La seguridad pública en diversos estados del país se encuentra en riesgo permanente, en buena medida agravada, como lo muestran las cifras oficiales sobre homicidios, por una política errática mantenida por el gobierno federal, quien se ha empeñado en que su estrategia para combatir el crimen se basa en la omisión y en el despliegue de la Guardia Nacional, pero sin que, hasta el momento, se conozcan metas definidas.
El caso de la familia LeBarón en Chihuahua, es el reflejo, de los incentivos generados por la inacción de varias áreas del gobierno federal ante diversos grupos criminales, en buena medida también como producto de lo ocurrido en Culiacán hace algunas semanas, pues se generaron alicientes para que los grupos criminales actuarán sin miedo a enfrentar consecuencias a partir de sus actos, pues estas no llegan por la omisión de la autoridad, de otra manera no se podría explicar la saña con la que asesinaron a tres familias.
En este momento la presencia del secretario seguridad pública ya es insostenible para el gobierno federal, sin embargo, un cambio podría entenderse como un signo de debilidad que el presidente López Obrador no está acostumbrado a mostrar, por lo que es muy probable que Alfonso Durazo se mantenga todavía durante algunas semanas, a pesar de que los escándalos sobre masacres se acumulan.
Sin embargo, mantener al secretario de seguridad pública implica cargar con un alto costo, no únicamente político, sino que puede reflejarse en la economía y el aspecto internacional. Por ejemplo, la presión que los Estados Unidos han comenzado a ejercer, no únicamente a través de canales oficiales, sino de la opinión pública, orientada por los medios de comunicación.
Tener la noticia sobre la violencia en México por dos o tres días en las primeras planas de los principales diarios norteamericanos, o en los comentarios de los noticieros en medios electrónicos y las opiniones en redes sociales, cambia de raíz los supuestos que permiten sostener no únicamente una política de seguridad, si es que la hay, sino aquellos que tienen que ver con la economía y la seguridad regional.
Esta presión que los Estados Unidos ejercen tendrá implicaciones importantes para el gobierno de López Obrador, pues obligará a un activismo en un contexto internacional, que el presidente no ha querido realizar, pero que será fundamental para mantener las condiciones económicas bajo control. Es por ello que la presencia del secretario de relaciones exteriores en el lugar del crimen en Chihuahua, en un contexto de presión por la aprobación del T-MEC en el congreso norteamericano, busca responder desde la misma dimensión política en que dicha amenaza se genera, de manera paralela a la búsqueda da la reelección del presidente Trump.
Las señales que el presidente envía, buscando despresurizar el ambiente con respecto a los temas de seguridad, como difundir estudios sobre redes sociales o recibir a beisbolistas en la sede presidencial, dejan ver la necesidad urgente por sacar de la agenda las masacres y los errores en la “estrategia” de seguridad. El problema es que la capacidad de maniobra mediática se reduce cada vez más, en buena medida azuzada por el conflicto reciente con la prensa.
El problema para el presidente López Obrador, es que los temas se van escalando, lo que también obliga a respuestas con la misma magnitud. Cuando se pensó que lo de Aguililla era sorprendente, apareció Culiacán, caso que nadie pensó podría ser superado, pero dos semanas después está Chihuahua, con una masacre que supera las expectativas sobre la capacidad de acción del crimen. Si la administración federal sigue esperando a que la Guardia Nacional se asiente o que los criminales tengan temor a sus mamás y abuelas, seguiremos escalando los conflictos a casos insospechados.
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