El mundo entero está cruzado de protestas contra la brutalidad policial y México no es la excepción.
El confinamiento y la crisis que ya provoca la pandemia, están haciendo evidentes y profundizando muchas de las contradicciones en nuestra sociedad.
En Guadalajara, Jalisco, la protesta estalló por la muerte de Giovanni López, en manos de policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos.
No fue un reclamo espontaneo, ya que el fallecimiento ocurrió meses antes, el 4 de mayo, pero se alineó a las manifestaciones desatadas por el asesinato de George Floyd, en Minneapolis, Minnesota, a manos de un policía, Derek Chauvin, que lo asfixió.
Algunos manifestantes, el jueves y el viernes pasado, agredieron a los policías e inclusive le prendieron fuego a uno de ellos. Son células de provocadores que fingen ser anarquistas y que han hecho de la violencia una forma de actuación pública.
Habían estado agazapados desde hace meses, pero decidieron actuar en la capital de un estado gobernado por Enrique Alfaro, integrante de Movimiento Ciudadano y una de las pocas voces que, desde la esfera estatal, suele contradecir al presidente, Andrés Manuel López Obrador.
El gobernador Alfaro vio indicios de participación de grupos ligados “a los sótanos del poder en la Ciudad de México” y pidió que alejaran las manos de un conflicto que podría desbordar la gobernabilidad y generar daños, más aún en el contexto de pandemia y las medidas de distanciamiento social.
Es difícil establecer para quién operan las células de encapuchados que tienen como misión prioritaria reventar y descalificar protestas legitimas. En el pasado se enfrentaron con granaderos durante la toma de posesión de Enrique Peña Nieto y posteriormente irrumpieron durante las protestas de la CNTE contra la reforma educativa.
El fin de semana, en la Ciudad de México causaron destrozos en Polanco y también se enfrentaron a la policía, en un momento en que afloraron las deficiencias de la formación de los uniformados y las presiones a las que están sometidos. Dos elementos de la secretaria de Seguridad Pública, fueron detenidos por golpear a una jovencita que ya tenían sometida.
En Jalisco la situación es mucho más compleja y se tendrán que deslindar responsabilidades, sobre el extraño comportamiento de agentes de la Fiscalía del Estado, quiénes, por cuenta propia, decidieron detener a decenas de marchistas de modo ilegal, a quienes inclusive retuvieron por algunas horas sin informar a nadie, lo que generó angustia en la sociedad.
El propio Alfaro señaló que detrás de esos comportamientos se encuentra la mano del crimen organizado. Esto es muy grave, y de comprobarse, advertiría de la profundidad y la fuerza de las redes de protección con que cuentan los bandidos.
En todo caso, estamos ante un coctel explosivo en el que se mezclan diversos reclamos y sobre el que actúan las fuerzas políticas y las de otra índole, estas últimas, las que nada tienen que ver con nuestra democracia y que deben ser sometidas por las autoridades, locales y federales.
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