Si ilumináramos de rojo los sitios donde el Estado mexicano ha dejado de garantizar la seguridad de la población, buena parte del país estaría de ese color.

 

 

La desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa parecía al inicio un tema demasiado local como para hacer intervenir a distintos actores de la procuración de justicia y la seguridad federales. Sin embargo, el cálculo sobre el alcance del conflicto fue erróneo y ahora se enfrenta un conflicto que desde hace varios días tiene dimensiones no únicamente nacionales, pues prácticamente en todos los estados del país se han organizado manifestaciones sobre el tema, sino también ha estado en el espacio internacional, generando posicionamientos incluso de diversos gobiernos.

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Tal vez ni el movimiento estudiantil de 1968, con los límites de su propio contexto político autoritario, había generado tanto impacto como el caso de Ayotzinapa lo ha hecho en los días recientes. De ahí los altos riesgos, no únicamente para diversos sectores políticos del país, sino también para la economía y espacios sociales diversos.

El problema es complejo, no únicamente porque ya no es suficiente con que los estudiantes sean encontrados, sino porque hay cuestionamientos de fondo que ninguno de los tres órdenes de gobierno ha buscado responder. Obviamente el más relevante tiene que ver con la asociación entre el crimen organizado y la autoridad municipal, pero no se detiene ahí. Si bien la policía local y el presidente municipal, junto con seguramente otros actores políticos, pueden ser sujetos de responsabilidad, como el gobierno federal lo ha manifestado ya, la acción va más allá de los límites municipales.

El gobierno estatal comparte la responsabilidad por su omisión e incapacidad para asumir la situación de origen. Para añadir más elementos a la situación de incredulidad, en los días en que se conocía el caso de la desaparición de estudiantes, otros eran baleados por la misma policía estatal. Por su lado, el gobierno federal falló al comprender que el municipio y el estado no eran suficientes para hacer frente a un problema que parecía de su responsabilidad. Simplemente se requería su intervención porque el crimen y la incompetencia habían capturado a esas dos instancias de gobierno.

Las fosas descubiertas terminaron por hacer el problema más complejo, pues de ahí surgen dos preguntas fundamentales: si los cuerpos encontrados no son de los estudiantes, ¿de quién son?, y entonces ¿dónde están los estudiantes desaparecidos? La infraestructura de seguridad que se ha pregonado a lo largo de los últimos años, con la coordinación estatal y federal en el contexto del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no puede dar una respuesta ante hechos que supuestamente debían ser prevenidos por los sistemas instrumentados.

Más allá de lo que ha ocurrido con Ayotzinapa, el júbilo por las reformas aprobadas en los últimos dos años ha sido opacado ya por un hecho que recuerda la responsabilidad básica del Estado: garantizar la seguridad de las personas y sus bienes. Si ilumináramos de rojo aquellos lugares donde el Estado mexicano ha dejado de cumplir esta función, una buena parte del país estaría de ese color.

El riesgo no únicamente de no presentar información sobre los desaparecidos, sino de no generar un mecanismo de Estado que busque controlar los impactos ya generados por la protesta ciudadana ante este hecho, puede tener implicaciones insospechadas. Las protestas contra el partido que gobierna Guerrero nos han llevado no únicamente al límite del surrealismo mexicano, en que las protestas se dan contra los que usualmente protestaban, rebasando a todas las posiciones políticas que gobiernan. Esto es sintomático del alcance que el tema tiene y las consecuencias para la institucionalidad del país.

 

 

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