La mayoría de los gobiernos estatales carecen de capacidades óptimas para la planeación, gestión, evaluación, integración de procesos de transparencia e incorporación de la participación ciudadana en la implementación de programas y políticas de desarrollo social.

El Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social 2018 (IDES 2018) calificó a 25 de 31 entidades federativas del país con un nivel básico o bajo en el desarrollo de las capacidades institucionales para la implementación de la política social.

Lo anterior significa que la implementación de política social orientada a resultados, transparente y que integre la participación ciudadana en estos 25 estados es menor a 64.7 puntos en una escala de cien.

El IDES evalúa el nivel de desarrollo de las capacidades de planeación, gestión, monitoreo, evaluación, transparencia y mecanismos de participación ciudadana a través de cuatro dimensiones enfocadas en la planeación programático-presupuestal, la gestión eficiente de programas y acciones estatales de desarrollo social, el monitoreo y evaluación del desarrollo social estatal y el desarrollo social abierto y participación ciudadana.

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Cabe destacar que esta evaluación no se llevó a cabo en Coahuila, debido a que no fue posible identificar información suficiente para realizarla derivado del conflicto político-electoral en 2017 cuando la oposición impugnó en tribunales el triunfo electoral para gobernador del priista Miguel Riquelme.

Nuevo León, Tlaxcala y Sinaloa, presentan capacidades institucionales precarias para la implementación de la política social, por lo que resulta necesario y urgente implementar programas de mejora y fortalecimiento en las cuatro dimensiones analizadas por el IDES 2018, advierte el estudio elaborado por Gestión Social y Cooperación (GESOC), una organización de la sociedad civil.

En tanto que 18 entidades alcanzan apenas un nivel básico de capacidades institucionales, lo cual se explica en buena medida por sus deficiencias en las dimensiones de Gestión Eficiente y de Apertura y Participación Ciudadana, establece el estudio.

Colima, Yucatán, Oaxaca, Tabasco, Baja California, Veracruz, Morelos, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Durango, Baja California Sur, Tamaulipas, Sonora y Nayarit, fueron las entidades evaluadas en este nivel.

Este conjunto de estados mostró un leve decrecimiento porcentual en el nivel de cumplimiento para tres de las cuatro dimensiones que integran al IDES entre la medición 2017 y 2018.

Jalisco, Ciudad de México y Guanajuato, fueron calificadas con nivel óptimo de desarrollo de las capacidades institucionales para la implementación de la política social; en tanto que Michoacán, Aguascalientes, Chihuahua, Puebla, Guerrero, Zacatecas y San Luis Potosí fueron calificados con nivel intermedio.

En la última década los recursos presupuestales y programas sociales se han incrementado exponencialmente tanto en el orden federal como estatal sin que ello se haya traducido en disminuciones sustantivas de los niveles de pobreza en la población, afirma el estudio.

“En los últimos 10 años, los recursos destinados a programas sociales se han incrementado más de 1,000%, mientras que la pobreza multidimensional se ha reducido en proporciones que se ubican muy por debajo del crecimiento del gasto social: en 2008 la proporción de la población en pobreza era de 44.2%, mientras que el dato para 2016 fue de 43.6%”, apunta el IIDES 2018.

En ese sentido el estudio recomienda generar instrumentos de planeación programática y presupuestaria que incluyan al conjunto de los programas sociales estatales, identificando su presupuesto asignado y sus respectivas metas e indicadores estratégicos y de gestión.

Asimismo, apunta que es necesario rendir cuentas sobre el uso de los recursos públicos ejecutados en la implementación de los programas y acciones estatales de desarrollo social publicando dicha información en la Cuenta Pública Estatal anual.

La publicación de padrones de beneficiarios, en formatos abiertos, que sirvan como instrumentos efectivos para el acceso y rendición de cuentas de la política de desarrollo social estatal también resulta primordial para el mejoramiento en la aplicación de los programas y políticas sociales.

 

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