La disrupción es parte fundamental de la economía colaborativa, pero también es la razón del descontento de firmas que se quejan de que son trastocados sus mercados.

 

Por Rodrigo Orenday Serratos

La que me pareció la mejor mesa del Foro Forbes 2014 en México – sin demérito alguno para las demás– fue “La disrupción: Clave del éxito”, en la que participaron los directores de Google para México, de IBM también para México, de Spotify para América Latina y del fondo de capital PeopleFund, quienes comentaron cómo esas empresas han logrado el éxito trastocando la manera de operar los negocios en sus respectivos mercados tras haber visto oportunidades y logrado explotarlas. Además, el moderador hizo una cita lapidaria: “A la gente le encanta el progreso; es el cambio lo que no tolera.”

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La disrupción es parte fundamental de la “economía colaborativa”, un ícono de la web 2.0. En los días de la web 1.0, plataformas como eBay y Expedia u Orbitz trastocaron sus mercados al poner en contacto la oferta de infinidad de productos de todos lugares con la demanda por los mismos, donde sea que se encontrara, mientras que Expedia hizo posible el acceso a inventarios de asientos de avión y cuartos de hotel a los que antes sólo se accedía mediante agentes de viajes, que idealmente estaban afiliados a la IATA y habían sido aprobados por los proveedores cuyo inventario desplazaban. Ahora, en la web 2.0 han aparecido otras compañías que no tienen inventario ni de contenido ni de productos o servicios, sino que cierran los huecos que antes separaban a la demanda de productos y servicios de terceros que antes no se los hubieran podido ofrecer.

Los conceptos de licencia, permiso y autorización del derecho administrativo entran en ese punto; sin entrar en “legalismos”, los tres son actos mediante los cuales la autoridad habilita a una persona para ejercer una facultad o le retira un obstáculo para ejercer un derecho. Una pareja que desea casarse debe solicitar una autorización y realizarse análisis para formalizar su matrimonio; un establecimiento que pretende operar servicios de hospitalidad debe cumplir ciertos requisitos de higiene y seguridad, y se ha decidido que sea el gobierno local quien se encargue de verificar por y para todos que esos requisitos se cumplan, pero además que se paguen los derechos que fondean la estructura de verificación y se recauden los impuestos especiales del sector habilitado de tal manera para prestar el servicio.

Uno de los principios torales de la economía colaborativa es poner los bienes privados al alcance del público, permitiéndole a su propietario extraer un valor adicional de ellos por permitir ese alcance; si no se tiene un automóvil de lujo para asistir a un compromiso se puede usar el de un tercero que lo pone a disposición, o si no fue posible encontrar un cuarto de hotel en la fecha de un evento determinado se puede acceder al hospedaje que un particular ofrece en su hogar. Eso se vuelve posible porque las plataformas de economía colaborativa resuelven el problema de la falta de información sobre oferentes de productos o servicios, o cuando menos de dificultad del acceso a ella. Como parte de esa solución, dichas plataformas ofrecen además sustitutos de la verificación hecha por el gobierno: los comentarios, referencias o evaluaciones de otros usuarios que dan a los siguientes idea de si el producto o servicio se ajustará a sus expectativas o necesidades, y que para muchos son más confiables que la verificación que pudiera haberles hecho un servidor público. Habría que ponderar la extensión y medida en que el público más o menos sofisticado podría confiar lo suficientemente en tal información generada por una comunidad de usuarios sin más cohesión o afinidad que el uso de la plataforma.

No obstante el favor que estas plataformas tienen entre el público, como consecuencia de la disrupción que están generando provocan descontento entre quienes se han ocupado en obtener y mantener un permiso o licencia para operar un establecimiento de hospitalidad o restauración, o para servir como conductores ante el público, y que por ello reclaman la intervención de los gobiernos locales en defensa del orden establecido previo a la disrupción, así sea en detrimento de las expectativas del público usuario y de ese progreso económico. Sin embargo, en algunos casos atender a esos clamores podría implicar una contradicción conceptual importante respecto de programas sociales y económicos que pretenden apoyar al sector emprendedor.

Podría decirse que como maduración del enfoque de las administraciones de principios del siglo XX, que se centraron en los coloquialmente llamados “changarros”, tanto el gobierno federal como el de la capital de México han implementado programas desde el ámbito legislativo hasta la esfera administrativa para apoyar a emprendedores, y aunque el término es usado de manera más o menos libre para referir desde a la persona autoempleada en un comercio, arte u oficio para los cuales reciben apoyos gubernamentales, también refiere programas orientados a fondear o dotar de facilidades a emprendimientos más o menos sofisticados que, para ser exitosos y lograr sus objetivos, deberán ser disruptivos, y esa disrupción podría apuntarse a más sectores que sucesivamente protestarían en protección de sus intereses.

Por ejemplo, en California, una de muchas jurisdicciones en que las plataformas para servicios de chofer han encontrado obstáculos gubernamentales que han combatido legalmente, se ha presentado una iniciativa para la modificación de una ley de 1961 que obstaculiza la operación legítima de dichas plataformas.

El compromiso de los gobiernos por auspiciar el emprendimiento para impulsar la economía no puede limitarse al acceso a medios que, al final del camino, quedarían estériles de no haber la voluntad regulatoria y legislativa para dar cabida a nuevos modelos de negocio que reportan beneficios, tanto para quienes poseen recursos que son requeridos por el público como para ese público, que puede acceder a bienes o servicios que anteriormente estaban fuera de su alcance, por desconocimiento de su existencia o dificultad para acceder a ellos. Las decisiones políticas y regulatorias no deben ser un obstáculo injustificado para la promoción del emprendimiento y fomento de la economía que el propio gobierno se ha propuesto.

 

Rodrigo Orenday Serratos es abogado y maestro en derecho, certificado como profesional en protección de datos personales, nivel senior. Su práctica se especializa en cumplimiento normativo incluyendo protección de datos personales.

 

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Twitter: @OrendayAbogados

Blog: Orenday Serratos Abogados

 

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