Más competencia y menor concentración de mercado serían los principales beneficios de la nueva ley; lo malo: un regulador más agresivo y empresas de menor tamaño que quedarían desprotegidas ante posibles arbitrariedades.
La reforma constitucional en el sector de telecomunicaciones, aprobada el pasado 22 de marzo por la Cámara de Diputados y que tendrá que ser ratificada por el Senado, contiene diversas modificaciones que tienen como objetivo beneficiar al usuario con mayor cobertura de servicios, más oferta y a precios más accesibles.
Los cambios en la ley pegarán a las grandes compañías, como América Móvil y Televisa, pues, prevén analistas, éstas deberán hacer desinversiones conforme a lo que dicten los nuevos órganos reguladores, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) y la Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE).
Pero puede causar un efecto no deseado para las empresas que no son tan grandes. El ‘coco’ para éstas es que, debido a la regulación más agresiva, se quedan sin instrumentos jurídicos y están expuestas a un “estado de indefensión”. Por ello, te presentamos lo mejor y lo peor de la reforma en telecomunicaciones.
Lo mejor: más competencia y menos concentración
Los principales cambios en la reforma son:
- La licitación de dos cadenas de televisión privadas, en las que no podrían participar Televisa ni TV Azteca
- La creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), que sustituiría a la Cofetel como ente regulador
- La creación de la Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE), la cual tendría mayores facultades y determinaría la dominancia de las empresas en sus sectores
- Aumento de la participación de la Inversión Extranjera Directa (IED) del 49% al 100% en telecomunicaciones y del 0% al 49% en radiodifusión
- Creación de cortes especializadas en la materia para dirimir casos
Sobre el aumento de IED, éste permitiría mayor competencia con la entrada de nuevos jugadores en el sector. De acuerdo con un análisis de The Competitive Intelligence Unit (CIU), la IED en el sector de telecomunicaciones está más restringida en México que en la mayoría de los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Para muestra de la concentración que se tiene, en 2012 Televisa atrajo el 70% de toda la publicidad en la televisión abierta gratuita en México, y América Móvil tenía aproximadamente el 70% del mercado de telefonía móvil del país, el 90% de sus suscriptores de telefonía fija y casi el 70% de sus clientes de banda ancha, señala Moody’s en un análisis.
Aunque falta que el gobierno emita un reglamento y el calendario de aplicación, la nueva ley representa “un claro riesgo para las posiciones de mercado de ambas empresas, sus márgenes y la solvencia global”, agrega la calificadora.
Lo peor: empresas desprotegidas ante regulador
Para Bank of America Merrill Lynch, esta reforma “promueve el crecimiento económico de México, aumentando el capital, lo que ayuda a crear más empleos y a aumentar la productividad”.
El banco de inversión resalta las facultades que tendría la CFCE, como eliminar barreras que impidan la libre competencia. Entre otras cosas, podrá determinar la dominancia de las empresas y ordenar la desincorporación de activos para que ninguna abarque más del 50% del mercado.
Aun así, las empresas podrían apelar las decisiones de los reguladores a través de los tribunales especializados, pero éstas no serán sujetas de suspensión, es decir, las empresas no podrán obtener un amparo.
Esta medida que en principio es benéfica para que compañías dejen de impugnar los fallos de la autoridad, puede ser un arma de doble filo, pues deja a las empresas, las menos grandes, desprotegidas.
La Confederación Patronal para la República Mexicana (Coparmex) recalca que está a favor de la competencia leal, pero a la vez señala que “la reforma constitucional afecta gravemente los derechos de las empresas, pues niega la posibilidad de obtener la suspensión, incluso temporal, al promover el amparo contra los actos ilegales de la autoridad competente”.
En un comunicado, el organismo empresarial pide al Senado que al menos se permita una suspensión expedita y limitada cuando se promueva el juicio de amparo contra las normas y resoluciones “ilegales” de la CFCE.
