En medio de un ambiente de desconfianza y crisis de las instituciones, en las elecciones presidenciales en América Latina una cosa es segura: los resultados no serán un tema de interés exclusivamente interno, serán un tema de impacto regional.

El proceso de integración regional, el equilibrio geopolítico y la vinculación con el resto del mundo se verán afectados por lo que ocurra en cada una de las sucesivas elecciones de la región.

Renovación o continuidad, derecha o izquierda, actores políticos conocidos o nuevos protagonistas, el ascenso del populismo o la reivindicación de la clase media son algunos de los dilemas a los que nos enfrentamos los electores latinoamericanos.

Para entender el importante y atípico año electoral, primero hay que reconocer que a lo largo de la historia ha sido poco usual que durante el mismo año se lleven a cabo procesos electorales en los principales países de la región.

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Desde un punto de vista socioeconómico, en América Latina está en juego el mantenimiento del proceso de crecimiento económico con el respectivo impacto en el ámbito social.

A diferencia de otros procesos electorales, en los que los candidatos predeterminados y consolidados se enfrentaban a las urnas con encuestas y tendencias relativamente definidas, en este proceso de 2018, el ambiente de incertidumbre es general. También, por primera vez en largos años, a pesar de que los tiempos electorales apremian, los principales partidos de los grandes países siguen o definiendo candidatos o determinando coaliciones.

2018 es también el año post Odebrecht, el entramado de corrupción más grande de los últimos tiempos que ha trastocado el ambiente político de diversos países al implicar a ministros, vicepresidentes y presidentes lo que llevará a que las próximas elecciones se celebren entre investigaciones y fuegos cruzados.

Cabe señalar que la mayoría de los países latinoamericanos han ocupado la mitad inferior del Índice de Percepción de la Corrupción emitido por la organización neozelandesa Transparencia Internacional. Este Índice ofrece un reporte anual de 176 países con la finalidad de resaltar la importancia de la transparencia en el sector público.

Los países que aparecen mejor ranqueados según Transparencia Internacional comparten los siguientes rasgos comunes: acceso a la información acerca del presupuesto con el objetivo de que la población conozca las fuentes de financiamiento que alimentan el presupuesto público y el destino de esos recursos, comprobada integridad en quienes ejercen los liderazgos del sector público, aparatos judiciales que de manera irrestricta garantizan el debido proceso y mantienen su independencia de los otros poderes gubernamentales.

En ese contexto, lo preocupante (y más en un contexto preelectoral) es que, por cuarto año consecutivo, la satisfacción con la democracia entre la población de los países de América Latina que tendrán elecciones, menos de un tercio de la población está satisfecha con la democracia, lo que representa un rompimiento brutal entre la clase política y la ciudadanía.

Ante este clima de desconfianza e insatisfacción, se ha generado el clima ideal para el surgimiento de nuevos actores y populismos que ofrecen soluciones inmediatas, únicas y rápidas; pero que de fondo no han logrado (al menos discursivamente) establecer una relación amplia y conciliadora en lugar de una fragmentadora y polarizadora.

En este contexto, más de cien millones de millennials latinoamericanos (en México, serán cuatro cada diez que serán determinantes en la elección) representan el mayor desafío para todas las ofertas electorales, pues tendrán que responder a las necesidades de una sociedad más joven y una clase media mayor, más exigente, más crítica y sobre todo más observadora y vigilante.

 

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