Notimex.- La liberación de Luiz Inácio Lula da Silva no le devuelve sus derechos políticos al exmandatario brasileño, ni significa que haya finalizado el juicio en su contra por el caso de “el triplex de Guarujá”, que lo mantuvo en prisión 580 días, así como por otras acusaciones de corrupción.

El 7 de abril de 2018, Lula da Silva ingresó a la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba, en el estado de Paraná, para cumplir una condena de ocho años y 10 meses por corrupción y lavado de dinero.

Al expresidente se le sentenció por haber aceptado de una empresa constructora la remodelación de un departamento de lujo de tres pisos en Guarujá, en la costa de Sao Paulo, a cambio de contratos gubernamentales.

El exgobernante (2003-2011) fue liberado este viernes, al resultar beneficiado del fallo emitido la víspera por el Tribunal Supremo de Brasil, que determinó que la prisión de una persona condenada únicamente en segunda instancia es inconstitucional.

Ahora sus abogados deberán agotar todas las instancias disponibles para demostrar su inocencia de los cargos que se le acusan en este caso, en el cual fue condenado por el entonces juez Sergio Moro, ahora ministro de Justicia.

Además de que deberá enfrentar a la justicia por otros casos en su contra, como el del Instituto Lula, en el cual es acusado de negociar con la constructora brasileña Odebrecht un soborno para comprar un terreno en el que sería erigido el instituto que divulga su legado.

Pese a que Lula da Silva nunca recibió la transferencia, la fiscalía asegura que el delito se consumó con la mera aceptación del soborno. En esta causa también fue acusado de recibir un departamento al lado del que tiene en Sao Paulo.

Otro de los casos que enfrenta es el de la Residencia de Atibia, por el cual fue condenado a 12 años 11 meses de prisión, en febrero de 2019, tras ser declarado culpable de haber recibido sobornos de las constructoras Odebrecht y OAS para remodelar una hacienda en Atibaia, en Sao Paulo, a cambio de contratos con la estatal Petrobras.

De acuerdo con sus abogados, el caso es revisado por la justicia por cuestiones técnicas y procesales, que podrían anular dicha condena. La propiedad no se encuentra a nombre del exmandatario, sino de una de sus amistades.

Más acusaciones contra Lula

En el caso de las Avionetas de Combate, Lula da Silva es acusado de lavado de dinero y tráfico de influencias, debido a la compra por parte del Estado brasileño de aviones suecos por cinco mil millones de dólares durante el gobierno de su correligionaria Dilma Rousseff (2011-2016).

De acuerdo con las acusaciones, el expresidente recibió 2.25 millones de reales (unos 540 mil dólares) a través de una empresa de su hijo Luis Claudio.

En el caso de las Automotrices, es acusado de corrupción pasiva, ya que habría recibido en 2009 seis millones de reales (un millón 640 mil dólares) por beneficios tributarios otorgados a ese sector.

Mientras que en el caso del Partido del Trabajo (PT) -del cual es uno de sus fundadores-, es acusado de formar parte de una organización que cometió crímenes de corrupción y lavado de dinero.

En un caso conocido como nombramiento ministerial, el exmandatario es acusado de obstrucción de la justicia al articular, junto con la expresidenta Rousseff, su nominación como ministro jefe de la Casa Civil, para tener fuero privilegiado y evitar la investigación en primera instancia de Sergio Moro.

Su nombramiento fue bloqueado por el Supremo Tribunal de Brasil y, tras la destitución de Rousseff, el caso pasó a la justicia ordinaria.

Mientras que en un caso conocido como El Silencio, el exdirigente sindical de los metalúrgicos es acusado de obstrucción de la justicia por su presunta participación en un plan para comprar el silencio del exdirectivo de Petrobras, Nestor Cerveró, involucrado en el fraude a la petrolera estatal. Por falta de pruebas, el caso fue cerrado.

Otra denuncia en su contra por tráfico de influencias, corrupción pasiva y lavado de dinero, fue por el caso del Banco Nacional de Desarrollo (BNDES), en el que es acusado de haber influido en la política de financiación internacional de la institución para favorecer a Odebrecht.

Sin embargo, en julio pasado el juez del décimo juzgado federal de Brasilia, Vallisney de Souza Oliveira, absolvió a Lula de las acusaciones de asociación ilícita y lavado de dinero en ese proceso.

 

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