Primero tendrá que dejar las reglas claras para los jugadores con las leyes secundarias, posibles juicios por contratos, inseguridad, corrupción y el uso correcto de la renta petrolera.

 

 

Un billón de dólares en diez años. Eso es lo que se espera atraiga la reforma energética de inversiones al país, dijo el pasado 5 de marzo Emilio Lozoya, director general de Pemex, en un foro sobre energía en Houston, Texas.

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La reforma energética fue el corolario de la serie de cambios constitucionales que se aprobaron el año pasado al ser la que detonaría mayor crecimiento en el país. Pero la aprobación fue sólo el primer paso de un largo camino.

Los obstáculos que encontrará la reforma serán varios, y en algunos aún no está claro cómo los sorteará. Primero tendrá que dejar las reglas claras para los jugadores con las leyes secundarias, posibles juicios por contratos, inseguridad, corrupción y el uso correcto de la renta petrolera.

 

Reglas claras y atractivas

Las leyes secundarias, que darán contenido y marco jurídico a la reforma energética. El Congreso deberá aprobarlas a más tardar el 19 de abril. Pero en el mismo periodo también deben estar listas las legislaciones de la reforma en telecomunicaciones, competencia económica y político electoral.

Bank Of America Merrill Lynch prevé en un análisis que todas estén listas en el momento en el que termine el periodo ordinario, a mediados de abril.

“Es probable que el primer conjunto de leyes secundarias para ser aprobado sea el de competencia. Este conjunto de leyes fue enviado al Congreso el 18 de febrero y tiene que lidiar con la organización de la recientemente creada Comisión Federal para la Competencia Económica, entre otros asuntos”.

 

Juicios por contratos

La reforma permite la apertura de la inversión privada en todo el sector, pero mantiene la exploración y producción de hidrocarburos como actividad estratégica del Estado. Esta excepción podría generar controversias en la asignación de contratos, llegando hasta juicios.

“Si las áreas estratégicas no están sujetas a reglas, ahí tienes un choque porque las reglas no podrán ser seguidas con claridad para los sectores participantes. No quieres que tus primeras licencias acaben en juicios mercantiles”, indicó Miriam Grunstein, investigadora del Centro de Investigación y Desarrollo Económicos (CIDE), en un foro sobre la reforma energética el pasado 20 de febrero.

 

Corrupción y conflictos de interés

El caso de Oceanografía, prestadora de servicios de Pemex acusada de presunto fraude contra Banamex por un crédito de 585 millones de dólares (mdd), es un ejemplo de las situaciones de corrupción y conflictos de interés que han rodeado a Pemex en los últimos años.

En diciembre pasado, el presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), Gerardo Laveaga, dijo que se necesita un esquema de transparencia en la asignación de contratos y acceso a la información para evitar irregularidades en la inversión privada.

 

Inseguridad

Además de la exploración y extracción de hidrocarburos, la demanda por combustibles se incrementaría, por lo que el gobierno otorgaría permisos para refinerías. Pero el sector de transportación y almacenamiento de combustibles, afectado por tomas clandestinas y mercados ilícitos controlados por el crimen organizado podrían inhibir la inversión en estos rubros.

“En algunas partes del país, las situaciones de robo del combustible con violencia son de tal magnitud que hacen imposible la inversión en ciertos rubros que contempla la reforma energética”, dice David Shields, analista independiente del sector.

 

Uso correcto de reforma

En el decreto de reforma se aprobó la creación de un fideicomiso público llamado Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, el cual percibirán los ingresos derivados de los contratos y asignaciones para diversos rubros, como disminuir los pasivos en los sistemas de pensiones y para investigación en ciencia y tecnología.

Pero el comité del fondo estará integrado por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo cual podría representar un conflicto de interés, pues parte de estos recursos podrían seguir siendo destinados a gasto corriente, advierte Miguel Ángel Toro, especialista del Centro de Investigación y el Desarrollo (CIDAC).

 

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