Privatización: “Todos los artículos y capítulos que corresponden a la participación privada, si no son idénticos, son casi iguales a la ley anterior.  La ley no contiene ningún capítulo que demuestre que es privatizadora. Los capítulos son los mismos.”

Fracking: Se trata de una fracturación hidráulica utilizada para posibilitar o aumentar la extracción de gas y petróleo del subsuelo. El proceso incluye la inyección de agua a presión mezclada con algún químico en el terreno para  ampliar las fracturas existentes en el sustrato rocoso que encierra el gas o el petróleo. “No hay nada en la ley que indique que se va a facilitar o promover esto.”

Pago de derechos: “El problema del agua es pagar el servicio de transporte, potabilización, filtrado, bombeo y entrega en tu domicilio. Otro punto que no se considera en la ley anterior, ni en ésta, es el pago de derecho de agua agrícola (más de 80% del agua que existe en el país se utiliza para actividades agropecuarias), y ése es un punto muy grave, porque la agricultura es una actividad económica. Yo sí creo que la ley debe permitir el debate sobre el pago de derechos en la agricultura e ir bajando o ir intercambiando subsidios en la extracción del agua por otro tipo de ventajas para los agricultores.”

 

Lo feo: grupos vulnerables quedan fuera

Pese a que el proyecto de una nueva ley que regule la distribución del agua está detenido, los expertos coinciden en que es necesaria una nueva regulación que cumpla el objetivo principal de asegurar el derecho humano al agua.

“Claro que es necesaria una nueva ley, pero la propuesta que está ahora en la Cámara de Diputados no cumple con el objetivo de llevar agua a todos”, afirma Velasco Ramírez.

La especialista encuentra preocupantes varios puntos de la Ley General de Aguas:

El artículo 49: “Es el relacionado con la obligación de las autoridades a dar agua a los asentamientos humanos. Eso es totalmente inconstitucional, va en contra de un enfoque de los derechos humanos. Es básico que lo modifiquen. Jurídicamente, para ser considerado un asentamiento humano se deben cumplir ciertas características que algunas poblaciones rurales indígenas no podrían cumplir. Esto es violatorio de derechos humanos; esto es un error. El Estado se lava las manos. Es irónico: a la gente que tiene menos acceso al agua hoy, la ley le está reiterando que no le van a dar el acceso.”

La definición del mínimo vital: “Establece como mínimo 50 litros por persona sin algún sustento científico, cuando a nivel mundial se estipula que son de 50 a 100 litros; esto disminuye los estándares normales del derecho al agua.”

Organismos comunitarios: “En Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, a falta de servicios públicos de agua por parte del municipio, las propias comunidades se han unido en Organismos Comunitarios para abastecerse por sus propios medios. Esta figura, la ley no la contempla. Además, en la ley no está previsto consultar a estas comunidades y en cualquier momento podría llegar un organismo operador y situarse sobre cualquier organismo.”

Concesiones: “El problema con las concesiones es que se entregan sobre estudios de disponibilidad, que no reflejan la calidad del agua; sólo la cantidad. Además, no existen estudios de impacto social de la concesión. Aunado a esto, un estudio de 2013 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) muestra que la Conagua sólo revisó a detalle 1% de todos los títulos de concesión.”

Para la especialista, no se alcanza a distinguir si la ley tiene un enfoque preventivo o de remediación. “Parece que la ley permite pagar tus sanciones para poder contaminar. Aparte de que se deja de lado el valor ambiental, cultural y social del agua.”

Participación ciudadana y el esquema de Consejos de Cuencas: Otros de los puntos que la Ley General de Aguas deja de lado. “Se requiere una amplia participación del capital privado en lo que se llaman Asociaciones Público Privadas (APP), que representan una ventaja para los organismos municipales y estatales. Además, se debe reforzar el sistema de planeación y de participación ciudadana en los esquemas de la nueva ley”, menciona Luege Tamargo.

La ley deja intacto el capítulo de Consejos de Cuencas (existen 13 grandes cuencas y más de 700 en el país), que es el mecanismo para incorporar la participación de la sociedad en la gestión del agua. Esta figura tiene como objetivo facilitar la coordinación, concertación, apoyo, consulta y asesoría entre los tres órdenes de gobierno, usuarios y sociedad, así como formular y ejecutar programas y acciones para la mejor administración de las aguas.

“A mí me parece un esquema muy importante para reducir la falta de agua, y no dice nada en la ley. Al no ampliar las facultades y dejar más claras las condiciones de operación del consejo de cuencas, se estaría dando un control más centralista. La ley debe ser más descentralizada y reforzar los consejos de cuencas”, afirma Luege Tamargo.

Por el lado que se vea, el problema del abasto de agua debe solucionarse pronto. En la Zona Metropolitana del Valle de México, 30% del agua que se consume proviene de las Cuencas de Lerma o Cutzamala. Además existe sobreexplotación de los acuíferos en las 56 zonas metropolitanas del país, según información del senador Alejandro Encinas durante el foro “El Acceso al agua es un derecho humano”.

Pese a la premura por resolver el problema del agua, lo primero indispensable es lograr un proceso legislativo adecuado, que dé tiempo a la participación y discusión de todos los sectores involucrados, dice Luege Tamargo. Para el ex director de la Conagua, aunque la Ley General de Aguas sigue atorada en el Congreso, la forma y el tiempo (cinco días) en que se discutió no fue el correcto. “Esto violenta el proceso legislativo. No da espacio para la participación pública y para la participación de asociaciones y especialistas.”

 

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