Durante 2016 se registraron 148,947 hechos presuntamente violatorios de derechos humanos en los expedientes de queja calificados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y los Organismos de Protección de Derechos Humanos de las Entidades Federativas (OPDs) y Puebla fue el estado que obtuvo el mayor promedio de éstos por personal adscrito a las visitadurías de estos últimos.

De acuerdo con el Censo Nacional de Derechos Humanos Federal y Estatal, que presentó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Puebla, Baja California Sur, San Luis Potosí, Oaxaca, la Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco son las entidades con mayor promedio de hechos presuntamente violatorios de derechos humanos por personal en las visitadorías.

Puebla tiene un promedio de 653.1 hechos presuntamente violatorios por servidor público adscrito a las unidades administrativas referidas, seguido de Baja California Sur con 303.5, San Luis Potosí con 190; Oaxaca con 166.3, Ciudad de México con 160.1; Nuevo León con 151.1 y Jalisco con 138.3.

El censo presenta información estadística y geográfica de la gestión y desempeño, tanto de la CNDH como de los OPDH´s y profundiza en las funciones que dichas instituciones realizan como coordinadoras de la política de derechos humanos en sus respectivos ámbitos de competencia.

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Al cierre de 2016 la CNDH recibió 45,690 solicitudes de queja, de los cuales 14,494 fueron calificados como presuntamente violatorios de derechos humanos; en tanto que los OPDH recibió 172,078 y atendió 80,820.

Es decir, únicamente fueron aceptadas 30.3% procediendo a abrir expediente, señala el censo.

Del total, 68.2% se abrió por solicitud de queja y por oficio durante el año de referencia, y el restante 31.8% provino de años anteriores a 2016.

La violación al principio de legalidad en el desempeño de la función pública fue el tipo de presunto hecho violatorio de derechos humanos más frecuente registrado en los expedientes de queja calificados por la CNDH y OPDH, con 24.8% y 10.1%, respectivamente, en el año de referencia.

Respecto a las recomendaciones a diferentes instituciones públicas, la CNDH emitió 71 mientras que los OPDH emitieron en total 1,703 y en total 62.6% fueron para instituciones públicas del ámbito estatal, siendo las Procuradurías Generales de Justicia o Fiscalías Generales de las entidades federativas las que recibieron mayor proporción con 39.5%.

 

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