Los claroscuros de la reforma migratoria en EU

El 18 de abril, tras varios meses de complejas negociaciones, los representantes tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano, presentaron una primera propuesta para regularizar a poco más de 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.   Por Javier Urbano Reyes* Como parece ser en la política de esta nación, los presidentes invierten su primera gestión en el desarrollo de estrategias para asegurar un segundo mandato y toman su segundo mandato –si lo ganan– en hacer todo lo posible por pasar a la historia. Precisamente en esta segunda fase se encuentra Barack Obama, cuya gestión parece ser capaz de soportar la presión de ciertos sectores antiinmigrantes, y de eventos coyunturales como los ataques terroristas en Boston durante la segunda semana de abril. A pesar de estas circunstancias, la propuesta de reforma migratoria parece encaminarse a su proceso más arduo y más lleno de obstáculos: tanto republicanos como demócratas convergen en la idea del qué (la reforma migratoria), pero sin duda no es la misma situación sobre los cómo (los mecanismos, criterios y estrategias para aterrizar la propia reforma). En palabras llanas: hay acuerdo sobre la necesidad de acometer la reforma migratoria, pero no hay consenso sobre quiénes y cómo se debe identificar a los elegibles que se verán beneficiados del proceso de regularización. Algunos de los puntos más relevante de este primer intento son entre otros: a) Marco Rubio, senador republicano por Florida, ha querido insistir en que la propuesta no pretende dar una amnistía a los inmigrados ya que estas poblaciones deberán pagar 500 dólares de multa, además de abonar los impuestos no pagados durante su estancia sin documentos en este país. b) Los inmigrantes indocumentados deberán acreditar que no tienen antecedentes criminales. c) El proceso para la adquisición de la residencia duraría 10 años, plazo a partir del cual los inmigrados sin documentos estarían registrados como inmigrantes temporales registrados, cuyo estatus les permitiría salir y entrar de Estados Unidos sin restricciones. Al cabo de tres años, estas poblaciones podrían ser elegibles para adquirir la ciudadanía. Entre el inicio de la gestión y hasta la adquisición de la ciudadanía, el inmigrado deberá esperar 13 años. d) Para el caso de los estudiantes que entraron a la Unión Americana con sus padres se propone que soliciten en un plazo de cinco años el permiso de residencia. La misma situación podría darse para los trabajadores agrícolas relevantes,  aquellos que suplen la falta de trabajadores estadunidenses en dicho sector. e) Para gestionar de mejor forma las solicitudes de personas que desean ingresar por vías regulares al país, se plantea la emisión de nuevos visados para trabajadores extranjeros, permisos temporales para trabajadores menos cualificados y un sistema de verificación con el fin de impedir que los empresarios contraten a trabajadores indocumentados, amén de que se creará un visado para empresarios emprendedores que busquen que su negocio contrate a nacionales de la Unión Americana. f) El inicio del proceso de regularización está atado al proceso de aseguramiento de la frontera sur de Estados Unidos. La seguridad fronteriza sea capaz de detener a 90% de los nuevos aspirantes a indocumentados. Para ello, la administración de Obama invertiría 5,500 millones de dólares en la siguiente década con el objetivo de destinar tres 1,500 agentes fronterizos y expandir la valla que divide las fronteras de México y este país. g) En teoría, la propuesta de reforma migratoria pretende reducir la importancia de la reunificación familiar al conceder permisos a los descendientes de quienes residen legalmente, además de que reduce estos permisos a familiares de nuevos residentes de 75 a 50%. La administración migratoria eliminaría 70,000 permisos para familiares de residentes, a cambio de aumentar en 220,000 los permisos para profesionales calificados. Puestas las primeras bases de la propuesta de reforma migratoria y al considerar que en los detalles está el demonio, debemos abordar con seriedad los puntos más complejos en este largo y sinuoso camino: 1) El pago de la multa es una propuesta que puede ser razonablemente aceptada sin mucha polémica. La dificultad estriba en la segunda parte, esto es, que los inmigrantes sin documentos paguen los impuestos no abonados durante su estancia. En esta última parte el gobierno y los legisladores pueden jugar al olvido o al cinismo: millones de trabajadores irregulares en el país ya pagan impuestos, sea en forma irregular, con una tarjeta de seguridad falsa, etcétera. No sólo eso: los impuestos que pagan estas poblaciones no retornan para su beneficio en razón de su condición irregular. 2) La condición de no antecedentes penales es sin duda razonable y con seguridad que sería bien recibida por la mayoría de los actores en pugna. La realidad es que miles de migrantes que han sido deportados desde Estados Unidos fueron penalizados por alguna infracción mínima, donde no pesó la falta en sí misma, sino el hecho de que esa misma falta la cometía un inmigrado ilegal. Por ello, varios miles de estas personas, que incluso tienen hijos ya nacidos en la Unión Americana, se podrían ver impedidos para regularizar su situación, aun y cuando ya tengan un vínculo legal al tener hijos nacidos en aquel país. 3) 13 años para la adquisición de la residencia podría ser una patente de corso para explotar legalmente a los inmigrados. Expliquemos. Si el inmigrante inicia su proceso y éste tarda 10 años, este lapso contiene un vacío legal en el cual no se es ni indocumentado pero tampoco un residente y esta situación de posible indefinición jurídica bien podría ser interpretada como un estatus que impediría que los empresarios pagaran salarios adecuados a una condición documentada. Diez años en tránsito de indocumentado a residente es un tiempo atractivo para quienes lucran con su explotación. 4) Buena cantidad de naciones industrializadas tienen como una de sus prioridades el diseño de estrategias de retención de inmigrados que al terminar sus estudios, se les da la opción de buscar un espacio laboral en el país de recepción. Para Estados Unidos, como para cualquier otra nación desarrollada, la inmigración altamente calificada no es sujeto de polémica social. La polémica social se centra en la inmigración no calificada e indocumentada. 5) El centro de la idea sobre sanciones a empresarios que contraten trabajadores indocumentados es una copia fiel del Acta de Reforma y Control Migratorio (IRCA) de 1986. Igual que en esa época, se plantearon sanciones para los empresarios, pero tales sanciones no supusieron la reducción de los contingentes de trabajadores empleados sin documentos. La migración indocumentada es una necesidad estructural de muchos sectores de la economía de Estados Unidos, en especial del sector agrícola.  Amplios contingentes de inmigrados sin documentos sostienen la rentabilidad de zonas agrícolas de California y que incluso ha habido polémicas legales y amagos de denuncia de agricultores porque se cerró tanto la frontera, que no pudieron llegar los ilegales, por lo cual se perdieron miles de toneladas de frutas y de hortalizas. 6) El fortalecimiento de la frontera como requisito para el inicio del proceso de regularización no es una novedad. En realidad, el fortalecimiento de la frontera sur sólo apunta a un ganador: los que trafican migrantes. Si hoy se deben pagar dos mil o tres mil dólares para pasar con relativa seguridad hacia Estados Unidos, el reforzamiento de la frontera encarecerá el servicio de tráfico. Para quienes no tengan recursos para pagar este nuevo tabulador, la única salida será retar al desierto, y con ello aumentará exponencialmente la muerte en estas zonas que para Estados Unidos  son áreas de contención migratoria natural, pero de ello no entiende el migrante. Él seguirá pasando aunque en esto le vaya la vida. 7) La reducción de la inmigración por vía de la familiar no puede durar más que 13 años, justo el tiempo que tardarían los 11 millones de inmigrantes en ser ciudadanos. Si uno de los derechos del ciudadano regular es solicitar la reunificación, ¿cómo hará la legislación de este país para impedir la consumación de esta prerrogativa?, la lección del IRCA, que supone que desde 1986 gran parte de la nueva inmigración fuera de reunificados, marca una lección para mirar hacia atrás sobre los errores cometidos y sobre el riesgo de violentar derechos adquiridos de los nuevos ciudadanos dentro de 13 años. Apunte final y al margen. La reforma migratoria no está fundada en la solidaridad de los partidos políticos en Estados Unidos. El origen de estas iniciativas es espurio o bastardo, si se quiere ser más crítico. Los republicanos quieren arrancar un botín que desde hace décadas está en manos de los demócratas: el voto latino, el de mayor crecimiento en los años por venir. En este debate, lo que menos importa es el bienestar de los inmigrados, aunque muchos vean en la reforma misma algunos atisbos de futuro para estas poblaciones. *Coordinador del Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana.