Las personas en México no somos más corruptas que las personas en otros países del mundo. No nacimos con un gen distinto que permita explicar por qué el país se ubica entre los países más corruptos a nivel mundial. En México, la corrupción se compone de múltiples prácticas y formas de alterar las leyes y normas, a todos los niveles y en distintos espacios, porque todos los entramados institucionales en los que vivimos generan los incentivos idóneos para ello. Se trata de condiciones que hacen más fácil lograr cualquier propósito, por menor o justo que éste sea, utilizando caminos que suponen romper las reglas del juego. La clave de ese facilitamiento es la impunidad.

La corrupción es definida por la Real Academia Española como “en las organizaciones, especialmente las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas, en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”. También la define como “acción o efecto de corromper o corromperse”.

Por su parte, impunidad se refiere a la falta de castigo. Se entiende como el escape o evasión de la sanción que implica un delito.

El incentivo perverso que vive México desde hace muchas décadas es el manejo discrecional y político de la justicia; es decir, que aquellos que están en posiciones de poder e influencia – política, económica o social – determinen lo que se castiga y lo que no, en beneficio personal y conforme al lugar que cada quien ocupa en la escala social. De esta forma, redes completas de delincuencia, corrupción e impunidad, se crean al amparo del poder público: en todas las áreas, en todos los niveles, en perjuicio de toda la estructura social que, cuando no es parte del juego, simplemente queda excluida.

Esta forma de acción desde lo público permeó también en la iniciativa privada y en organizaciones sociales, políticas y criminales. Las líneas de lo público y lo privado, lo legal y lo ilegal, se borraron por completo, puesto que las redes de complicidad tienen vasos comunicantes en todos los ámbitos. Este proceso ha permitido que los más grandes delitos queden en total impunidad y otros que no lo son, sean castigados injustamente también para beneficio de las personas con poder (como la eliminación de personas incómodas a los proyectos de estas redes).

Todo lo anterior, como bien lo ha interpretado el presidente López Obrador, ha tenido como consecuencia la atrofia del sistema de justicia; que a su vez ha generado el entendido de que en México los delitos no reciben castigo y que la criminalidad se contemple, en muchos casos, como una forma de supervivencia o forma de vida. De ahí el incremento exponencial de la delincuencia, incentivada y amparada desde el poder público y privado.

Insisto: el factor que hace posible estas condiciones sociales es la impunidad.

Lo ocurrido en Tlahuelilpan, Hidalgo, no es un accidente. Es resultado de factores acumulados por años, en que las autoridades responsables garantizaron que los funcionarios de Pemex involucrados en el robo continuaran sus actividades ilícitas; que los jefes de esos funcionarios, incrementaran sus ganancias; que los empresarios que se coludieron ante los ojos del Servicio de Administración Tributaria, continuaran comprándolo; que el dinero ilegal de esos delitos entrara a la economía formal; que comunidades enteras (muchas de ellas marginadas y en pobreza) se hicieran de una vida inmersa en la delincuencia a los ojos de toda la sociedad y los medios, sin que el Estado interviniera con programas de reinserción y oportunidades de desarrollo humano; que el crimen organizado se siguiera expandiendo hacia muchos otros negocios mientras nos vendían la lucha contra las drogas.

Al colocar la impunidad en el centro no se trata de alardear con el discurso del populismo penal de Mario Delgado o Morena, para que la gente de los eslabones más bajos de la cadena termine en la cárcel. Combatir la impunidad en este caso es llevar a los más grandes responsables de estas tragedias frente a la justicia: a ex altos funcionarios de todas las dependencias que tuvieron información y no actuaron, a empresarios involucrados en este negocio, a militares y miembros de seguridad pública que se beneficiaban del crimen, y a todos los líderes más beneficiados de este negocio multimillonario. Ellos, y la impunidad de la que han gozado, son los verdaderos responsables del saqueo y de las vidas perdidas en Hidalgo.

Ductos de combustibles hay en todo el mundo. Gente corrupta, que busca sacar ventaja del sistema en el que vive, hay en todos los países. La variable por la que México es un paraíso para la corrupción es la impunidad. Si el presidente quiere transformar al país, tiene que comprometerse a acabar con ella, decir adiós a su propuesta de punto final, e impulsar procesos que permitan recuperar la verdad de los crímenes que tienen a México sumido en esta situación de crisis social e inseguridad, permitiendo que los culpables enfrenten la justicia. Solo así podrá reconstruir al país y evitar que esto se repita.

 

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