Debido a la enorme desconfianza mexicana, las reglas para la reforma energética —y para todas las reformas aprobadas el año pasado— tienden a ser demasiado específicas y complejas. Estos candados limitan el escenario para los actores que buscan participar.

 

 

 

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A pesar de que los congresos estatales aprobaron la reforma energética en tiempo record, la legislación secundaria no ha llegado aún al Congreso de la Unión. A pesar de ello, tanto algunos legisladores como funcionarios de la Secretaria de Energía y Pemex, han planteado que la reforma se estará aprobando antes del 30 de abril, con el objeto de que lo antes posible se puedan estar generando los beneficios anunciados. Tal vez el peligro de dichos beneficios no tiene tanto que ver con el momento en que las iniciativas sean presentadas, sino con el contenido de las mismas.

Un efecto de la desconfianza mexicana, es que las reglas en todas las áreas de acción humana tienden a ser demasiado específicas y complejas. El código electoral, las normas sobre educación, las leyes comerciales, etc., son ejemplo de hasta qué punto la desconfianza nos hace ubicar candados que limiten el escenario de actividad de los actores que participan en sectores específicos.

Ese es el riesgo que corre la actual reforma energética. Si la legislación secundaria es excesiva y extenuante en su forma y aplicación, entonces la reforma energética no habrá cumplido con su cometido. Lo anterior, porque se corre el riesgo de caer en la tentación de construir contratos desde la estructura propia de la ley, cuando es ésta la que debe establecer criterios fundamentales, que después puedan ser aplicados de manera flexible, dependiendo de las condiciones en que se requieren los servicios, así como de las formas de contratación que pueden fluctuar, por necesidades de la propia industria, de un momento al otro.

Esto traería varias consecuencias. En una primera instancia, la pérdida de oportunidades y beneficios para la industria mexicana y, en particular, para Pemex y la Secretaría de Hacienda, principales beneficiarios de las actividades productivas petroleras. Fijar condiciones de contratación a partir de la ubicación de requisitos legales muy específicos, reduce el margen de acción y de construcción de estrategia que permita beneficios para las estructuras gubernamentales.

Por otro lado, desincentiva la participación de las empresas que se busca atraer, debido a que una excesiva regulación incrementa los costos no únicamente de diseño e instrumentación de las soluciones contratadas, sino también de espacios de consultoría para poder conectar los requisitos legales, con los del contrato, con las capacidades de las empresas, con las previsiones para afrontar posibles acciones del gobierno como contratante en caso de que no se haya comprendido desde el inicio el contexto en que el contrato se construye.

Los modelos de contratación que existen en otros espacios de la industria a nivel internacional, plantean mecanismos más flexibles que reducen no únicamente el costo para las empresas, sino también para los espacios gubernamentales, obviamente conteniendo candados que controlan riesgos tanto industriales como a los yacimientos y al medio ambiente.

Es por ello que la construcción de la ley secundaria es riesgosa para el modelo que la reforma constitucional planteó. Es obvio que siempre habrá interesados en el negocio petrolero, sin embargo, un tema de la reforma tiene que ver con la calidad y antecedentes de los actores involucrados. Si bien México es un país atractivo para la inversión, también existen otras áreas igual o mejor de atractivas si las empresas ven costos adicionales por su participación, lo que entonces implicaría una reducción del monto y tipo de inversión que se buscó con la reforma. Más allá del discurso que dice que actores internacionales se quieren llevar el petróleo de México, los actores que participan en la industria tienen una gran diversidad de oportunidades de negocio que tal vez en el caso de México, no resulte tan redituable como normalmente se ha planteado, tanto por los partidarios de la apertura como por aquellos que están en contra.

Las necesidades energéticas de los países se han modificado de manera importante en los últimos tres años, además también de los modelos y fuentes de energía para el futuro, donde el petróleo tiene menos participación en proporción. Si tomamos en cuenta esa condición, además de la competencia en el mercado, así como las condiciones en que se está construyendo el modelo de participación para México, un modelo restrictivo sería mucho más costoso y menos atractivo, con lo que los beneficios de la reforma serían también menores.

 

 

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