Uno de los puntos vitales del T-MEC es el compromiso en combatir la corrupción por parte de México, Estados Unidos y Canadá.

La interrogante que lanza Dante Preisser Rentería, ex servidor público que formó parte del equipo negociador del capítulo Anticorrupción del nuevo acuerdo comercial trilateral, es cuál será la postura del Estado mexicano para dar y demostrar el cumplimiento a sus obligaciones internacionales en torno a este fenómeno.

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Según el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción 2020 (CCC), elaborado por Americas Society, Mexico se encuentra estancado en la pelea contra la corrupción, luego de obtener 4.55 puntos sobre 10 al evaluar el diseño institucional destinado al combate de este lastre. En 2019, el puntaje mexicano fue de 4.65.

Aunado a este indicador, Preisser Rentería señala en su artículo titulado Corrupción, el Talón de Aquiles del T-MEC, que el “rechazo público” del presidente Andrés Manuel López Obrador al Sistema Nacional Anticorrupción “aunado al abandono de las instancias que lo conforman para la consecución de sus atribuciones, pone en entredicho si este entramado normativo e institucional tendrá la capacidad de ordenar la conversación en torno a los compromisos anticorrupción asumidos internacionalmente”.

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En lo que respecta a la protección que se les brinda a los llamados whistleblowers o “alertadores de corrupción”, alerta el experto, sólo existe un sitio web habilitado por la Secretaría de la Función Pública “ha estado suspendido su funcionamiento y únicamente contempla faltas administrativas graves, dejando fuera los delitos de corrupción que corresponde investigar a la Fiscalía Anticorrupción”.

Entre las exigencias del T-MEC se establecen medidas hacia los servidores públicos como:

  • Contar con procedimientos adecuados para la selección y capacitación; medidas para identificar y gestionar el conflicto de interés
  • Declaraciones patrimoniales y de intereses; códigos de conducta
  • La remoción de personas que siendo parte del gobierno cometan actos de corrupción

Pese a esto, según Preisser Rentería, “la nueva administración ha decidido dar marcha atrás, ya sea por omisión o por una activa redefinición de prioridades y estrategias, a algunos de los proyectos anteriormente propuestos, lo cual podría provocar una incongruencia a lo comprometido en el T-MEC”.

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