En Francia, este año entra en vigor una nueva tasa tributaria de 75% para los ciudadanos con mayores ingresos. Algunos empresarios están “huyendo” a otros países. ¿Causará esta medida un efecto contrario en la economía francesa?

 

 

 

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Por Paola Sandoval, desde París

 

 

Primer mandamiento: No desearás ser rico. Segundo mandamiento: No pagarás a tus empleados más de un millón de euros anual….Estos dos enunciados parecen ser parte del nuevo decálogo tributario francés.

Francia ya es conocida como la nación de los impuestos más elevados en Europa. Y lo será más, pues la polémica medida fiscal, tan prometida por el entonces candidato y hoy presidente François Hollande, para cobrar más impuestos a los ricos entra en vigor ahora en 2014.

Ante la actual coyuntura en Francia, desde su ascenso al gobierno, François Hollande no ha escatimado en comentarios para dejar entender que “alguien” debe tener culpa de todo, entiéndase: los ricos, haciendo clara alusión al bucle fiscal que favorecía las grandes fortunas francesas durante el gobierno de Nicolás Sarkozy.

Entre gallos de medianoche, el último domingo del 2013 a primera hora de la mañana se anunció la medida fiscal con la que ya muchos creen que Hollande se lanzará fácilmente para su reelección.

El pasado domingo 29 de diciembre, el Consejo Constitucional de Francia se pronunció formalmente sobre la Ley de Finanzas de 2014. François Hollande tuvo señal verde de los juristas (denominados “sages”, es decir, sabios) franceses para aprobar su famosa tasa del 75% para los ciudadanos con mayores ingresos económicos.

El Consejo Constitucional no le validó tal medida —y promesa estrella de su campaña electoral— hace un año al señalar que violaba el principio de igualdad entre contribuyentes que contempla la Constitución de Francia.

El conocido “impuesto para ricos” hizo correr ríos de tinta y gran debate, pues la oposición lo consideraba excesivamente confiscatorio. Según el primer dictamen del propio Consejo Constitucional, dicha tasa impositiva rompía la igualdad de los contribuyentes.

Luego de varias modificaciones, los constitucionalistas ya no vieron impedimento alguno para que sea aplicada y han dado su visto bueno a esta medida que difiere con la ideada en origen.

El Gobierno se vio obligado a cambiarla para poder hacerla válida. Ya no son los empleados los que pagarán dicho impuesto: sino las empresas que los contratan. Se trata de los asalariados cuya remuneración anual sea superior al millón de euros.

El Consejo Constitucional considera que esta nueva versión de la medida, incluida en la Ley de Finanzas de 2014, sí respeta la Carta Magna. No obstante, ha censurado otras iniciativas fiscales incluidas en el proyecto y que también pretendían aumentar aún más la presión fiscal sobre los franceses más adinerados. Uno de los puntos anulados es el nuevo método de cálculo del impuesto sobre la fortuna, que ya había sido censurado el año anterior.

Con éxitos y fracasos de magnitud en el sector público, el ministro de Presupuesto, Bernard Cazeneuve, dijo al respecto estar “convencido de que el 90% de los artículos del presupuesto se han validado mejor que el año pasado”, y que prevé un ahorro de 15,000 millones de euros en 2014. Además, fijó el déficit en 3.6% del Producto Interior Bruto (PIB).

Mientras, para Pierre Moscovici, ministro de Economía, los puntos censurados “son aspectos o enmiendas técnicas”, y “la disposición relativas a la política económica del Gobierno han sido aprobadas”. Por tanto, “las medidas anuladas sólo modifican de manera marginal el equilibrio definido en la Ley de Finanzas”.

Fueron censurados 24 de los 236 artículos de la Ley de Finanzas 2014 y la Ley de Hacienda modificada de 2013, muchos de los cuales ni siquiera habían sido enmendados por la oposición, como el límite del impuesto de solidaridad sobre la riqueza, que ya se modificó el año pasado en otra forma. Esta disposición permitiría a un contribuyente evitar el pago del impuesto de más del 75% de sus ingresos, lo que puede ocurrir por un contribuyente con activos y/o patrimonios importantes, pero de bajos ingresos.

El Consejo ha anulado también el nuevo mecanismo para calcular las plusvalías inmobiliarias y la propuesta para que las empresas cedan al Gobierno sus “esquemas de optimización fiscal”. Pues si bien busca el objetivo de mejorar la transparencia de muchas compañías que se apoyan en los mecanismos legales existentes para pagar menos impuestos, el Consejo Constitucional cree que la propuesta del Gobierno es “demasiado general e imprecisa”.

Temiendo el mentado “impuesto de ricos”, a lo largo del último trimestre del 2013 muchos empresarios franceses se han expatriado a Londres, Bruselas, Ginebra, entre otros.

Grande fue la indignación de los franceses durante 2013, al saber que uno de los más poderosos del país, y propietario del grupo LVMH, Bernard Arnault, quería ser nacionalizado belga e instalarse ahí. Luego de ser parodiado e incluso vilmente insultado en algunos medios de comunicación, Arnault se retractó y dijo querer permanecer en Francia e impulsar la economía de su país. Muchos analistas internacionales opinaron entonces que en Francia era una lástima saber que ser rico fuese tan mal visto.

Abraham Lincoln dijo ante el Congreso de Estados Unidos en 1860: “Yo no creo en una ley para impedir que un hombre hacerse rico, sino que haría más daño que bien. Así, mientras que no proponemos ninguna guerra al capital, sí queremos permitir al hombre más humilde la misma oportunidad de hacerse rico con todos los demás”. O como dijo el reverendo William John Henry Boetcker, “no se puede ayudar a los pobres destruyendo a los ricos”.

Queda por ver los resultados de estas estrenadas medidas fiscales “sólo para ricos”, pues en Francia los ricos también lloran.

 

 

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