El 2 de diciembre de 2012, en el Castillo de Chapultepec se firmaba el Pacto por México, un acuerdo político firmado por el presidente Peña Nieto y los dirigentes del PAN, del PRI y del PRD. Con este evento, Peña Nieto arrancaba su periodo presidencial, con un pacto que logró reunir los consensos de las principales fuerzas políticas de ese entonces, en torno a temas fundamentales para el desarrollo político y económico del país. Irónicamente, lo que en su momento fue expresión de la capacidad política de Peña Nieto y del PRI para construir acuerdos en temas que ideológicamente separaban de manera diametral al PAN y al PRD, a seis años de distancia, esas mismas reformas estructurales fueron un factor que explican su derrota en las urnas, el pasado 1 de julio.

Después del saldo de 12 años de gobiernos panistas, el Pacto por México fue visto como una señal alentadora del tono que tendría el regreso del PRI a la presidencia y de su capacidad para hacer política. La entonces presidenta interina del PRI, señalaba cómo el Pacto por México sería “un gran facilitador en el tránsito de los acuerdos en el Congreso de la Unión”, lo que se verificaría en los siguientes años con la aprobación de 14 reformas en materia educativa, energética, laboral, hacendaria, política-electoral, competencia económica, transparencia, entre otras.

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Desde 1997, el partido del presidente en turno no ha contado con la mayoría en el Congreso. Esta situación de gobierno dividido fue utilizada numerosas veces para explicar la aparente parálisis legislativa que imperó durante los sexenios panistas en México. Con esta narrativa como contexto, la promesa de Peña Nieto de impulsar una agenda legislativa con el apoyo de las otras fuerzas políticas fue sin duda un elemento esperanzador con el que arrancaba su gobierno. Y es que independientemente de los resultados de las reformas estructurales, no puede menoscabarse la capacidad política del presidente para empujar esa agenda, en un momento del país cuando se antojaba improbable llegar a ponerse de acuerdo incluso en temas menores.

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Después de poco más de dos décadas, el presidente de México no tendrá un gobierno dividido: de 500 curules en la Cámara de Diputados, la coalición de Morena, PT y PES representan 307 diputados, y en el Senado ocupan 70 espacios. Con tal integración, es de esperarse un acompañamiento legislativo a las propuestas del presidente electo, con lo que se abren nuevas posibilidades y también retos, en términos del ritmo y del alcance de los cambios que viene anunciando López Obrador desde la campaña.

Si con Peña Nieto la promesa de las reformas constitucionales y legales se veían como un desafío a la capacidad negociadora del presidente y de su partido, el enorme reto para López Obrador será moderar su fuerza legislativa para que las Cámaras construyan su propia agenda y funcionen como un contrapeso real al Ejecutivo. Pero ¿es realista esta apuesta, cuando tiene los votos para una reforma legal en la Cámara de Diputados sin tener que negociar y una constitucional si reúne 334 votos, que tampoco se calcula difícil?

En esta larga transición entre gobiernos, que empezó la noche del 1 de julio, nos ha tocado ver la entrega del último informe del presidente Peña Nieto y, a través de spots, vemos una campaña de comunicación que trata de convencer sobre la necesidad y las virtudes de las reformas estructurales para México. Podría alegarse que el ímpetu reformista del presidente electo encontrará un contrapeso en la sociedad civil, el legislativo, la Suprema Corte o los órganos autónomos. Eso es cierto, pero quizá la principal mesura habrá de venir del propio López Obrador, quien hereda la senda reformista que marcó su antecesor.

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