Los grandes desastres anidan en las ocurrencias. Así fue con el operativo Rápido y Furioso que implementó la Oficina de Alcohol, Tabaco, Drogas, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos en 2009.
En Arizona y en Texas, estaban tras la pista de compradores de armamento que lo adquirían con facilidad y lo introducían a México con sencillez. Una combinación de leyes permisivas y de fronteras más que porosas.
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Por eso pareció una buena idea el propiciar la obtención de armas marcadas, para poder seguir la pista hasta llegar a dos objetivos igual de relevantes: los traficantes de armamento y los barones de las drogas.
A dos mil 500 armas se les colocó un chip e inició la operación de introducción y seguimiento en México. El saldo es un desastre, por dónde quiera que se le vea, porque los integrantes del crimen organizado descubrieron los chips de rastreo y los destruyeron. Es decir, se perdió la pista de todo un arsenal.
En 2011 un comando de Los Zetas asesinó, en San Luis Potosí, a un agente norteamericano que trabajaba en las aduanas, Jaime Zapata. En las indagatorias de descubrió que una de las armas largas utilizada pertenecía al operativo Rápido y Furioso.
Pero un año antes las alarmas ya habían sonado, por la muerte del agente de la Patrulla Fronteriza, Brian Terry, quien recibió un balazo percutido desde un arma registrada en la operación encubierta.
Lo que era un secreto, se hizo publico e inició un escándalo que todavía no termina.
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Uno de los misterios, que hasta ahora no han sido dilucidados, es qué tanto sabían las autoridades mexicanas de lo que estaba ocurriendo. Los mandos más importantes, procuradores de la República incluidos, siempre han negado su participación en el caso.
En Estados Unidos las indagatorias hasta el momento han conducido hacia funcionarios que actuaron con relativa independencia de los jefes superiores y que no establecieron mecanismos de control para un proyecto tan delicado y de previsibles consecuencias si no se hacían las cosas de manera adecuada.
Desde diciembre de 2018, una de las prioridades de la Fiscalía General de la República (FGR) y del gobierno mexicano ha sido la de reactivar las averiguaciones sobre Rápido y Furioso y buscar responsables de lo que consideran un atentado a la soberanía nacional.
Por lo pronto, obtuvieron órdenes de captura en contra de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, de Luis Cárdenas Palomino, jefe policiaco del más alto rango, y Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, quienes se encuentran recluidos y contra cuatro ex servidores públicos, de los que no se dio su nombre.
Será todo un reto para la FGR el probar la colusión de estos personajes y además empalmarlo con los errores que cometieron las autoridades de Estados Unidos.
En todo caso, Rápido y Furioso será de nueva cuenta uno de los temas relevantes de la agenda de seguridad, reactivando la necesidad de mayores controles en el control de las armas al norte del Río Bravo y de la supervisión en las aduanas mexicanas.
Después de todo, Rápido y Furioso lo que exhibió es la forma en la que actúan las agencias extranjeras en nuestro país y hasta dónde están dispuestos a llegar.
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