Hace unos días anunció el Presidente López Obrador que Irma Eréndira Sandoval dejaba su cargo como Secretaria de la Función Pública, habiendo cumplido “cabalmente” en el combate a la corrupción. Sandoval agradeció al presidente por la oportunidad y la confianza, y enlistó sus logros, incluido que México mejoró 14 posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional. Dado que acabar con la corrupción y la impunidad ha sido una de las banderas más importantes de la Cuarta Transformación, a casi tres años de su inicio, sería útil poner en contexto el mencionado logro, y más generalmente los posibles avances en la materia.
Conviene entender primero de dónde sale este índice. El IPC es una de las métricas más utilizadas en el mundo sobre la prevalencia de corrupción pública por país. A partir de hasta 13 fuentes de datos de distintas instituciones especializadas en el análisis de gobernanza y el entorno de negocios de los países, se recoge la opinión de expertos sobre temas relacionados al soborno, desvío de fondos, preponderancia de funcionarios que aprovechan su posición para beneficio personal, captura del Estado por intereses particulares, entre muchos otros.
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En realidad, hay poco que festejar. La mejoría de 14 posiciones se da en la clasificación relativa de México respecto a otras economías. Sí representa un cambio de tendencia muy bienvenido, luego de que el país viera un deterioro constante en este indicador durante la administración de Enrique Peña Nieto y, en 2018, se ubicara en el lugar 138º, el peor en su historia. Desde luego, la vara no era muy alta y la 124ª posición difícilmente es causa de celebración, sobre todo al considerar que nos ubica en una posición desfavorable respecto de todas las economías medianas/grandes latinoamericanas, desde Uruguay y Chile (en los puestos 21º y 25º) hasta Argentina (78º) y Brasil (94º). México también queda peor posicionado en relación con países como Ruanda, Malasia, Senegal, Jordania, Bielorrusia, Hungría, Sudáfrica y Turquía, y se ubica en el mismo puesto que Bolivia, Pakistán, Kirguistán y Kenia.
La posición relativa de un país se obtiene de evaluaciones individuales, en una escala absoluta, que en el caso de México hace aún más aparente que el avance es, en el mejor de los casos, limitado. Con base en la combinación de las distintas fuentes referidas, los países reciben un puntaje entre 0 y 100. Las posiciones más cercanas al 100 denotan menor corrupción, y ahí se ubican los sospechosos comunes: los países escandinavos, Nueva Zelanda, Suiza, Singapur (con puntajes de alrededor de 85-90). En su última evaluación, México recibió 31 puntos. Si fuera examen en la escuela, dudo que el alumno encontrara en esta calificación motivos de júbilo —incluso si fuera mayor que las de los dos exámenes previos, que en el caso del IPC de México, fueron de 29 y 28 puntos en 2019 y 2018, respectivamente. Transparencia Internacional incluso señala en su sección metodológica que “es improbable que un cambio de uno o dos puntos en la puntuación del IPC resulte significativo en términos estadísticos”. En todo caso, destaca también que, aunque mejor que hace exactamente dos años, nuestro score de 31 en 2020 no es muy distinto a las calificaciones a lo largo de la era Peña Nieto: por ejemplo, es el mismo que obtuvimos en 2015, y está incluso por debajo de los 35 puntos que México obtuvo en 2014.
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Algún escéptico dirá que la corrupción no es fácil de medir y que tiene otros datos. En efecto, al analizar la corrupción se trata de evaluar la gestión de un gran número de actores políticos, económicos y administrativos en actividades que inherentemente se dan “en lo oscurito”, que se tratan de ocultar. Por esa razón, la literatura académica y en círculos de policymakers sobre el tema a veces se recomienda utilizar varios indicadores, aunque se advierte también que típicamente hay una alta correlación entre ellos. Puede ser útil, en ese entido, analizar los otros datos —indicadores alternativos que podrían complementar nuestra visión sobre la evolución de la corrupción en México—.
Desde una perspectiva internacional, el Indicador de Control de la Corrupción (ICC) del Banco Mundial es también uno muy recurrido. Mide la percepción de hogares, empresas, ONGs, proveedores de información de negocios y organismos del sector público sobre cuán extendido es el uso del poder público para provecho personal. Aquí también México ha mejorado marginalmente desde su nivel más bajo alcanzado puntualmente dos años atrás, pero las clasificaciones más recientes están muy por debajo de las obtenidas en cualquier año previo a 2017. En particular, el último ICC de México, en 2019, nos ubicó en el percentil 23, una mejor posición que el percentil 16 que alcanzamos en 2017, pero peor que incluso la clasificación más baja lograda entre 1996 y 2016 (24 percentil, en 2015). Como referencia, durante los años 2000-2010 México ocupó consistentemente posiciones de alrededor de media tabla, lo que sugiere un deterioro importante en el combate a la corrupción en la última década que la actual administración no ha logrado revertir.
Apenas hace unas semanas, la Americas Society/Council of the Americas y Control Risks publicaron la tercera edición de su Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC). A diferencia de otros indicadores que intentan medir la percepción o la presencia efectiva de corrupción, el CCC evalúa anualmente la competencia de los países para procesar y castigar a quienes caen en este tipo de prácticas. Con base en datos públicos y en una encuesta entre expertos, académicos, la sociedad civil, y los medios de comunicación, se evalúa a 15 economías latinoamericanas en 14 variables clave, que incluyen la independencia de las instituciones judiciales, la fortaleza del periodismo investigativo, la autonomía y eficacia de los organismos anticorrupción, la movilización de la sociedad civil contra la corrupción, entre otros. En la edición 2021, México se ubica solo por encima de Venezuela, Bolivia, Guatemala y Paraguay. Además, su puntaje ha disminuido en cada una de las dos ediciones posteriores a la primera de 2019.
A nivel nacional, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de INEGI estima cada dos años la prevalencia de corrupción en la realización de trámites, pagos y solicitudes de servicios públicos. El último levantamiento, entre noviembre y diciembre de 2019, se hizo en una muestra de 46 mil viviendas urbanas en las 32 entidades del país. La tasa de la población que tuvo contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción fue 16%, la mayor desde 2013. La tasa de personas que creen o han escuchado que existe corrupción en los trámites que realizó fue de 62%, también la más alta desde entonces. Si bien el porcentaje de personas que consideran que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes disminuyó en 4.5% entre 2017 y 2019, en la última edición alcanza un 87% a nivel nacional, con niveles de 90% o más en Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca y Tabasco.
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En otras encuestas de INEGI también hay indicadores vinculados a la percepción de corrupción en distintos ámbitos del sector público. Por ejemplo, con base en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), realizada a nivel nacional en 102 mil viviendas, sabemos que 60% o más de los encuestados percibió corrupción en las policías ministerial, judicial, estatal, municipal y de tránsito, en el ministerio público y las fiscalías estatales, y en los juzgados. Más aún, la percepción de corrupción subió entre 2019 y 2020 con relación a todas las autoridades consideradas, con excepción de la Fiscalía General de la República. Una encuesta similar, pero a nivel empresarial y con levantamiento de información cada dos años, es la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas. La de 2020 se realizó en una muestra de 33 mil unidades económicas en los sectores de comercio, industrial y servicios a nivel nacional. En contraste con la ENVIPE, en esta la percepción de corrupción sí disminuyó entre 2018 y 2020 con relación a todas las autoridades consideradas, con excepción de los jueces. No obstante, las tasas correspondientes también se mantienen en 60% o más en la mayoría de los casos.
En suma, por donde se le vea, el combate a la corrupción sigue siendo una tarea pendiente. Los distintos datos no muestran evidencia inequívoca de mejoría. Me parece atinado que el gobierno señale la necesidad de atajar el problema de raíz, sobre todo cuando la evidencia empírica es contundente respecto de sus efectos perniciosos sobre la inversión, el crecimiento económico, la calidad de la infraestructura y de los servicios públicos, además de que representa un gasto importante para los hogares, sobre todo los de menores ingresos. Sin embargo, para presumir resultados significativos, se necesitan medidas mucho más contundentes, alineadas con las mejores prácticas internacionales. Hasta ahora, no las hay. A ver si vienen, y a ver si alcanzan tres años para ver los frutos.
Adrián de la Garza es economista en jefe y director de estudios económicos de Citibanamex*
Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.
