Siendo investigadora de la UNAM y coordinadora del Laboratorio de Análisis y Documentación de la Corrupción y de la Transparencia, la Dra. Sandoval estudió la utilización de alertados internos (whistleblowers) como una de las estrategias más exitosas contra la corrupción según la experiencia comparada.

Hoy, como titular de una de las carteras estratégicas para el proyecto del Presidente en contra de la corrupción, la Secretaria de la Función Pública impulsa un programa que, de resultar exitoso, podría ser uno de los legados obradoristas con mayor impacto en esa materia.

Hace ya algunos meses que la SFP presentó el “Sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción” como un mecanismo por el que ciudadanos o servidores públicos puedan realizar denuncias de manera confidencial contra presuntos casos de corrupción, además de hostigamiento, acoso sexual y violaciones a derechos humanos. El Sistema, que incluye una “Plataforma Tecnológica de Alerta”, ofrece acompañamiento a los alertadores en cada etapa en la que derive la información denunciada, a la vez que se garantiza el anonimato de los denunciantes con énfasis en la protección de sus derechos laborales cuando se trate de servidores públicos.

¿Por qué poner atención en el programa de alertadores de la SFP en un contexto tan complejo por el que atraviesa el país? Hay varias razones. La primera tiene que ver con la deuda del Estado Mexicano para proteger de manera eficaz a quienes revelen información de interés público contra presuntos corruptos. Irónicamente, en México los informantes o testigos protegidos en temas de narcotráfico parecen ya haber gozado de mayores protecciones, particularmente en el sexenio de Felipe Calderón cuando se abusó de esa figura.

Aunque México ha suscrito diversas convenciones internacionales en contra de la corrupción, no se ha logrado dotar de las protecciones legales a los denunciantes, quienes, a cambio, encontraron hostigamiento, despidos laborales, intimidación y amenazas. Todavía en 2017, la OCDE señalaba la “… muy poca protección contra represalias en caso de ser divulgada la identidad del denunciante…. Lo que el país ha perdido al carecer de un andamiaje institucional de incentivos y de protección a los denunciantes son millones de pesos en fondos públicos desviados en actos de corrupción.

Y es que a pesar de las reformas constitucionales y legales de 2015 y 2016 que dan origen al Sistema Nacional Anticorrupción mexicano, los ciudadanos siguieron desprovistos de protecciones legales y acompañamiento para denunciar presuntos actos ilegales. La regulación en materia de protección de denunciantes, tanto en el ámbito administrativo como en materia penal, no ha logrado generar los incentivos necesarios para denunciar actos de corrupción, al contemplar solamente la protección de servidores públicos, en lo que respecta al régimen administrativo, por ejemplo.

Con el programa de alertadores se da un paso positivo para que en nuestro país comiencen a gestarse mecanismos cívicos que promueva una genuina participación ciudadana, que coloquen, ahora sí, a la sociedad como protagonista en la lucha anticorrupción. Quedan grandes pendientes como que el Congreso mexicano regule la denuncia y la figura de los alertadores, siguiendo estándares y prácticas internacionales y que se homologue con otras leyes como la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

En este contexto son reprobables los intentos de adjetivar a los alertadores como meros “soplones” o tratar de compararlos con “estructuras de terror al mero estilo cubano”, cuando tal tipo de estrategias son parte de las tendencias internacionales exitosas contra la corrupción. Queda claro que el arranque hacia las elecciones de 2021 trastocará cada día más el debate público y que el tema de la corrupción y las autoridades responsables de combatirla estarán en el ojo de la tormenta.

Contacto:

Maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford y Licenciada en Ciencia Políticas y Relaciones Internacionales, por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Twitter: @palmiratapia

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