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En la primera entrevista desde que salió de la CFC en 2013, Eduardo Pérez Motta dice que apoya la bandera de inclusión y combate de la pobreza extrema del go­bierno de Andrés Manuel López Obrador; pero, al mismo tiempo, alerta sobre los riesgos de restar independencia a los órganos autónomos. “La historia nos indica que se tiende a mezclar y justificar, como téc­nicas, decisiones que, a veces, son netamente políticas, y eso ha generado distorsiones, confusiones y errores muy graves”, afirma el hoy socio de SAI Consultores. “La realidad mexicana justifica la existencia de órganos autónomos, independientes”.

¿Por qué es importante que la Comisión Federal de Competencia actué con ma­nos libres respecto del Gobierno?

Quiero dejar un posicionamiento. Me considero un economista liberal. Creo en las ventajas del mercado como un mecanismo que, a través de la eficiencia y la libertad, puede permitir y asegurar que los mercados funcionen, no nada más eficientemente, sino que aca­ben beneficiando a quien nos debe de preocupar más, que son las mayorías de la población consumidora.

Con relación al nuevo gobierno, mi posición es de mucha confianza. Enarbola una bandera que, sin duda, apoyo: asegurar resultados mucho más incluyentes, que se incorpore a la población que no ha sido considerada, que haya más oportunidades y una legítima preocupa­ción por las personas que están en pobreza extrema.

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Por otro lado, la realidad mexicana justifica la existencia de órganos autónomos, independientes, lo cual significa no mezclar las decisiones que son neta y justificadamente políticas con las que deben de ser esencialmente técnicas. En México es importante que dejemos muy clara esa línea.

¿Por qué es necesario insistir en la autonomía?

La historia nos indica que se tiende a mezclar y justi­ficar, como técnicas, decisiones netamente políticas, y eso ha generado distorsiones, confusiones y errores muy graves.

En un gobierno con una fuerza y una contundencia como el que acaba de entrar, te puedes imaginar que muchos, el presidente mismo, puede decir: “A mí me eligieron los ciudadanos con una mayoría importante, ¿por qué va a haber organismos que sean autónomos? Al final del día, yo tengo la verdad”.

Si el presidente y Morena, que tiene las mayorías en el Congreso, deciden que las leyes que rigen a los órganos autónomos están mal, las pueden cambiar, pero respetando su autonomía.

Pero, al mismo tiempo que deben de ser indepen­dientes y autónomas, estas autoridades tienen que rendir cuentas a la sociedad, a través del Congreso. No se mandan solos; por lo menos, así está en la ley.

¿Y qué hay de la autonomía respecto de los poderes económicos?

Sin duda, es fundamental. Autonomía es respecto de todos, incluidos grupos de poder que pueden ser empresas, sindicatos.

La selección de los nuevos comisionados puede complicar la operación de estos órganos. En febre­ro habrá un relevo, tanto en el Instituto Federal de Telecomunicaciones [IFT] como en la CFC; hace unas semanas se formó una Comisión ad hoc de órganos autónomos: Inegi, Banco de México e INEE [Institu­to Nacional de Evaluación Educativa] y lanzaron la convocatoria.

Evaluarán currículos y, luego, aplicarán un examen, y los cinco mejores (o tres, como mínimo) se le pre­sentarán al presidente de la República para que escoja al que prefiera. Después, una mayoría calificada del Senado de dos terceras partes tendrá que ratificar.

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Ilustración: erhui1979/Getty Images.

En la nueva administración, uno de los mayores retos es hallar el balance entre la prioridad de atender las preocupaciones sociales, sobre todo los altos niveles de pobreza, y mantener una economía eficiente, que crezca, genere oportunidades e invite a la inversión, que aproveche los beneficios de un sistema global.

Las comisiones bancarias en México desmontan el argumento de que la competencia en sí misma ordena los mercados: tenemos muchos bancos y, al mismo tiempo, altos costos por sus servicios

Para que los mercados funcionen con eficiencia, tiene que haber Estado de derecho. Es natural que prestes a tasas más altas cuando tienes que cubrirte del riesgo de que no te paguen, así que, parte del problema no es el número de bancos y la cantidad de competen­cia, sino la plataforma en donde se da esa competencia: si el Estado de derecho no funciona correctamente, no te puedes quejar de que tengas comisiones y precios de servicios más altos que en Europa o Estados Unidos.

¿Es válido que ese riesgo extra lo co­bres a quien usa el cajero automático, y no sólo a quien te pidió un crédito?

Es una muy buena pregunta. Al final del día, tienes que tener un elemento de rentabilidad en tu mercado para subsistir…

Hay zonas del país donde el costo de tener un cajero automático es altísimo. ¿Van a pagar justos por peca­dores? Sí, porque, probablemente, las comisiones en lugares que son seguros van a tener que ser más altas para cubrir las inversiones allá.

Lo ideal es modificar las regulaciones que afectan la oferta, permitir que los consumidores tengan acceso a más productos y a más productores. Si regulas las comisiones sin un análisis previo, ¿quiénes van a sobre­vivir a esa regulación? Probablemente, los bancos más grandes que tengan los costos más bajos, y el resultado será contrario a lo que querías.

¿En qué práctica anticompetitiva hay más dinero en juego?

En la colusión. Los contratos con los que le pegas al bulto grande son los de obra pública; la ley de adqui­siciones tiene elementos para diseñar licitaciones y mecanismos de competencia, pero en obra pública hay mucha más libertad.

¿Cómo se regula la competencia en los estados?

En muchos, lo que tienes es la ley de la selva, literal­mente; los jugadores locales más grandes son los que ganan las licitaciones y las obras. Hay una gran falta de rendición de cuentas: al primero que debieran rendir cuentas es al gobierno federal, que es el que les transfiere una buena cantidad de recursos.

Incluso, tendría que haber candados para que la asignación de esos recursos federales esté sujeta a condiciones y a que la licitación de obras públicas estatales se haga en línea con las mejores prácticas. No estoy hablando de atacar la autonomía de estados y municipios, sino de poner incentivos y que haya me­jores condiciones de transferencia y financiamiento para los estados que los cumplan.

¿No hay un poder que exija que haya reglas de competencia locales?

Eso es un tema. La CFC está tomando decisiones en ese tipo de áreas, y yo veo que, incluso, muchos esta­dos están respetando las comisiones…

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Ilustración: erhui1979/Getty Images.

¿Está forzando?

Está forzando. Lo que pasa es que es un área medio gris. Los estados no pueden tener autoridades locales de competencia; es la federal la que tiene que tomar las decisiones. Y luego empieza todo el concepto de los pactos federales y las autonomías locales y demás.

Pero ésa es una gran falla institucio­nal, no lo puedes dejar a las circuns­tancias.

Por eso te decía que es una zona gris.

Gris y muy delicada.

Ahí, el trabajo de la CFC se sustenta, en buena me­dida, en lo que llaman abogacía: “Hay un problema con este reglamento, así que, sociedad de Sinaloa, Nuevo León, Quintana Roo, etcétera, conozcan este problema, quéjense, manifiéstense”. Es un tema en el que la CFC está probando su fuerza.

Pero afecta más allá, porque a un pro­veedor del gobierno le puede convenir irse a los estados a esconder su práctica anticompetitiva en esa zona gris.

Lo que a mí me gusta es que veo a la CFC con ganas de entrarle y viendo hasta dónde llegan sus facultades en esas áreas.

¿Qué tanto interés existe en las empre­sas por cumplir con las reglas de com­petencia?

No tienes idea; muchas son grandes empresas que di­cen: “Quiero estar en línea”. A veces están tan asustadas de faltar a la ley que dejan de hacer cosas que son lega­les y dejan dinero en la mesa. Eso tampoco está bien.

¿Y se cobran las multas? Eso desincenti­va la práctica, ¿no es cierto?

Las estadísticas las tiene que dar la CFC, aunque nor­malmente las cobra el SAT. Lo que sí te digo es que la CFC hoy gana la gran mayoría de los amparos.

¿Cómo se explica que una empresa del Estado, como CFE, permita la colusión o adjudique de manera directa?

El problema es de estructura e incentivos: si una empresa tiene el monopolio de un servicio y además es del Estado (que la subsidia, en caso de que los costos se eleven), entonces es probable que no tengas el cuidado.

Eso habla mal del Estado…

Sí, muy mal.

¿De dónde llegarán, para el nuevo go­bierno, las mayores presiones para que no implemente prácticas competitivas en las compras que hace?

Habrá presiones de muchos jugadores para que no suceda, pero ya veremos. Si el gobierno quiere atacar en serio la corrupción, los contrapesos ayudan. Si te vuelves un gobierno omnímodo, todopoderoso, van a caer sobre ti y no vas a tener los balances que te den los incentivos para hacer mejor las cosas. Es de Economía I: los incentivos tienen que estar bien alineados.

Necesitan generar certidumbre y confianza en los mercados, porque éstos te van ayudar; no son tus ene­migos, no puedes verlos así. Al contrario, pueden ser tus mejores aliados y, curiosamente, si mandas señales contrarias, generas incertidumbre y aumentas los cos­tos para tus propios programas de gobierno.

 

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