La tradición política de cambio de gobierno en México, que no está normada por ninguna ley, arranca una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictamina la validez de las elecciones, sin embargo, a menos de 36 horas que el Instituto Nacional Electoral (INE) indicó que las tendencias electorales favorecían a AMLO, éste se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto.

Lo mismo ocurrió con los líderes empresariales mexicanos que se reunieron el martes 4 de julio con el próximo presidente de izquierda y emitieron un mensaje a medios de comunicación respecto al trabajo conjunto que integrarían una vez instalado su gobierno.

Estos encuentros apresurados más que mostrar una concordia entre gobierno e iniciativa privada tienen el objetivo de enviar “señales positivas a los mercados”, asegura Khemvirg Puente Martínez, coordinador del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM.

“Era importante empezar a enviar señales sobre todo a los mercados de que existiría una transición ordenada a pesar de que fuera el candidato López Obrador el ganador, es decir un candidato de izquierda en él que había incertidumbre respecto de cuál sería su política. Entonces Obrador lo que está haciendo es enviar una señal de estabilidad y de un equipo técnico altamente especializado”, señaló Puente Martínez.

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La victoria de López Obrador con un margen de ventaja hasta de 30 puntos porcentuales de su rival más cercano -Ricardo Anaya-, de acuerdo con el avance del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), podría ser otro de los motivos por los que ambos equipos no han considerado necesario ser estrictos en los tiempos legales.

Pese a estos encuentros, AMLO apuntó que ningún plan establecido durante su encuentro con Peña Nieto se llevaría a cabo hasta el momento en el que el Tribunal Electoral emitiera el dictamen de validez de la elección.

El académico recordó que la transición de gobierno en México es atípicamente larga, todo con el objetivo de resolver los procesos judiciales enfocados en los resultados de la elección.

“Tenemos un entramado jurídico que ha judicializado la política, han hecho procedimientos jurisdiccionales de procedimientos electorales, es decir procedimientos de impugnación y después de sentencias muy largos, esto tiene el inconveniente que la administración saliente deje de implementar nuevas políticas que incluso se paralice el gobierno durante algunas semanas y realmente sólo se administre”, señaló.

El proceso de transición entre un gobierno y otro no cobró relevancia sino hasta el año 2000 cuando el PRI perdió por primera vez una elección presidencial y con ello se dio un desarrollo de alternancia con un gobierno panista, con Vicente Fox a la cabeza.

“En ese entonces se definieron por primera vez dos equipos formales que se encargarán de la entrega recepción, es un periodo muy largo respecto a otros países en donde la transición se da en una semana o 15 días, aquí pasa prácticamente medio año”, señaló.

Asimismo, destacó que este proceso no está normado, aunque existe una partida presupuestal de 150 millones de pesos para que los funcionarios designados por el nuevo gobierno se puedan dedicar a la tarea de la transición.

En ese sentido el experto consideró importante generar un marco legal para estos procesos con el objetivo de garantizar que se lleve a cabo de forma ordenada.

 

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