Si no se logra que la otra mitad de los mexicanos tenga acceso a la red, por más que se generen programas de bienestar siempre estarán marginados, y eso no sólo es un problema de cohesión y bienestar social, sino de competitividad global.

 

Hace unos días tomaron posesión de sus cargos los miembros de la LXIII Legislatura, que estará en funciones hasta 2018. Ello representa una excelente oportunidad no sólo para construir las leyes y proyectos que hacen tanta falta en el país, sino para proponer y generar ideas que garanticen a todos los mexicanos un país más justo y equitativo, más allá de lo que sus fracciones parlamentarias busquen de forma inmediata.

En este sentido, los legisladores tienen una gran oportunidad, pues, más que nunca, la comunicación entre gobierno y gobernados es constante y bidireccional. A través de los medios digitales y de las redes sociales, las distintas cámaras pueden enterar a la sociedad de lo que hacen y cómo lo hacen; de sus proyectos y prerrogativas de una manera clara, sencilla y sin rodeos. Las redes digitales son tanto del Estado como del pueblo que gobiernan.

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En la sociedad en que vivimos, la información es un bien tan importante como cualquier otra divisa. Si los funcionarios la usan de manera adecuada, si no dejan que existan vacíos de información, será mucho más fácil entender cuál es su labor, cuáles sus alcances y cuáles sus resultados. Es importante exigirles que entre sociedad y Cámaras de representación construyan una relación profunda y de uno a uno.

Es importante hacerles notar a diputados y senadores que no se sorprendan si su trabajo es cuestionado, puesto en duda o francamente rechazado o insultado: es parte de la naturaleza de un medio que es evidentemente democrático. De lo que deberían dudar es si de repente lo único que escuchan a través de las redes y medios digitales son vivas y halagos. Algo estará mal ahí.

Por ello, a los legisladores les pedimos que no caigan en el juego fácil de seguir supuestas estrategias de autoadulación, que no conducen a nada: los bots no son personas, son esos acarreados virtuales que sólo sirven para ensuciar un canal de comunicación directo, sincero y preciso entre ustedes y la gente que gobiernan. A la larga, un bot no votará por su partido.

Si senadores y diputados construyen conversaciones y alientan discusiones, sin miedo a debatir o ser cuestionados, su labor será entendida y retroalimentada. Es mejor construir canales de comunicación verdaderos que pozos sin fondo en la comunicación digital.

Yo no soy experto en muchos de los temas en los que ellos tienen que construir leyes efectivas, pero la práctica, el oficio, la academia y la investigación me han llevado a notar serias ausencias en algunos asuntos que, desde mi punto de vista, necesitan una urgente revisión.

Por ello he notado 3 temas pendientes de la agenda legislativa en materia de comunicación digital que necesitan con urgencia ser revisados.

1. Legislación electoral y acceso a las TIC adecuadas. A pesar de que la Legipe fue promulgada apenas en 2014, tiene profundas ausencias en materia de comunicación digital, ya que no sólo los medios digitales no están contemplados en dicha legislación; tampoco existe una correcta fiscalización de los recursos. Y es que un mismo presupuesto, dependiendo de la habilidad de quien compre los espacios digitales, puede generar una diferente cantidad de impactos en la web y en redes sociales.

Las redes sociales pueden marcar la diferencia ante los candidatos independientes y el inequitativo reparto de tiempos oficiales. Por ello es importante generar leyes asimétricas entre las instituciones políticas, que por una parte garanticen que, bajo ninguna circunstancia, la población verá afectada su libertad de expresión, y por otra generen condiciones de participación más equitativas para los partidos políticos.

2. Acceso universal a las TIC de forma libre y gratuita. El acceso universal es un tema de vital importancia, pues dentro de las condiciones de bienestar de la población se plantean siempre otras prioridades como el combate a la pobreza, la inseguridad, el acceso a la salud o la calidad de la educación; sin embargo, el acceso a las tecnologías de información y comunicación debería considerarse en este rubro, pues si no se logra que la otra mitad de los mexicanos tenga acceso a la red, por más que se generen programas de bienestar, siempre estarán marginados, y eso no sólo es un problema de cohesión y bienestar social, sino de competitividad global.

Además, garantizar el libre acceso a las TIC no sólo se trata de hacer que la población entre a internet; también debería incluir capacitación, formación para el empleo digital y políticas fiscales que incentiven el uso de dichas tecnologías como parte de un proceso de integración digital total, aunado a políticas de inclusión digital tanto para los adultos mayores como para grupos socialmente marginados.

Ello implica también garantizar que la participación de los ciudadanos en los entornos digitales debe cuidarse y mantenerse libre, pues limitar o coaccionar los contenidos que la sociedad produce sería un grave error, no sólo para la libertad de expresión, sino para los derechos humanos más fundamentales.

3. Leyes de protección de identidad digital. Quizá les suene extraño, señores legisladores, pero es importante que desde este momento se cree un marco legal sobre la información que diferentes aplicaciones y dispositivos tecnológicos obtienen de nosotros, para que en el futuro no tan lejano del internet de las cosas sepamos exactamente quién tiene nuestros datos y qué hace con ellos. Las leyes sobre el derecho al olvido digital se empiezan a crear; sin embargo, es necesario que tengamos derecho a ser invisibles digitalmente.

Existen ausencias en materia de comunicación digital, pero eso es una gran oportunidad para crear los marcos que regulen la participación de las instituciones políticas en el ámbito digital. Lo que también es muy importante señalar es que, hasta el momento, las redes sociales y los medios digitales son espacios de libre interacción en los que, por fortuna, no puede mandar ninguna institución política o gubernamental, pues ello limitaría gravemente los alcances de la sociedad civil. Legisladores tienen la difícil tarea de mantener libre un espacio que, incluso, puede ser contrario a sus intereses de partido. Vamos a darles un voto de confianza.

 

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