Hace dos años, la transición en México estaba enmarcada por la victoria de López Obrador que prometía una cuarta transformación nacional bajo un estilo mesiánico.

En 2018, la transición prometía el fin del gobierno que había puesto a nuestro país en una época de terror y narcoviolencia, corrupción, nepotismo y pobreza.

El fin de las jóvenes reformas estructurales, de los macro proyectos de inversión, y de la dinámica “neoliberal” eran los pilares del discurso morenista que comprometía la tan anhelada paz social y para 30 millones de mexicanos, representaron la esperanza de un México que podía ser salvado y reinventado.

La 4T dejaba atrás el antagonismo que representó durante 18 años López Obrador y su plantón (casi interminable en Reforma), México le dio la vuelta a la página e inició uno de los sexenios con más expectativas de nuestra historia.

Tristemente, la percepción de la población se fue transformando en decepción conforme los señalamientos y los errores se fueron viralizando con la velocidad que le imprime hoy a la comunicación las redes sociales.

La frustración social ante un clima de violencia, inseguridad, corrupción y bajo crecimiento económico han propiciado el escenario perfecto para una masiva desaprobación hacia el gobierno y la clase política.

La cara de la izquierda mexicana no ha logrado convertirse en la cara de la lucha contra la violencia, la corrupción, la inestabilidad y las promesas incumplidas. Una nueva versión del poder estatal sobre la inversión extranjera, sobre la iniciativa privada y sobre la relación con los Estados Unidos.

Un cargado populismo, extremo nacionalismo y una gran habilidad discursiva, hicieron a AMLO presidente, pero su ambición desmedida y la falta de un gabinete consolidado han llevado a su gobierno a un fracaso rotundo, carente de resultados y sin posibilidad de recomponerse.

Con los ánimos divididos, una población polarizada, un alto grado de incertidumbre y un sinfín de nuevos frentes de conflicto interno, México es testigo de una nueva etapa de inestabilidad y atraso. De un nuevo momento histórico, uno en el que las consultas populares y la forma de gobierno al estilo de los años setenta nos evocan gobiernos nacientes y prometedores como el cubano y el venezolano.

El miedo y la preocupación no es ni ha sido a la izquierda, sabemos que en el mundo hay gobiernos de izquierda progresista exitosos y ampliamente desarrollados; la incertidumbre permanece cuando vemos nuevamente el discurso de quien prometió demasiado en un momento de hartazgo y división.

El presidente López Obrador construyó un discurso en favor del pueblo que lo coronó como el líder insurgente del siglo XXI, como el personaje casi divino que podía acabar con todos los males que aquejan a México meramente con su presencia.

Sin saber que las consultas populares no pueden ser mandato de ley en México y que se aplican sólo para temas de carácter administrativos y no legislativos (al menos no en la Constitución vigente y en los términos que marca la actual legislación) quienes apoyan la regeneración nacional propuesta por MORENA para acabar con la mafia del poder, aplauden la retórica demagógica que categóricamente ha dicho no al desarrollo ni al crecimiento económico. Paradójicamente, pareciera que el resentimiento social de 30 millones de mexicanos les lleva a apoyar la masiva generación de la pobreza como estrategia para resarcir la desigualdad que por décadas ha ensombrecido al país.

En países como Canadá, Reino Unido, Chile, Francia, Irlanda del Norte, Sudáfrica e incluso la Unión Europea se han llevado a cabo referéndums y plebiscitos que han cambiado el destino de sus agendas internas.

Pero en México, el ritmo de los últimos acontecimientos nos arroja la certeza de que para el actual presidente, la única participación y voz ciudadana es la que aplaude y consiente, no la que cuestiona, pide cuentas y busca sobrevivir.

Más que fortalecer el clima democrático, la excesiva necesidad de ofrecer a la población el reiterativo de una certidumbre disfrazada, los espacios para la participación ciudadana directa en México  son más una tendencia a la tibieza y la falta de voluntad para asumir el costo político que tiene tomar decisiones en un ambiciosa y complicada agenda nacional.

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