El consejero presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, ordenó al secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, iniciar proceso para impugnar la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“En atención, en la que todos los consejeros me han solicitado, instruyo al secretario ejecutivo a presentar todo recurso jurídico al alcance del INE para controvertir las normas vigente o cuando tengan vigencia en razón de su potencial desapego a la Constitución”, señaló el consejero presidente en sesión extraordinaria en alusión a que presentarán controversias constitucionales contra las reformas de Morena.
Córdova comentó que estas modificaciones afectan gravemente las posibilidades el ejercicio del voto ciudadano en condiciones de libertad y equidad, por lo que dijo que de implementarse, habrá más costos por las pérdidas que se imponen, como la certeza de que siempre hay una casilla cerca, la certidumbre de que los funcionarios de casilla estarán adecuadamente capacitados y la tranquilidad de que los datos personales en la credencial para votar están protegidos sin riesgo a que sean usado para otros fines.
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“La reforma propuesta carece de los diagnósticos e información más elemental que justifique los cambios que pretende introducir. Mas allá de la justificación de aparentes ahorros de una reducción de supuestos altos costos que solo se amparan en la repetición constante de una narrativa que no por eso la hace más cierta y que se sustenta en falsedades, la evidencia que ponemos a disposición es que la reforma del plan B de implementarse sería más costoso para nuestra democracia”, dijo.
Dicho plan contempla reformas que ya fueron aprobadas en la Cámara de Diputados, pero aún deben pasar por el Senado.
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Mencionó que si el proceso legislativo culmina, pues actualmente falta el voto de los senadores en 3 de las 5 leyes que contempla el plan B de reforma electoral, y se publican los cambios, se tendrá la primer reforma “regresiva de nuestra democracia y estaremos en la antesala de una inmérita incertidumbre preelectoral que será en 2024”.
Por lo anterior, señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrá la responsabilidad de “salvar a la democracia”, por lo que reiteró que desde el INE acudirán a todas las instancias legales para “defender la democracia y garantizar el derecho de la ciudadanía a participar en el futuro en el país y que este sea bien contado”.
Durante la sesión y al presentar el informe sobre las consecuencias de las reformas electorales aprobadas por Morena, todos los consejeros pidieron la presentación de controversias constitucionales ante la SCJN, pues recordaron que de las 2 mil 571 plazas que conforman actualmente la estructura del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) del sistema del INE, los cambios a leyes secundarias contemplan mantener solo 396, que significa que 84.6% se quedarían sin empleo.
