La ‘otra’ reforma energética, la de Calderón, aprobada en 2008, se quedó corta ante las necesidades del sector. Éstos son los errores que no debe repetir la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto.   El suspenso acabará hoy lunes cuando el presidente de México, Enrique Peña Nieto, presente su propuesta de reforma energética, con la que buscaría abrir el sector a la inversión privada. Uno de los principales argumentos para llevar a cabo esta reforma es el rezago que vive el país en la explotación de la rentabilidad petrolera con respecto al resto del mundo. Pero conviene recordar que la última modificación en este rubro, específicamente en Pemex, se hizo apenas hace cinco años. En 2008, la administración de Felipe Calderón también tuvo ‘su’ reforma energética, al modernizar los contratos de exploración y producción de Pemex, pero al paso de los años, se demostró que estos cambios se quedaron muy cortos ante el rezago que sufren la paraestatal y el sector. El reto de esta administración, coinciden especialistas, es que se acuerden los cambios constitucionales necesarios para que la reforma energética sea de verdadero calado y responda a las necesidades del sector.   1. Participación privada limitada El 28 de octubre de ese 2008, la Cámara de Diputados aprobó una reforma energética que constó de siete dictámenes, en los que se modificaban leyes reglamentarias para que Pemex contratara servicios de empresas privadas, mas no para invertir ni compartir renta petrolera en áreas de exploración y producción. “Los avances logrados en 2008 de la entonces llamada reforma energética, estaban enfocados en torno a los retos en términos de exploración y extracción de hidrocarburos.  Los recursos y la infraestructura que tiene Pemex no eran suficientes y era necesario revisar la ley para facilitar una serie de contratos para permitir la intervención de empresas completamente privadas”, recuerda Miguel Ángel Corro, director del Departamento de Economía del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe. También se dio más autonomía a Pemex para buscar financiamiento y celebrar contratos de servicio con proveedores, y a la vez se decretó la creación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), un órgano regulador para la paraestatal. El problema con esa reforma fue que limitó las alternativas de Pemex a un solo modelo, explica Miriam Grunstein, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). “En primer lugar, no se llevó a cabo una reforma constitucional, ya que fue una limitante muy importante para modernizar los contratos de exploración y producción de Pemex. Nos quedamos en contratos de servicio más flexibles, porque se pagó una tarifa por barril, más la recuperación de costos, pero siguen siendo contratos de servicios”, explica.   2. Sólo vieron petróleo Otra de las limitantes de la reforma fue que se enfocó solamente en Pemex y la exploración y producción de crudo, y se dejó fuera el resto del sector: electricidad y gas, cuando con el actual esquema Pemex no puede invertir en otros rubros. “Los proyectos de gas provenientes de lutitas no son rentables bajo el régimen fiscal actual ni bajo los escenarios de precios de corto y mediano plazo, principalmente debido al reto tecnológico que implica su explotación y a los niveles de inversión que se requieren”, indica el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en su estudio “Nos cambiaron el mapa: México ante la revolución energética del Siglo XXI”. Bank of America Merrill Lynch indica en un análisis que los costos de la energía eléctrica en México son mucho más elevados que en otros países, restándole competitividad para atraer inversión y que más empresas instalen sus plantas en el país.   3. Regulación débil También en 2008 se decretó la creación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) como ente regulador de Pemex. Pero a cinco años de su creación, se concluye que la debilidad regulatoria de las instituciones en el país se debe a una inadecuada naturaleza jurídica, facultades insuficientes para regular debido a la falta de recursos humanos y materiales, de acuerdo con el diagnóstico dentro de la Estrategia Nacional de Energía, publicada en este año. “Es muy importante que si hay apertura, se robustezcan las instituciones de regulación, porque Pemex ya no podría licitar los contratos y las concesiones porque tendría un conflicto de interés. Esas decisiones las tendría que tomar un regulador”, resalta Miriam Grunstein, del CIDE.   ¿Cambios constitucionales? A finales de julio, el Partido Acción Nacional (PAN) presentó su propia propuesta de reforma, en la que incluye modificaciones a los Artículos 27 y 28 de la Constitución, referentes a la rectoría del Estado en el desarrollo del sector energético y la inversión privada nacional y extranjera. Estos cambios, que según varios reportes también estarían contemplados en la propuesta de Peña Nieto, serían un paso importante para reformar al sector, considera Grunstein. “Más bien, en lugar de limitarnos a un modelo determinado, el área (de explotación) va a determinar el tipo de negociación que se requiera, lo cual, si es así, sería un salto cuántico y una medida muy atinada por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto”. En 2008, el gobierno de Felipe Calderón no pudo abordar estos cambios debido a que no contaba con mayoría en el Congreso. Con el Pacto por México, firmado por las tres principales fuerzas políticas del país, se espera que se alcance la mayoría para acometer estas modificaciones en la Carta Magna. “Hay que recordar que el Pacto por México es un mecanismo políticamente coercitivo, que le ha permitido al presidente Peña Nieto pasar dos grandes reformas (educación y telecomunicaciones) y proponer otra más (financiera) con altas probabilidades de ser aprobada”, comenta Bank of America Merrill Lynch en un análisis del 26 de julio. Los cambios a la ley serían el siguiente paso para llevar a cabo una reforma de mayor calado, no sólo para elevar la eficiencia de Pemex, sino en todo el sector energético, indica Miguel Ángel Corro, del Tec. “Lo que se logró  en 2008 fue de acuerdo a la circunstancia política, social y legal del momento, y ahora tenemos que avanzar. Este es un paso más y es un reto en el camino de hacer más eficiente el sector energético y que beneficie la economía nacional”. Las expectativas sobre la propuesta de reforma son muy altas. Otra cosa que no sean las reformas constitucionales necesarias para abrir la inversión y competencia en el sector remitirán a la reforma de 2008, que caducó en menos de cinco años.  

 

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