Las democracias funcionan gracias a la capacidad y fortaleza institucional que logran desarrollar, a partir no únicamente del convencimiento de demócratas que permitan que eso ocurra, sino también por la construcción de prácticas y mecanismos formales e informales, que sean aceptados por los actores políticos de manera tácita, como las reglas del juego sobre las cuales se da la competencia política. Eso no quiere decir que dichos actores no busquen modificar dichas reglas en su beneficio pero, si es así, los demás podrían tener la capacidad para impedir que eso ocurra. El escenario político actual, nos ubica en una condición donde las reglas están cambiando, sin que haya actores con la capacidad necesaria para impedirlo, lo que puede dañar gravemente los avances democráticos.

La elección presidencial de julio, dejó una idea en el sentido de que habíamos arribado a una condición democrática casi por default, por el simple hecho de que el eterno candidato Andrés Manuel López Obrador, ganó la presidencia y Morena, su partido, buena parte de los cargos legislativos federal y locales, así como los ayuntamientos y alcaldías en las diversas entidades del país.

Esa llegada sorpresiva de la democracia, se ha asumido sin ninguna evaluación crítica sobre lo que realmente pasó, pero tampoco sobre las consecuencias que una mala lectura de dicho triunfo puede tener. Charles Tilly, en uno de sus últimos libros llamado “Democracias”, plantea los procesos de endurecimiento y reblandecimiento de los procesos de construcción democrática.

Una vez que se ha avanzado en la institucionalización de procesos básicos para el funcionamiento de la democracia, ocurren procesos de des democratización, debido a que los liderazgos que han sido empoderados por esos mismos procesos, asumen la posibilidad de modificar las reglas para asegurar que la condición que les llevó al gobierno no desaparezca. Lo mismo ocurre cuando los grupos que han perdido poder se reorganizan, para tratar de hacer retroceder procesos que permiten el apoderamiento de otros grupos que pueden excluirlos de otros espacios de poder.

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Esta condición es en la que posiblemente nos hemos encontrado. La administración del presidente saliente, se empeñó por hacer retroceder mecanismos que se habían logrado instrumentar, al mismo tiempo que hizo uso de otros que dañaron fuertemente la estructura institucional, como el uso de la PGR y de acusaciones iniciadas y concluidas en el contexto de procesos políticos y electorales.

Pero la nueva administración está llevando el tema más allá de lo que el mismo Peña Nieto hizo, no únicamente con el uso de prácticas extralegales para la toma y legitimidad de las decisiones, sino también a partir de la construcción de un espacio formal de dominio que puede romper con los supuestos de división de poderes y órdenes de gobierno que se habían construido en los últimos 20 años y que ahora parecen estar en riesgo. El grito de “es un honor estar con Obrador” en el Congreso de la Unión y varias legislaturas estatales, no tendría nada de relevante si no se diera en el contexto de un proceso de dominio y control de dos poderes por parte, no de un grupo, sino de una persona.

Estos riesgos de des democratización, en el contexto de un discurso de legitimidad democrática, pueden dañar la estructura institucional que es la base de una democracia real. El pliegue del tribunal electoral, la autocomplacencia del INE, el alineamiento de los empresarios, el desprecio por la sociedad civil, etc., son señales de que ese riesgo es latente. Ante ello, la capacidad de organización e incidencia de la sociedad civil es fundamental, pues es el único actor, con la capacidad real, de plantear un contrapeso a las capacidades del poder político.

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