Emilio Lozoya tomó un camino de no retorno. El aceptar colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR), le significará beneficios jurídicos. Lo que está en juego es su libertad y seguridad, pero a cambio de entregar a otros. Así funciona el intercambio con quienes se acogen al criterio de oportunidad y se convierten, en los hechos, en testigos protegidos.
Para nada es un paraíso, pero sí una mejoría si se le contrasta con permanecer en prisión. Lozoya, en buena medida, está aceptado su participación en toda una maquinaria corrupta, y tendrá que darle nombre y apellido a sus superiores en la trama delincuencial.
Es amplio el rango de negociación, y habrá que esperar para tener claridad sobre qué es lo que ofreció y que le darán a cambio las autoridades mexicanas.
Por lo pronto, existen una serie de vídeos que implicarían a legisladores en la obtención de sobornos a cambio de sus votos a favor de la Reforma Energética.
Es un tema complicado, pero para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es fundamental, ya que ayudaría a fortalecer la narrativa de que los acuerdos del Pacto por México, y en particular el que tiene que ver con el petróleo, provinieron de un esquema de corrupción y, por lo tanto, son corruptos.
Los cambios legales en materia energética fueron aprobados por una mayoría conformada entre legisladores del PRI y del PAN mayormente. La izquierda votó en contra. En los hechos, esta reforma, junto con la educativa, requirió de un proceso de negociación mucho más intenso, porque no había acuerdos entre las fuerzas políticas (PRI, PAN y PRD) que firmaron el Pacto por México el 2 de diciembre de 2012.
Pero Emilio Lozoya, quien dirigió Pemex, está acusado en concreto de la compra fraudulenta, a decir de las autoridades, de la empresa Agro Nitrogenados. En el asunto está implicado el empresario Alonso Ancira de Altos Hornos de México, quien se encuentra en España a la espera de ser extraditado a nuestro país.
El otro tema, aún más espinoso, es que proviene de los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, que en teoría habrían sido utilizados en la campaña del PRI a la presidencia de la República el sexenio pasado y que se pagarían con contratos de obra pública posteriormente.
Por esas causas resultó detenido, pero pueden haber más, ya que no existe limitación para FGR para establecer otras querellas en su contra, ya que el propio Lozoya aceptó ser trasladado a México y no aplica ninguna limitación. Ahí está el péndulo y la balanza de la negociación.
Por lo pronto, el golpe para la antigua élite gobernante, y en particular para los entornos del ex presidente Enrique Peña Nieto y su poderoso colaborador, Luis Videgaray parece definitivo. El juicio apenas inicia y está llamado a marcar un episodio central de la vida política del país y cuyas consecuencias pueden ser desastrosas para muchas carreras públicas y para diversas aspiraciones políticas.
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