Con un balazo en la mejilla terminaron con la vida de Lourdes Maldonado. Caía la noche en Tijuana cuando el asesino se acercó al vehículo en el que se encontraba la periodista y percutió el gatillo.
En una imagen que describe la desolación, una niña acudió ya tarde a las afueras del domicilio y ahí, entre las líneas amarillas que establecen la escena de un crimen, colocó agua y comida para los gatos que la periodista rescataba y cuidaba.
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Desde 2019, el 23 de marzo, Maldonado acudió a la conferencia que todos los días realiza el presidente, Andrés Manuel López Obrador y ahí denunció que temía por su vida. Sus temores provenían de un largo litigio laboral entablado contra una de las empresas de Jaime Bonilla, quien ocho meses después tomaría posesión de la gubernatura.
Bonilla, a lo de su mandato (1 de noviembre de 2019 a 31 de octubre de 2021), tuvo una relación ríspida y difícil con la prensa. En el reporte de Prensa Bajo Fuego se documentaron 146 agresiones contra los comunicadores. La descalificación como método de ejercer el poder.
Maldonado era una veterana reportera que había formado parte de uno de los equipos más sólidos, el de 24 Horas en Televisa. Tenía experiencia y era respetada y querida en el medio.
En Tijuana la violencia contra los periodistas no es novedad, pero se ha intensificado en los últimos años. El 10 de enero de este año, 13 días antes del ataque contra Maldonado, murió también asesinado, por arma de fuego, el fotógrafo Margarito Martínez, quien había realizado un trabajo destacado documentando gráficamente las oleadas criminales y sus saldos en la sociedad.
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Más allá de las autorías materiales e intelectuales de estos asesinatos, que las autoridades deben esclarecer, lo que hay en esa ciudad fronteriza es un ambiente que propicia la impunidad y que inclusive la alienta.
Si con regularidad y desde el poder se ataca a los periodistas, esto abre la puerta para que los más diversos grupos e intereses actúen contra quienes se juegan la vida en su labor de informar.
Quizá esa sea una de las lecciones más urgentes a tomar en consideración, porque desde los gobiernos y en acompañamiento con la sociedad, se puede y debe trabajar para establecer que el trabajo de la prensa será protegido y valorado.
La muerte de Maldonado y antes la de Martínez, mandan un mensaje inquietante y refrendan que México, por desgracia, es uno de los países donde resulta más peligroso el ejercer el periodismo y más aún en los temas de seguridad y corrupción.
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