Los riesgos para el país consisten en abandonar la política de estabilidad en aras de conseguir un mayor crecimiento en el corto plazo y en no implementar las reformas. El gobierno tiene un compromiso de reducir sensiblemente el déficit presupuestario.

 

A casi ocho años de la crisis que inició con el colapso de Lehman Brothers, la economía mundial experimenta altos niveles de incertidumbre y perspectivas dudosas. México debe apostar por el Estado de derecho, la estabilidad macroeconómica y la implementación de las reformas para el crecimiento.

En buena parte, la incertidumbre global se debe a la naturaleza financiera y de sobreendeudamiento de la crisis.

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Además, los altos niveles de deuda y la necesidad de desapalancarse han coincidido con el problema estructural del envejecimiento de las poblaciones de los países de Europa y, en menor grado, de Estados Unidos.

Los problemas también se han extendido a las famosas economías BRIC. Brasil y Rusia no aprovecharon los años de altos precios de materias primas para hacer reformas que incrementaran la competitividad.

En China, las altas tasas de inversión (cercanas a 50% del PIB) implican proyectos de dudosa capacidad para generar retornos positivos, en tanto que en la India la pregunta es si el sistema político podrá superar los obstáculos religiosos, lingüísticos, étnicos y de clase.

En el corto plazo, las principales variables en el ámbito internacional seguirán siendo el precio internacional del petróleo, la tasa de interés en Estados Unidos y el tipo de cambio del dólar con respecto al euro y otras monedas.

En este contexto, la economía mexicana se encuentra relativamente pertrechada pero no inmune. Los pertrechos son producto de la ya larga inversión en la estabilidad macroeconómica, un adecuado perfil de vencimientos, bajas tasas de inflación, e independencia del Banco de México. Lo son también resultado de las reformas estructurales aprobadas en 2013-2014.

Los riesgos para el país consisten en abandonar la política de estabilidad en aras de conseguir un mayor crecimiento en el corto plazo y en no implementar las reformas. El gobierno tiene un compromiso de reducir sensiblemente el déficit presupuestario (llegar a cero, sin Pemex y CFE, en 2017), lo cual es menester cumplir para que el cociente de deuda a PIB no crezca demasiado. La reducción del déficit público será ahora más compleja con el precio del petróleo 50% menor y se empezará a pagar el costo de no haber aprovechado los precios históricamente altos, para constituir un fondo para los periodos de vacas flacas.

Por otro lado, un menor precio del petróleo puede también tener un efecto saludable en el ámbito político: muchos de los excesos de gobernadores y presidentes municipales fueron resultado del incremento de recursos transferidos desde la Federación por el alto precio del crudo. Estos recursos llevaron con frecuencia al despilfarro e incluso a su inyección en campañas electorales locales y en otros estados.

La caída en el precio implica menores recursos para estados y municipios. Esto podría servir como incentivo para evaluar una reforma fiscal auténtica basada en la recaudación del impuesto predial. La responsabilidad de municipios y estados debe ser compartida.

Las tareas para que el gobierno del presidente Peña Nieto enfrente con éxito este 2015 incierto pueden resumirse en cuatro:

  1. Implementar las reformas estructurales de manera efectiva y transparente.
  2. Ejecutar eficazmente la acción de gobierno. Ya se atendió la negociación y aprobación de las reformas. El énfasis debe ser la ejecución.
  3. Asegurar que la economía no sea vulnerable en materia macroeconómica, lo que requiere disciplina presupuestaria y eliminar gastos innecesarios.
  4. Recuperar la confianza ciudadana por medio de la transparencia. Esto, a través del nombramiento de un fiscal general autónomo con poderes para investigar enriquecimiento inexplicable y conflictos de interés, y de legislar un sistema nacional contra la corrupción para la rendición de cuentas.

 

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