Por Natalí Faxas

Los procesos judiciales, las atenciones médicas y psicológicas, las casas de acogida, los centros de atención a las víctimas, los presupuestos inyectados a las instituciones y proyectos son parte de los gastos del Estado para luchar contra la violencia y la inequidad de género. Pero este problema social también afecta, y económicamente, a su empresa y lo que ocurre dentro de esta.

“Una mujer que es maltratada, que sufre violencia física y psicológica rinde menos en el trabajo, se ausenta porque tiene lesiones, porque requiere atención médica, porque está en la fiscalía poniendo una denuncia o dando seguimiento…”, argumenta el especialista de Programas de la Oficina Regional de ONU Mujeres, Luis Isava, sobre cómo la violencia de género tiene un impacto directo sobre la productividad de la empresa.

Su planteamiento ya ha quedado demostrado en estudios. La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que debido a la violencia, “las mujeres pueden llegar a encontrarse aisladas e incapacitadas para trabajar, perder su sueldo, dejar de participar en actividades cotidianas y ver menguadas sus fuerzas para cuidar de sí mismas y de sus hijos”. Los trastornos mentales como la depresión, los intentos de suicidios, embarazos no deseado e infecciones de transmisión sexual son efectos relacionados con la violencia en general.

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La brecha laboral, la brecha salarial, el acoso sexual en los trabajos, son parte de las responsabilidades que recaen sobre el sector privado, sobre las empresas y las acciones que podrían tomar éstas para disminuir estos mecanismos de discriminación. Por ello, la oficial de género del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Raissa Crespo, enfatiza que el sector privado no puede pensar que está aislado de esta problemática. Estosplanteamientos fueron presentados en la conferencia “Igualdad de Género en República Dominicana: derechos y oportunidades”, que organizó Grupo Cisneros y la Fundación Tropicalia.

Más aún: “para el sector privado la inequidad de género tiene un doble componente: más allá del tema de las pérdidas económica por la baja productividad, creemos que las empresas deben tener un papel más ético y responsable con la sociedad de asumir compromisos sobre la equidad de género”, apunta Luis Isava. Informes recogidos por el Banco Mundial señalan que los gastos de los gobiernos por violencia de género alcanzan entre un 1 y 2%. En República Dominicana, esa cifra no llega al 1%, estima la ministra de la Mujer, Janet Camilo. Un estudio reciente habla de un 0.12% del PIB, desde 2011 al 2015.

Actualmente el Ministerio de la Mujer, conjuntamente con el PNUD está llevando a cabo desde hace dos o tres años la iniciativa “Sello Igualando RD”, que busca reconocer y certificar las empresas con modelos de calidad enfocados a la equidad, que promueven internamente la eliminación de la desigualdad de género en el ámbito laboral de República Dominicana.

La ministra de la Mujer explicó a Forbes que “Sello Igualando RD” inicia con una evaluación interna de la empresa en cuestión que arroja cuáles nuevas políticas empresariales e iniciativas hacen falta para garantizar la equidad de género allí. Y luego las entidades ponen en marcha estos cambios.

Camilo dijo que entre las certificadas hasta el momento está Bepensa- Coca-Cola, el banco BHD León y que entidades relacionadas con las bebidas alcohólicas ya se han acercado para ejecutar esta iniciativa, porque ya comienza a ser un requisito para cerrar negocio con socios internacionales.

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