El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 ha generado airadas posturas sobre la robustez de sus indicadores o la solidez metodológica con la que fue elaborado. Una de las cuestiones que se derivan de su presentación es si los gobiernos municipales tendrán un papel en la consecución de las metas planteadas en tan ambicioso documento, y si tal exigencia sería congruente con las bases contenidas en el artículo 115 constitucional que habla de “el municipio libre”.

Esta interrogante, de cómo hacer que las estrategias y planes en el ámbito municipal guarden coherencia con el marco de la política nacional no es nueva, como tampoco lo son los enormes retos que enfrentan las administraciones municipales, sexenio tras sexenio. Si una institución puede presumir su larga tradición histórica en México es el Ayuntamiento, cuyo trayecto ha sido marcado por el crecimiento de la población urbana, las reformas constitucionales a su organización, la pobre dotación de capacidades institucionales y una larga lista de retos nuevos y constantes pendientes para lograr satisfacer las necesidades de la gente, algunas tan elementales como lo son la provisión de agua potable, de servicios de limpia o de seguridad pública.

Desde la vida independiente de México es indiscutible una tendencia hacia el centralismo, pese al impulso generado por algunas reformas constitucionales: la de 1983 que, por vez primera, delimitan con claridad las facultades del municipio a la vez que le da mayores atribuciones para gobernar, la reforma de 1999 que se inscribe en la tesis del “nuevo federalismo” y que pretendió fortalecer la autonomía de los gobiernos municipales, así como las reformas de 1994 que le dotan de legitimidad en materia de controversias constitucionales, como un mecanismo de protección a su autonomía ante actos de los poderes federales y estatales.

A pesar del talante de estas reformas constitucionales, de la década de los ochenta del siglo pasado a la fecha se ha evidenciado su insuficiencia ante las distintas realidades en que viven los municipios del país. Por un lado, la gran mayoría de los gobiernos municipales no han logrado revertir los problemas de pobreza, no obstante que, de acuerdo con el Coneval, de 2010 a 2015 fueron más lo municipios en los que los niveles de pobreza disminuyeron en comparación con aquellos donde aumentaron. En el PND, por ejemplo, se señala que, “en 2015, de un total de 2,458 municipios, 1,840 tenían porcentajes de pobreza superiores a 50%, lo que significa que… en tres de cada cuatro municipios más de la mitad de las personas vivían en condiciones de pobreza”.

Por otro lado, el panorama sobre las capacidades institucionales de los gobiernos municipales tampoco es alentador.  De acuerdo con un estudio de 2015 de la Auditoría Superior de la Federación, las insuficiencias en las capacidades técnicas, administrativas y organizativas de las administraciones municipales suponen un problema estructural de ese ámbito de gobierno que les impide desempeñar una gestión eficiente.

¿Veremos una revitalización de la institución municipal en la presente administración federal? Detrás del dicho común de que el municipio es el primer contacto de la autoridad con la población, hay planteamientos fundamentales para la vida del país, que tienen que ver con la urgencia de fortalecer las capacidades institucionales de los municipios en temas críticos como combate a la corrupción o la inseguridad y la violencia. La promesa del gobierno federal de lograr un crecimiento económico elevado y más justo, habrá de pasar por abatir la pobreza y las desigualdades municipales, porque la pobreza del país es el resultado de ésta en sus municipios.

 

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