Por Lucía Pérez Moreno

El que un estudiante pueda comprar un refresco en el campus universitario o tenga que salir a la calle para hacerlo depende de cada plantel escolar, dictaminó, en enero de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El esperado fallo dejó inconformes a todos. El embotellador que solicitó el amparo ya no podrá vender sus productos en ciertos planteles escolares, y los activistas a favor de un consumo más saludable perdieron un espacio libre de lo que llaman “productos chatarra”.

Este caso revela la complejidad de aplicar leyes, reglamentos y normativas que acompañan la Estrategia Nacional de Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, aprobada en octubre de 2013, como resultado de una epidemia nacional.

Las organizaciones pro derecho a una mejor alimentación consideran que la Corte debió prohibir la venta de refrescos incluso en los planteles universitarios.

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Su lucha es por desmantelar lo que llaman “ambientes obesogénicos”: espacios en zonas urbanas inundados de puntos donde venden hamburguesas, bebidas y pastelillos dulces y botanas.

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Los consideran los detonantes del sobrepeso y la obesidad que, de acuerdo con publicaciones de la revista The Lancet, se han duplicado en el mundo entre 1980 y 2006, año en el que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el sobrepeso como una epidemia mundial. A la cabeza están Estados Unidos, China, India y México, donde los alimentos y bebidas procesados dominan el mercado.

En México, esta epidemia comenzó con la firma del TLCAN en 1994, cuando empresas de Estados Unidos llenaron el mercado mexicano de alimentos procesados, afirma Fátima Masse, consultora en temas de salud del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

El TLCAN impulsó a empresas de Estados Unidos productoras de alimentos y bebidas a invertir en México, lo que llevó a nuestro país a estar hoy entre los 10 grandes productores mundiales de alimentos procesados, dice el estudio Libre comercio y la epidemia de la comida chatarra en México, elaborado por Grain, organización mundial de análisis en temas agrícolas. Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé, Danone y Unilever tienen plantas en México y producen para toda la región, debido a los bajos costos de mano de obra.

La apertura comercial también provocó la llegada masiva de supermercados y tiendas de conveniencia que hoy controlan gran parte la distribución al menudeo. PepsiCo, por ejemplo, entrega a un mismo punto de venta varios productos (refrescos, papas fritas y dulces), lo que le permite dictar condiciones de venta.

Las políticas comerciales de apertura favorecieron la dependencia de alimentos procesados con larga vida en los anaqueles, concluyó el relator especial de Naciones Unidas para el derecho a la alimentación, Olivier De Schutter, en la visita que hizo a México en 2012. “La emergencia de sobrepeso y obesidad se pudo haber evitado o, al menos, mitigado si las preocupaciones de salud se hubieran ligado a estas políticas”, dijo De Schutter en su informe.

Realidad amarga

La batalla entre las ONG y las multinacionales de alimentos y bebidas tiene similitudes con la que tuvieron hace décadas los activistas antitabaco.

El vínculo entre tabaco y cáncer de pulmón se descubrió en 1952, pero tomó décadas para que se restringiera el consumo. El de la diabetes con el azúcar aún no está probado, aunque hay muchas evidencias de que existe. Robert Lustig, endocrinólogo de la Universidad de California en San Francisco (UCSF), dirigió un estudio, con pruebas en más de 170 países, y determinó que, aunque no hay pruebas concretas de que el azúcar cause diabetes, sí se puede inferir que causa daños al hígado y al páncreas, y que es un factor de riesgo que contribuye a contraer la enfermedad.

La relación entre ambientes obesogénicos y diabetes tampoco ha sido demostrada, situación que las grandes empresas intentan argumentar a su favor. Su estrategia consiste en poner en primer plano el tema de la elección personal de mantenerse libre de sobrepeso y diabetes, lo que hacen a través de campañas para impulsar un estilo de vida saludable.

“Este mensaje busca echarle toda la responsabilidad al individuo, reduciendo el problema a un tema de balance energético”, dice Fiorella Espinosa, nutrióloga de El Poder del Consumidor.

En todo el mundo, estas empresas intentan hacer alianzas con grupos, instituciones y organizaciones que puedan ayudarles a deshacer el nudo entre azúcar y diabetes. La práctica denominada nutriwashing está poco estudiada en México, aunque no deja de extrañar el hecho de que Coca-Cola tenga un convenio con el Conacyt (el brazo que coordina la ciencia nacional) para dar cada año un premio de nutrición.

El meollo del asunto es la dieta, porque “nunca es lo mismo comer tres tacos de desayuno que de cena; y un pastel, a la hora que sea, es un pastel”, dice Lorena Cerdán, directora de ConMéxico, asociación que agrupa a 43 empresas de alimentos, bebidas, cuidado personal y hogar. Pero Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, desmiente este concepto: “Cuando el 70% de la población tiene sobrepeso, no se trata de elecciones personales, sino de una epidemia”.

Los mensajes de la industria buscan responsabilizar de la diabetes al individuo, reduciendo el problema a un tema de balance energético, señala Espinosa. Lo que hace la industria es velar por su interés con “ética y argumentos”, replica Cerdán, y destaca que el diálogo con los activistas es imposible porque han ideologizado el tema.

 

Batalla fiscal

En 2013, la Alianza por una Mejor Alimentación (un colectivo de cerca de 30 ONG) se anotó una primera victoria. Convenció a los diputados de castigar las bebidas calóricas con un impuesto de 10% por litro.

Las grandes refresqueras casi habían logrado inclinar la balanza a su favor con un ejército de cabilderos, pero los activistas de la Alianza se sacaron un as de la manga. Espinosa recuerda que hablaron de los Frutsis, bebidas con colorantes que contienen, en un sólo vaso, hasta 150% del azúcar diaria sugerida, lo que convenció a muchos indecisos.

A su vez, ConMéxico ha presentado estudios del ITAM, El Colegio de México y el ITESO, entre otros, para probar que el IEPS a bebidas azucaradas no sirve porque, en tres años, sólo ha bajado en 0.5% la ingesta de calorías. “Los impuestos no cambian los hábitos”, dice Cerdán.

Para este año, el impuesto se amplió a leches deslactosadas, de coco, de almendras y evaporada, entre otras. Los activistas de la Alianza van por más. Quieren elevarlo de 10% a 20% sobre cada litro de refresco, con el argumento de que las bebidas azucaradas representan 70% del azúcar que consume México.

Duelo de cucharadas

Tras perder la batalla de los refrescos, la industria cerró filas en torno del etiquetado frontal que, dice la OMS, debe ser claro y veraz. El modelo que aprobó la Comisión Federal de Prevención de Riesgos Sanitarios (Cofepris) como obligatorio desde julio de 2016, dejó a la industria satisfecha, pero inconformes a los grupos pro salud, que ya llevaron su caso a juicio, actualmente en proceso.

El nuevo etiquetado “es la aproximación más certera y comprobable que le puedes dar al consumidor”, dice Cerdán, y adelantó que la industria no va a aceptar un etiquetado que emita juicios de valor, como es el modelo de semáforos nutricionales.

La Cofepris rechazó las acusaciones de que fue la industria la que le dictó el diseño, pero El Poder del Consumidor afirma que éste no cumple con las mínimas reglas de ser comprensible y útil.

El desencuentro mayor se manifiesta en las Guías Diarias de Alimentación (GDA) de azúcar recomendada. La OMS sugiere una ingesta diaria de 50 gramos (10 cucharadas cafeteras) y la reduce a 25 gramos para quienes padecen sobrepeso, pero Cofepris optó por una medida de 90 gramos (18 cucharadas), más próxima a la que consume el mexicano.

De acuerdo con las GDA, una lata de 600 ml de Coca-Cola cubre 70% del azúcar recomendada, pero si se usara el techo que dice la OMS, sería el 126%.

 

Muévete con el presupuesto

El litigio en torno de los campus universitarios llegó a la SCJN porque ni el juez de Puebla que revisó el caso de Compañía Embotelladora del Fuerte, ni el tribunal colegiado de distrito pudieron interpretar la normativa de la SEP que prohíbe, en términos generales, alimentos no sanos en todos los planteles escolares.

El embotellador argumentó que la disposición de la SEP viola el derecho constitucional de los adultos a consumir libremente lo que quieran y, al final, la SCJN determinó que el derecho de la infancia es superior al de libre elección, por lo que aquellos estudiantes que acudan a planteles donde hay menores no podrán comprar una Coca en el campus.

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En otro caso, en octubre pasado, la SCJN resolvió el amparo de una empresa que consideraba injusto tener que pagar doble impuesto: el de importación y el IEPS. Se determinó que éste sí lo pagan todos.

Atzimba Baltazar, de Probatio, consultora especializada en políticas públicas, afirma que la Estrategia para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes está perdiendo vuelo por no tener reglas claras.

 

Coincidencia

Entre juicios y amparos, dimes y diretes, las organizaciones pro salud y empresas de alimentos procesados tienen una causa común: rastrear los recursos que el SAT recibe desde 2014 por los impuestos para contener la obesidad.

Aunado al IEPS a alimentos ultraprocesados, que subió del 5 al 8%, recibe un 10% sobre cada litro de refresco o bebida endulzada en México. De acuerdo con el Imco, sólo por bebidas saborizadas el gobierno ha recabado, en tres años (2014-2016), unos 58,000 millones de pesos (mdp) que, por acuerdo legislativo, debían ir íntegramente a la prevención de la obesidad y diabetes.

Pero como los recursos no fueron etiquetados, nadie sabe bien dónde y cómo se invirtieron. Cerdán, de ConMéxico, está convencida de que el gobierno usaría el tema de la salud para obtener recursos adicionales.

Probatio analizó 12 partidas presupuestales relacionadas con la salud y no encontró aumentos en partidas de prevención. “La bonanzas tributarias se diluyeron en el presupuesto”, reconoce. “Es lamentable que los recursos hayan tenido un destino tan poco transparente”, comenta Espinosa, de El Poder del Consumidor, y agrega que pelearán “con todo” para que el dinero vaya a capacitación y prevención.

 

Avances de la estrategia

No todo ha ido a saco roto. Para saber si la estrategia ha funcionado, se necesitan al menos 30 años, pero datos de Cofepris muestran que la prevalencia de la diabetes en 2015 fue de 9.4%, contra un esperado de 10%.

También, por primera vez en muchos años, el sobrepeso y la obesidad en menores de 11 años comenzó a bajar: del 34.4 al 33.2% en cuatro años, según Ensanut 2016.

Del lado de la prevención, la encuesta muestra que cada vez más personas acceden a la prueba de hemoglobina glucosilada, llamada también “de la verdad”. En 2016, alcanzó el 15%, contra 9% en 2012.

El camino es largo. Más allá del esfuerzo público y privado, y de interpretaciones legales, los mexicanos tardan mucho en cambiar hábitos. Una encuesta hecha en más de 1,000 escuelas, entre 2014 y 2015, y difundida en el portal miescuelasaludable. org, 94% de los planteles aún vende alimentos y bebidas chatarra.

 

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